La Consejería propone un modelo de ordenanza local de viviendas turísticas

El Instituto de Turismo de la Región de Murcia (Itrem), que forma parte de la Consejería que tiene al frente a Carmen Conesa, «ha confeccionado» un documento con el que quiere «dar respuesta a la proyección de crecimiento de viviendas de uso turístico y evitar la proliferación de zonas tensionadas, prevenir la saturación en barrios históricos y los conflictos vecinales, y garantizar la convivencia pacífica entre estas viviendas y las residenciales tradicionales».

El borrador de 'Ordenanza Municipal Marco' quedará en manos de los municipios «para su valoración, aplicación o modificación, puesto que son las administraciones locales las responsables de la regulación en su territorio de esta materia», indicaron a LA VERDAD fuentes del Itrem. El organismo , dirigido por Juan Francisco Martínez, incluye en su propuesta «distintas medidas que los municipios podrían aplicar para frenar la concentración excesiva de viviendas de uso turístico que pudiera expulsar a la población residente o tensionar el mercado de la vivienda en determinadas áreas».

Además, aseguraron en el Ejecutivo autonómico, «ofrecerá seguridad jurídica a los propietarios y explotadores de las VUT, estableciendo reglas claras y criterios homogéneos en toda la Región». La normativa también «facilitará la inspección y el control de esta actividad, combatiendo el intrusismo y la oferta turística ilegal o no autorizada».

Una premisa de la Administración regional es que la ordenanza se aplique a todas las viviendas de uso turístico, «se cedan totalmente o por habitaciones»; y excluir los alojamientos turísticos clasificados como apartamentos turísticos, que se regirán por su normativa sectorial específica. Las viviendas que ya estuvieran en funcionamiento y debidamente registradas en el momento de la entrada en vigor de la norma, deberán adaptarse a la nueva regulación en plazo máximo de seis meses.

Entre otras cuestiones, los ayuntamientos exigirían a los titulares de las viviendas «la obtención de licencia urbanística» o, en ciertos casos, la presentación de una comunicación previa», antes del inicio de la actividad. Si la documentación es correcta, el consistorio inscribiría la vivienda en el Registro Municipal de Viviendas Turísticas y notificaría al interesado la aceptación de la comunicación. La falta de título habilitante municipal supondría «calificar la actividad como clandestina o ilegal».

Los técnicos del Itrem ponen sobre la mesa la opción de que las autoridades municipales delimiten «aquellas áreas en las que, por razones de interés general, no se admitirá la implantación de nuevas VUT o tendrán que cumplir ciertas limitaciones». Por ejemplo, «podrán declararse zonas saturadas o de especial protección residencial espacios como el casco histórico y las zonas monumentales. También lo podrán ser aquellas áreas con especial problemática de convivencia o saturación de visitantes, como zonas próximas a discotecas, zonas costeras con urbanizaciones residenciales de descanso o enclaves donde el turismo masivo pueda comprometer los servicios urbanos básicos».

Para declarar zonas saturadas se evaluaría la proporción de VUT, el número de quejas vecinales, las denuncias registradas, el impacto en los precios del alquiler de viviendas y otros factores.

También habría restricciones a nivel patrimonial, como la prohibición de «emplear hogares ubicados en inmuebles declarados Bien de Interés Cultural o patrimonio histórico-artístico, y en su entorno de protección, cuando la reglamentación establezca limitaciones de uso para preservarlos». Una de las herramientas de control sería el Registro Municipal. Y «los ayuntamientos podrán publicar en su web un listado o mapas actualizados de las viviendas turísticas autorizadas para detectar posibles irregularidades».

Los consistorios podrán también firmar protocolos de colaboración con la Consejería para intercambiar información, encontrar ofertas ilegales y hacer cumplir las sanciones impuestas. Al respecto, el Itrem sugiere distintas multas por realizar «actividades molestas o prohibidas por parte de los huéspedes, causando perturbaciones a la convivencia». Habría infracciones leves, con sanciones de hasta 750 euros; graves, de hasta 6.000 y suspensión de la actividad hasta seis meses; y muy graves, con hasta 150.000 euros y la clausura del establecimiento.

Asimismo, «en las zonas declaradas saturadas o de especial protección residencial, las estancias tendrán una duración máxima de 30 días consecutivos por contrato. Y los ayuntamientos podrán fijar estancias mínimas en determinadas épocas».