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Protesta de Famdif: «Nadie debe sufrir como Ángeles»
Las asociaciones dedican su protesta por la accesibilidad a la anciana que murió sin lograr una rampa en la puerta de su bloque para salir a la calle a pasear
Carmen se emocionó ayer cuando bajó al portal de su bloque y se encontró a más de un centenar de personas, luciendo pegatinas con el lema #Arrestópolis y clamando: '¡Justicia para todos!' y '¡Mi casa no es mi cárcel!'. Tales proclamas se lanzaron para denunciar la situación que sufrió su madre, Ángeles Tolsá, que murió el pasado martes después de varios años de batallar sin éxito para que la comunidad de vecinos aprobase habilitar una rampa accesible en la entrada del Edificio Volante, en la avenida Ciudad de Almería de Murcia. «Siento mucho no estar con mi madre para hacer más fuerza», subrayó Carmen.
La anciana, de 91 años, tenía un grado de discapacidad del 77% y anhelaba que su hija la pudiese sacar a la calle en su silla de ruedas para dar un paseo, pero murió tras permanecer recluida en su casa desde septiembre de 2016. «A ver si podemos conseguir algo para todos aquellos que vienen por detrás», arengó esta vecina de Murcia ante la concentración promovida por la Federación de Asociaciones Murcianas de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (Famdif). Carmen solo pudo permanecer unos minutos en la protesta porque tenía que acudir al Tanatorio de Jesús, en Espinardo, para dar el último adiós a su madre.
La presidenta de Famdif, Carmen Gil, megáfono en mano, clamó que «hay que evitar que nadie sufra como Ángeles». La Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (Cocemfe) celebró ayer concentraciones en 37 ciudades de toda España con el objetivo de reivindicar la accesibilidad en los edificios donde residen personas con movilidad reducida. En el caso de Murcia, el acto y el manifiesto que se leyó lo centró en buena parte la dura historia de Ángeles. «No podía salir de su casa porque la comunidad de vecinos no aprobó que se construyera una rampa para salvar los 37 centímetros que sumaban los escalones de la entrada», denunció Carmen Gil durante la lectura.
En la Región, a lo largo de 2018, se han presentado un total de 83 reclamaciones para adecuar edificios
Y prosiguió recordando que con la entrada en vigor de la Ley de Derechos de las Personas con Discapacidad, el 4 de diciembre de 2017, «Ángeles y Carmen creían que pondrían fin a la situación de lucha que llevaban más de dos años sufriendo, pero como veis, finalmente no ha sido así». Gil zanjó la lectura del manifiesto deseando que esta concentración sirva «como homenaje a una mujer, que aun amparada por la ley, no pudo salir de su casa en vida».
Los asistentes rompieron a aplaudir y se desplegó frente al portal de Ángeles una pancarta en la que se podía leer: '¡Accesibilidad ya!'
La trágica historia de esta anciana no es la única que sufren las personas con movilidad reducida en la Región por incumplimientos de la citada ley. De hecho, durante la protesta se recordó que desde que entró en vigor la norma en diciembre de 2017, la sede de Famdif ha recibido 153 solicitudes de obras de mejora de la accesibilidad en diversos edificios de viviendas. De todas las peticiones, 83 se tramitaron en 2018, y según lamentó Manuel García, arquitecto de la Oficina Técnica de Accesibilidad de Famdif, «la mayoría está sin resolver». Las peticiones a las comunidades de vecinos van desde rebajar la altura de los porteros, porque no pueden acceder los usuarios de silla de ruedas, a la construcción de rampas en la entrada de los bloques o la dotación de itinerarios accesibles en las zonas comunes.
Sin acceso a la piscina
«En el barrio de San Antón de Murcia, la piscina de una comunidad de propietarios tiene grúa hidráulica para acceder al vaso, pero el camino para llegar a la instalación es intransitable para tres vecinos en silla de ruedas y el resto de residentes no paga la derrama», ejemplificó Manuel García.
El arquitecto recordó que la ley de Propiedad Horizontal «establece que cuando el coste de la obra excede las doce cuotas mensuales de la comunidad, es necesario el acuerdo mayoritario de los vecinos para ejecutarla, pero si no supera esas cuotas se tiene que hacer sin previo acuerdo».
Datos demoledores
En las concentraciones celebradas a lo largo del país, Cocemfe recordó que en las comunidades autónomas solo un 37% de los edificios cuenta con rampas y accesos destinados a personas con discapacidad. La confederación aportó un rosario de datos de problemas de accesibilidad: el 28% de los bloques disponen de una cuesta para evitar las escaleras, pero en algunos casos no es plenamente funcional porque su pendiente es excesiva; solo el 15% de los ascensores tienen avisos sonoros para invidentes; el 64% de los edificios no tienen buzones a una altura de una silla de ruedas...
La presidenta de Famdif, Carmen Gil, reclamó el apoyo de las administraciones «para garantizar la accesibilidad universal» y hacer cumplir la legislación. «La accesibilidad afecta también a las madres que empujan un carrito con un bebé o a la tercera edad, pero hay gente que sin haber cometido un delito está privada de libertad y esta es la peor violación de los derechos de una persona».
Al juzgado para reclamar una rampa para un bloque en Cartagena
A sus 94 años, María Encarnación pasa el tiempo leyendo, haciendo solitarios y rellenando sopas de letras. Lo que sea con tal de no caer en una depresión porque no puede salir a la calle. «Desde diciembre de 2014, estamos pidiendo habilitar una rampa a la comunidad de vecinos, a través del administrador», se lamenta Francisco, uno de los hijos de esta vecina de un edificio de viviendas de la Muralla del Mar en Cartagena. «Es una discriminación absoluta a mi madre», denuncia ante la situación de la mujer, obligada a desplazarse en una silla de ruedas a causa de una osteoporosis. «Mi madre ha salido a la calle en contadas ocasiones en estos años y lo ha hecho porque mis sobrinos la han bajado a pulso para ir al médico o al especialista, a graduarse los audífonos». Tal es la desesperación que tiene Francisco que ha decidido recurrir a un abogado y llevar a los juzgados la construcción de una rampa, porque los vecinos se niegan a que se ejecute la obra valorada en 11.500 euros. «La rampa iría desde los jardines comunitarios hasta el ascensor del bloque, salvando ocho escalones que hay en este trayecto». Esta es la única solución para que su madre disfrute de sus últimos años de vida con calidad. «Hasta cuatro reuniones anuales hemos celebrado con los vecinos pidiendo la ejecución del proyecto». El caso llegó a ser puesto en manos de Famdif y ahora todo apunta a que será la Justicia la que tenga la última palabra en este conflicto con la comunidad de propietarios.
