Costas recibe el aval de la Justicia para desalojar dos casas en Cabo de Palos
La Audiencia Nacional confirma la caducidad del permiso de ocupación del dominio público, dado en 1952, y rechaza el recurso de la familia Luque
La Demarcación de Costas del Estado en la Región de Murcia, del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, ha recibido un espaldarazo ... en su tarea de aplicación de la Ley de Costas en el litoral a través de la revisión de las concesiones administrativas para la ocupación del domino público marítimo-terrestre y de la actualización de los deslindes de ese territorio estatal. La Audiencia Nacional ha desestimado el recurso interpuesto por los propietarios de dos viviendas situadas en primera línea de la playa de Levante de Cabo de Palos y ha confirmado la resolución del Ministerio que, en diciembre de 2020, declaró extinguida la concesión otorgada por el Estado en 1952 para la construcción de dos viviendas en una parcela situada entre esa playa, entre el mar y la carretera de acceso al faro. Lo ha hecho a través de una sentencia de la sección primera de la sala de lo Contencioso Administrativo, que resuelve la controversia sobre esta zona del municipio de Cartagena. El fallo puede recurrirse ante el Tribunal Supremo.
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El cartagenero José Antonio Luque Torres, que en los últimos años se ha convertido en abanderado de la lucha de vecinos y colectivos contra los derribos en esta localidad del Mediterráneo y también junto al Mar Menor, llevó el caso a los tribunales. Lo hizo junto a un sobrino, titular de una las dos viviendas objeto de la concesión, que están conectadas.
El viernes 28 de mayo de 2021, la familia Luque ganó tiempo en su lucha por mantener los inmuebles, que forman parte de la quincena de casas que ocupan el dominio público bajo concesión en la playa de Levante. La Audiencia Nacional suspendió cautelarmente el desalojo, justo cuando funcionarios de Costas se disponían a levantar acta del desalojo y pedir las llaves de las casas a sus dueños. Ese día, los Luque recibieron el apoyo de vecinos y representantes políticos, que se concentraron para protestar por las supuestas anomalías en el expediente y en favor de un proyecto de ampliación del paseo marítimo que excluya la demolición de viviendas y terrazas. Luque también ha recibido apoyos públicos de PP y Vox.
El tribunal recuerda que los bienes estatales marítimo-terrestres, entre ellos los de la playa de Levante, no prescriben
Cuatro años después, la Audiencia Nacional ha dictado una sentencia que da la razón al Ministerio, que entonces tenía al frente a Teresa Ribera y ahora a Sara Aagesen, ambas del PSOE. En una resolución dictada el 2 de julio y comunicada días atrás a las partes, acoge las conclusiones de la Abogacía del Estado en Murcia; y concluye «que la concesión se ha extinguido, por lo que no procede» dar la prórroga prevista en la Disposición Transitoria Primera de la Ley de Costas, aprobada en 1988 y reformada en 2013. La ley fija un máximo de concesión de 75 años, si bien hay discrepancias sobre cuándo empieza ese plazo.
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En la sentencia, a la que accedió LA VERDAD, la Audiencia dice que «las solicitudes de transmisión» de la concesión entre familiares de los demandantes «se llevaron a cabo fuera de plazo». Venció así el plazo de otorgamiento del uso del suelo, concedido por Orden Ministerial el 6 de junio de 1952. El Estado dio ese permiso «en precario» y «sin plazo limitado».
Revisión del deslinde
El tribunal rechaza que los demandantes hayan sufrido indefensión; recuerda que los bienes de dominio público no prescriben; y apunta que, según la jurisprudencia, aunque los terrenos no hubiesen sido previamente deslindados, «estar incluidos dentro de una concesión demanial equivale a un deslinde del dominio público». Mientras, Costas tramita la actualización del deslinde en un tramo de 300 metros, entre la casa de los Luque y la parte de la playa más próxima a Las Amoladeras.
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