Cuatro ONG acuden a Fiscalía contra la «cacería» al colectivo inmigrante
El borrador de la denuncia contra Antelo y Alpañez cita una reciente sentencia que impuso dos años y medio de prisión por delitos de odio en Melilla
Las cuatro asociaciones que denunciarán al líder de Vox, José Ángel Antelo, y a su portavoz en la Asamblea Regional, Rubén Martínez Alpañez, piden ... en el primer borrador de su escrito a la Fiscalía frenar «la cacería» al colectivo migrante.
El texto, que admite modificaciones y al que ha tenido acceso LA VERDAD, se basa en una sentencia dictada hace un mes por la Audiencia Provincial de Málaga, que condenó a siete melillenses a penas que van desde un año de cárcel y multas, hasta los dos años y seis meses de prisión. En todos los casos, el tribunal decretó la inhabilitación para ejercer profesión u oficio relacionado con el ámbito educativo. La denuncia, que las ONG tienen previsto presentar ante la Fiscalía en cuanto el abogado Sergio Ramos reciba el visto bueno de los representantes de Amigos de Ritsona, Murcia Acoge, Convivir sin Racismo y Parem, considera «falsas» unas declaraciones del vicepresidente del Ejecutivo regional. En ellas asoció inmigración con «infiltración de yihadistas», tras la llegada de una veintena de pateras a las costas de la Región, durante el puente del Pilar.
El borrador pone el acento en que las palabras de Antelo no se sustentan «en ningún informe policial ni datos estadísticos o de alguna agencia pública» y pretenden «criminalizar y generar una persecución social contra ciudadanos que, en muchos casos, huyen de sus países y son refugiados a los que el Estado y los poderes públicos deben proteger y no perseguir».
Las asociaciones recopilan declaraciones públicas del vicepresidente regional y del diputado de Vox tras la llegada de pateras
A Martínez Alpañez lo denuncian por decir que los migrantes que llegan en patera «son delincuentes... no es gente que venga aquí a ganarse la vida».
Para argumentar el escrito que dirigirán a la Fiscalía, las ONG presentan las declaraciones de Antelo, también consejero de Interior, Emergencias y Ordenación del Territorio recogidas por radios y capturas de los comentarios que ambos políticos hicieron sobre el tema en la red social X (antes Twitter).
La decisión de la Audiencia Provincial de Málaga a la que se remite el escrito de las cuatro organizaciones muricanas se basa, a su vez, en la doctrina establecida por la Sala II del Tribunal Supremo sobre delitos de odio, recogida en dos sentencias, una de 2018 y otra de 2019. En ellas se establece que el artículo 510 del Código Penal sobre el delito de incitación al odio protege el bien jurídico de la «dignidad de las personas y colectivos de personas a los que por su especial vulnerabilidad se les otorga una protección específica».
No obstante, aclara que no basta con verter opiniones odiosas, sino que se necesita incitar a cometer delitos discriminatorios.
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