Detectan diez asentamientos de trabajadores del campo que viven de forma precaria en la Región de Murcia

El trabajo realizado en 2022, en el que se ha contado con la colaboración de la Fundación Cepaim, analiza exactamente la realidad existente en cuatro provincias -Almería, Huelva, Albacete y Murcia-, que superan ampliamente la media nacional de empleo en el sector agrario. Eso sí, cada una con su peculiaridad, ya que la Región está muy lejos, por ejemplo, de los grandes campamentos en invernaderos donde se hacinan miles de extranjeros en la costa almeriense, donde exactamente se contabilizan hasta 3.376 personas; o de las 2.316 que se computan en suelo onubense. Mientras que en el entorno de a capital albaceteña se cifran un total de 279 personas.

Las diez localizaciones en la Comunidad de trabajadores temporeros del campo que duermen en chabolas, cortijos semiderruidos, cocheras, casetas de aperos y de la luz, incluso en vehículos, se han identificado en zonas rurales de Cartagena, Torre Pacheco, Lorca y pedanías de Murcia. En cuanto a su tipología general, destaca el bajo número de personas viviendo en asentamientos grandes (más de 20 personas), mientras que existe un número similar de personas en pequeños espacios y diseminados. Exactamente, su distribución geográfica también está muy repartida, aunque sobresalen tres asentamientos en Los Martínez del Puerto. También se han registrado casos en Javalí Nuevo, Patiño y Cañada Gallego.

En lo que se refiere al perfil de las personas que residen en estas construcciones, muchas levantadas con materiales de desecho, el número de hombres asciende a 192 (71,11%), frente a 78 mujeres (28,89%), con la presencia de unos 50 menores (18,52%), lo que evidencia, igualmente, que una parte importante de los habitantes de estos asentamientos son familias. En cuanto al origen de esta población, en la mayoría de los casos se trata de gentes procedentes de Marruecos, a excepción de un asentamiento en un edificio en ruinas a tres kilómetros del núcleo de Los Martínez del Puerto -aislado totalmente en zona rural-, que integra a población itinerante argelina y marroquí; y el caso también de numerosas familias españolas que viven en vehículos a un kilómetro y medio de Javalí Nuevo.

Tampoco se puede obviar que el número de personas afectadas realmente por la infravivienda es muy superior, ya que en el informe únicamente se han incluido asentamientos con más de 20 residentes. Otro aspecto a tener muy cuenta, según destaca el informe del ministerio que dirige Ione Belarra, es que en la mayoría de los asentamientos su origen respondía a las necesidad de alojamiento durante determinadas épocas del año, en función de la demanda de mano de obra, aunque se ha comprobado que cada vez son más lo que acogen a personas que viven permanentemente en ellos.

Asimismo, resulta relevante que el acceso a servicios públicos es prácticamente inexistente en estos asentamientos. De hecho, en cuanto al suministro de agua potable apenas existen un par de casos de enganches ilegales a la red, mientras que en el resto de situaciones hay que transportarla en bidones o garrafas desde la población más cercana. Y por lo que respecta al suministro de luz se realiza a través de enganches ilegales a la red eléctrica.

Entre las consideraciones finales que se apuntan en el informe se advierte de que una parte importante de la población residente en estos asentamientos carece de permiso de trabajo y residencia, por lo que la tasa de situación irregular supera muchas veces el 50-60%, ante el hecho de estar indocumentados, con algún caso en el que se alcanza hasta el 100%. Y es que la imposibilidad de acceder a un contrato de trabajo es una de las principales limitaciones de estas personas, por lo que corregir este factor de exclusión parece un elemento clave.