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Presentación del informe 'Los derechos de la infancia y la adolescencia en la Región de Murcia' elaborado por Unicef Murcia con el apoyo de la Universidad de Murcia (UMU) y la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT). Nacho García / AGM

El crecimiento de la obesidad infantil en la Región alarma a los expertos

Un estudio de Unicef con la UMU y la UPCT señala que el sobrepeso se ha disparado 10 puntos en la Región y ya supone la tasa más alta del país

Lunes, 24 de febrero 2020

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Casi el 40% de las niñas y niños de la Región de Murcia de entre 2 y 17 años presentan sobrepeso u obesidad, más de 11 puntos porcentuales por encima de la media nacional, según revelan datos del informe 'Los derechos de la infancia y la adolescencia en la Región de Murcia' elaborado por Unicef Murcia con el apoyo de la Universidad de Murcia (UMU) y la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT). Las cifras regionales, correspondientes a 2017 han empeorado de forma alarmante en los últimos años, según el estudio presentado este lunes, con un incremento de más de diez puntos respecto a los últimos disponibles de 2011 (27,7%) que sitúan a la Comunidad como la Región con peor tasa de obesidad y sobrepeso del país.

Amparo Marzal, presidenta de Unicef Murcia, señaló este asunto como uno de los «que más preocupan» a la ONG junto a la pobreza infantil, que en la Región deja a uno de cada tres niños en situación de exclusión social (32,7%), pese a que este indicador ha experimentado una mejora desde el último informe, que se elaboró en 2018. Entonces la pobreza infantil afectaba al 39,3% de los menores, mientras que hoy lo hace al 32,7%, casi siete puntos menos. Pese a todo, la Región sigue tres puntos por encima de la media del país y supera en casi nueve la europea (24%).

Durante la presentación del estudio, la presidenta de la ONG estuvo acompañada de Federico Martínez-Carrasco, profesor de la UMU y autor del informe; el rector de la Universidad de Murcia, José Luján, y el de la UPCT, Alejandro Díaz Morcillo.

Martínez Carrasco explicó que el estudio «muestra una selección de indicadores de medición del bienestar de la infancia vinculados a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU». Entre ellos, otro de los datos destacables a juicio de este profesor universitario es el número de adolescentes que fueron madres. En la Región hubo tres nacimientos por cada mil mujeres de 15 a 17 años en 2018. Otro aspecto que genera inquietud es el número de jóvenes que declaran haber consumido alcohol en el último mes (67,5% entre 14 y 18 años), una cifra «similar a la media nacional», recordó Marzal.

En el ámbito educativo, el informe destaca la necesidad de potenciar la escolarización infantil temprana, ya que menos de 18 de cada cien niños entraron en el primer ciclo de Infantil en la Región, de cero a dos años. También aparece entre los asuntos a atender de forma prioritaria el abandono precoz de los estudios, con casi una cuarta parte de la población regional de entre 18 y 24 años dejando las aulas tras completar como máximo la primera etapa de Secundaria, mientras el paro alcanza a uno de cada tres menores de 25 año; y cerca del 15% de la población en esta franja de edad ni estudia ni trabaja.

Maltrato en las aulas

Por otra parte, un 9,9% de la población de entre 11 y 18 años fue víctima de maltrato físico por parte de sus compañeros de colegio o instituto alguna vez en los dos meses previos a la encuesta. También se registraron 204 casos de denuncias de menores por delitos contra la libertad y la indemnidad sexual.

El documento propone a la Administración una hoja de ruta para la mejora del bienestar infantil con varias medidas concretas. Entre ellas destacan la creación de una Dirección General de Infancia, la constitución de un Observatorio Autonómico de Infancia y Adolescencia «para realizar informes y recopilar de datos estadísticos que mejoren el diagnóstico de los problemas de los niños», señaló Marzal, así como propiciar la elaboración de un Plan Sectorial de Infancia y Adolescencia.

El estudio establece, además, una serie de metas a alcanzar en los próximos diez años, como la reducción al 25% de la población menor de 18 años en riesgo de pobreza o exclusión, que llegaría hasta el 10% en 2030.

Amparo Marzal resaltó la necesidad de incluir las memorias de impacto normativo sobre la infancia en la elaboración de las leyes autonómicas y los Presupuestos, así como activar el proceso de creación de un órgano de participación de la infancia y la adolescencia. También, impulsar los acuerdos adoptados por la Asamblea Regional en el Pacto por la Infancia, y del Gobierno regional en la declaración programática a favor de los Derechos de la Infancia.

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