El Defensor del Pueblo pide medios suficientes para la prevención y la extinción

La oficina del Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, trasladó al Gobierno regional la obligación de «exigir a los titulares de los terrenos forestales o ubicados en la interfaz urbano-forestal, así como aquellos ubicados en zonas de protección, que adopten las medidas de prevención en los casos previstos en la legislación autonómica; o, en su defecto, velar para que los municipios exijan a los propietarios el cumplimiento de su deber de conservación de acuerdo con el artículo de la ley del suelo y la normativa autonómica». Además, es preciso «dotarse de los medios económicos, materiales y humanos necesarios para ejercer las competencias» en prevención y extinción.

Fuentes del Gobierno regional aseguraron que, en la Consejería, «las recomendaciones del Defensor del Pueblo están ejecutándose en lo que se refiere a la protección de los montes y bosques de la Región». Indicaron que hay 454.000 hectáreas de superficie forestal, lo que supone el 40% del suelo regional; y que, de ellas, el 38% (173.000 hectáreas) son de titularidad pública. El resto pertenecen a particulares.

En 2023, la Consejería «actuó en más de 1.700 hectáreas para la prevención silvícola». Entre otras cosas, intervino en 150 kilómetros de «fajas auxiliares» para evitar la propagación del fuego. Además, el Plan Infomur abarca a cerca de 480 personas, entre ellas 20 técnicos de extinción, 110 agentes medioambientales, 20 técnicos de operaciones de lucha contra incendios, 250 bomberos forestales y diferente personal de logística, como 60 vigilantes fijos en una red de 20 puntos de vigilancia. La inversión supera los 19 millones de euros, incluidos los «recursos aéreos de extinción».