El curso arranca este viernes en la Región de Murcia con el transporte escolar de 10.000 alumnos en el aire
Educación asegura que varias empresas no han aceptado «las rutas en las mismas condiciones que tenían en junio»
El transporte escolar de la mitad de los alumnos murcianos que utilizan ese servicio, unos 10.000, está en el aire a solo unas horas de que comience el curso académico. Según explicaron fuentes de la Consejería de Educación, varias empresas han decidido no continuar cubriendo los trayectos escolares porque «no aceptan mantener las mismas rutas que estaban realizando hasta el pasado mes de junio», una explicación que la patronal Froet no ha confirmado por el momento.
Así, este viernes 10.000 escolares que dependen del transporte escolar se quedarán sin servicio y en tierra en su primer día de curso. La prestación del servicio de transporte escolar se realiza mediante contratación pública por empresas del sector. En la actualidad, según fuentes de la Consejería, está en vigor un contrato marco mediante el que se han adjudicado 97 rutas, mientras que el resto quedaron desiertas.
Para cubrir el servicio de las 336 rutas pendientes Educación cursó invitación «a todas las empresas que habían prestado este servicio el pasado curso escolar, en las mismas condiciones que han realizado el servicio en 2023. De todas ellas, 101 rutas fueron aceptadas y adjudicadas para el curso 2023-2024».
Esta misma semana, aseguran desde la Administración regional, la Consejería tuvo conocimiento de que «algunas empresas no iban a aceptar las invitaciones que la Consejería les había cursado, y por lo tanto no prestarían el servicio de transporte escolar en las rutas que quedaban sin adjudicar, no aceptando las mismas rutas que estaban realizando hasta el pasado mes de junio y con las mismas condiciones».
La Consejería asegura que «en este momento ya se han adjudicado la mitad de las rutas escolares que ofrece la Comunidad garantizando transporte escolar al 50% del alumnado que hace uso de este servicio. Desde la Consejería se mantiene un contacto permanente con el sector y se está trabajando en buscar una solución dentro del marco legal vigente, en un rango de precios ratificados por el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, ajustados a la realidad del mercado. Con el fin de desbloquear esta situación, la Consejería ha planteado a los representantes del sector la posibilidad de revisar el marco contractual en 2024, que es cuando el plazo legal lo permite, para que se pueda prestar el servicio de transporte escolar y se proporcione más estabilidad a las empresas».
Educación ha hecho «un llamamiento a la responsabilidad social de las empresas que prestan este servicio, sin cuestionar, por supuesto, su interés empresarial legítimo, ya que el transporte escolar es un servicio que garantiza el cumplimiento de un derecho fundamental recogido en la Constitución como es el de la educación».
Froet denuncia que no se cubren costes
Por su parte, la Federación Regional de Organizaciones y Empresas de Transportes (Froet) recalcó que es la falta de rentabilidad el principal motivo por el que no van a concurirr a los contratos para las rutas de transporte. Recuerdan que el precio del combustible ha subido «un 20% en los últimos años», el mismo porcentaje que atribuyen al coste de personal, y que la Consejería no ha actualizado los precios desde hace más de dos años. «Datan del año 2021 y son, incluso, inferiores a los del año 2009», denuncian.
Por otra parte, señalan que el pasado curso se pudo prestar el servicio por el descuento de 20 céntimos en el precio de los carburantes por parte del Gobierno central, pero que a partir del próximo mes de octubre la rebaja será de cinco céntimos hasta final de año. Por ello, «ante la perspectiva de trabajar por debaje de costes», desde Froet aseguran que las empresas de autobuses que realizan las rutas escolares han decidido «desviar sus negocios hacia otros sectores más rentables económicamente».
Por último, recalcan desde Froet que las empresas «son libres de prestar los servicios que crean oportunos a un precio que les permita obtener beneficios razonables. Todo lo contrario sería poner en peligro la viabilidad de las mismas y el mantenimiento de casi 1.000 puestos de trabajo».
