Críticas a las «disfunciones» de la Oficina Judicial diez años después de su implantación

La sección civil, que echó a andar en 2015 con un gran retraso en materia de ejecuciones -hasta tal punto que hubo que habilitar salas especiales para guardar los expedientes en trámite- ha incrementado el nivel de ejecuciones resueltas en un 140%, de acuerdo al balance del TSJ.

En sus inicios la Oficina Judicial arrancó con la promesa de aligerar una administración demasiado lenta. El entonces ministro de Justicia, Francisco Caamaño, aseguró que este proceso de cambio acortaría «entre un 35% y un 40% los tiempos». Un compromiso que resultaba especialmente importante para Murcia que, desde hace años, es una de las comunidades que sufre mayores demoras. Las cifras, sin embargo, no reflejan que ese compromiso se haya logrado. De acuerdo a los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), los murcianos deben aguardar hasta ocho meses de media para encontrar respuesta, en primera instancia, a su demanda judicial. La cifra -los datos que ofrece el CGPJ son regionales, no por partidos judiciales- supone prácticamente el doble que hace una década.

Comisiones Obreras, dibuja una valoración de esta década de Oficina Judicial muy diferente a la del TSJ. «Los problemas persisten desde su comienzo», subraya Flora Martínez, responsable del sector de Justicia en esta organización, muy crítica con la iniciativa desde su arranque.

Martínez hace hincapié en que la Oficina Judicial «se implantó a coste cero: a cero inversión en medios tecnológicos y a cero inversión en medios personales». Subraya, además, que «a pesar de que su primera fase de implantación se concibió como una experiencia piloto y que la novedad de esta estructura organizativa no garantizaba su éxito, el Ministerio y el TSJ usaron esta ciudad como 'conejillo de indias'».

En esta década, además, lamentan desde Comisiones, «nunca se ha revisado su estructura ni su diseño ni prácticamente sus plantillas». Martínez hizo hincapié en la labor del personal de la Administración de justicia destinado en la ciudad de Murcia que consigue sacar adelante los casos, «con su esfuerzo, la mayoría de las veces sometido a una gran presión que llega a tal extremo de causar bajas laborales, y por supuesto sin ninguna compensación económica durante estos diez años».

La decana del Colegio de Procuradores, María Dolores Cantó, por su parte, destaca el esfuerzo realizado por el TSJ de Murcia para el éxito de este sistema de organización, pero lamenta que la «excesiva burocracia» y la «descoordinación entre los servicios» han acabado dando al traste con el proyecto. Cantó advierte de que este nuevo sistema de organización, lejos de lograr su objetivo, generó una mayor ralentización en la tramitación de los procedimientos. La decana de los procuradores hace hincapié en que la Oficina Judicial iba asociada a la puesta en marcha de una reforma de la planta judicial que no se llegó a producir al no prosperar la reforma de ley de demarcación y planta judicial. «Se quedó a medio y eso provoca disfunciones», sostiene.

La decana de los procuradores lamenta, además, el «alejamiento» de los profesionales del Derecho de la Justicia que se generó con el arranque de este sistema. «Nos complica mucho a la hora de resolver los asuntos para mi cliente, que es, al final, quien sufre estas disfunciones», afirma.

El decano del Colegio de Abogados de Murcia, Francisco Martínez-Escribano, explica, por su parte, que diez años después de la implantación de la Oficina Judicial «el balance no creo que sea el esperado». Martínez-Escribano incidió en que este sistema «nació, entre otros objetivos, para agilizar la Justicia, lo que no se producido, quizás porque entendemos que su implantación no ha sido potenciada con los necesarios medios humanos y materiales».

Remarcó, además, que este sistema de organización «ha supuesto un alejamiento de la Justicia, tanto para el ciudadano como para los profesionales». Una realidad que «no se suple con la existencia del punto de información fijado a tal efecto puesto que la información es general y no especializada, lo que solucionaría muchos problemas y agilizaría la tramitación del asunto».

A ello se une, incide, que «el expediente electrónico que era una de la ventajas que se potenciaban, no acaba de ponerse en marcha». Además, subraya, «siguen produciéndose problemas informáticos con más frecuencia de la deseada lo que resta agilidad en la tramitación, y desde luego, se ha evidenciado la necesidad de que lo asuntos de familia, por sus especiales características, queden fuera de la Oficina Judicial».