La Consejería descarta exigir la limpieza de tres fincas agrícolas afectadas por metales

Asimismo, existen informes de la Guardia Civil, tanto del Seprona como de la UCO de Medio Ambiente, que sitúan el origen de la contaminación de los terrenos agrícolas en arrastres de desechos desde el vertedero causados por las lluvias, al no estar bien sellado. Hay altas concentraciones de plomo, zinc y arsénico.

Hace casi dos años y cinco meses, el 1 de febrero de 2023, Medio Ambiente indicó en un informe técnico que procedía «requerir» a los titulares de las fincas agrícolas (una empresa y dos particulares) «una investigación detallada de la calidad del suelo y de las aguas subterráneas» y, llegado el caso, una «valoración de los riesgos para la salud humana». La Dirección General remitió su informe al Juzgado de Instrucción 4 de Cartagena, que investiga a Portmán Golf por presunto delito ambiental al no haber sellado el depósito (la mercantil lo niega y pide archivar la causa). Antes, el juzgado acordó informar a varios órganos de la Comunidad Autónoma de «la existencia de los terrenos de cultivo contaminados», entre otras cosas para su «vigilancia».

Fuentes de la Consejería de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor indicaron días atrás a LA VERDAD que, «en la actualidad, no se ha solicitado formalmente a los propietarios la realización de un análisis de riesgos para los ecosistemas o la salud humana, dado que, conforme al Real Decreto 9/2005, esa obligación está condicionada a la existencia de indicios fundados de contaminación». Hay «procedimientos de información ambiental iniciados a raíz de denuncias ciudadanas e investigaciones de campo. Pero «no se ha incoado formalmente expediente de descontaminación, dado que la información técnica recabada hasta la fecha no acredita, conforme al marco legal vigente, que los suelos presenten una contaminación antropogénica que justifique su declaración como contaminados».

«Estos procedimientos no han sido archivados ni caducados, pero sí se mantienen en situación de seguimiento a la espera de nueva información o análisis adicionales», señalaron. Y recordaron que «un auto [de la Audiencia Provincial], de 14 de mayo de 2024, indica que las características edafológicas de esos suelos son las propias del entorno de la Sierra Minera, y especifica que en las parcelas se puede continuar desarrollando la actividad agrícola». Medio Ambiente seguirá «impulsando la investigación y vigilancia ambiental en el entorno del vertedero».

El auto recoge que «es un dato objetivo incuestionable» que el Seprona halló «altos porcentajes de metales pesados». Y en febrero de este año, la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (Ucoma) informó al juez de que «el arrastre de partículas de alto contenido metálico originadas en el vertedero Los Blancos supone una contribución de forma continua tanto a la contaminación de los terrenos agrícolas por los que discurren las aguas de escorrentía com o una aportación de contaminantes al lecho de la rambla de Ponce y, finalmente a los sedimentos marinos, del Mar Menor». El juez pidió ampliar los análisis.

El juzgado ordenó en 2022 suspender la actividad agrícola en las parcelas agrícolas, pero la Audiencia Provincial anuló esa resolución en 2024. Fuentes de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca aseguraron esta semana a LA VERDAD que «los productos vegetales están ampliamente controlados tanto por la administración como por diversas auditorías internas que hacen las empresas, por exigencias de las cadenas de comercialización». «Por lo tanto, la seguridad alimentaria de los cultivos que se plantan en estas zonas está garantizada», señalaron. Ecologistas en Acción, que ejerce la acusación particular a través del abogado José Manuel Muñoz Ortín, presentará un informe pericial y pedirá nuevas medidas cautelares y la descontaminación de las parcelas agrícolas.