La jueza pide un análisis de la balsa El Lirio por el posible sellado con metales pesados

El Juzgado de Instrucción 1 de Cartagena ha dado el primer paso para aclarar si la balsa de residuos mineros El Lirio, en Los Belones, fue sellada de forma irregular con tierras contaminadas por metales pesados y las repercusiones de estas obras, promovidas por la Comunidad Autónoma y ejecutadas por Tragsa, sobre el medio ambiente y la salud de las personas. La magistrada Consuelo Andreo, que en marzo abrió diligencias previas por un presunto delito contra los recursos naturales y el medio ambiente, ha acordado que el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil realice una toma de muestras «en distintas zonas del depósito» y las envíe «para su análisis a la Universidad Politécnica de Cartagena». La finalidad es que se efectúe «la determinación de presencia metales pesados, sus niveles, y el grado de afección al medioambiente y salud de las personas.

La jueza activó el mes pasado esta causa penal tras una denuncia de Ecologistas en Acción contra la Dirección General de Medio Ambiente y la Dirección General de Energía y Actividad Industrial y Minera de la Comunidad Autónoma, así como contra la empresa estatal Tragsa y la privada Portmán Golf, identificada como propietaria de la parcela de la que proceden las tierras de relleno. Además, Andreo pidió parecer a la Fiscalía, que recomendó una serie de comprobaciones técnicas, entre ellas la citada intervención del Seprona y de la UPCT.

El fiscal especial de Medio Ambiente de la Región, Miguel de Mata, planteó también dirigirse a la Comunidad y a Tragsa para que aportaran los expedientes relativos a estas obras, y eso ha ordenado también la jueza. Insta a la Dirección General de Medio Ambiente de la Consejería de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y mar menor, a «que informe y remita los expedientes seguidos con relación a los trabajos de sellado del depósito El Lirio; en concreto, autorizaciones ambientales, evaluación ambiental y control de los trabajos llevados a cabo por la mercantil Tragsa, indicando si las obras están o no recepcionadas y trazabilidad de los materiales de relleno».

Asimismo, reclama a Tragsa mercantil «que, en relación a dichas obras, remita todas aquellas actuaciones y controles que se hubieran realizado sobre el material de relleno del depósito El Lirio, procedencia, análisis y proceso de ejecución de los trabajos». De igual forma, la jueza acuerda «dar traslado de la denuncia presentada a las entidades y personas denunciadas [un técnico y un exdirectivo del Servicio de Minas], a fin de que tengan conocimiento de la denuncia presentada en su contra y puedan efectuar las alegaciones que le convinieran a su derecho».

Las obras de clausura y restauración ambiental de El Lirio, junto al complejo turístico La Manga Club, acabaron a finales de 2024 y costaron 6,2 millones, de los que el Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco) aportó más del 70% y el regional, la parte restante. La iniciativa, en casi 9 hectáreas situadas en la cuenca vertiente del Mar Menor, fue además el precedente inmediato del plan del Miteco para restaurar 700 hectáreas de la Sierra (destinará 110 millones e inició las obras en diciembre en Llano del Beal). Dos objetivos fundamentales fueron evitar el arrastre de minerales hacia la laguna e impedir la dispersión de partículas contaminantes por el aire.

Según Ecologistas –que se apoyó también en análisis del suelo publicados por 'elDiario.es'– , el sellado no se hizo con una capa de tierra vegetal «de primera categoría». Se empleó «tierra contaminada» con altas concentraciones de «metales pesados y residuos industriales, incluyendo escorias» de fundición de plomo. Cita niveles de plomo, zinc, arsénico y cobre que superarían el tope legal en hasta 9,3 veces. En su denuncia Ecologistas incluyó fotos de satélite de Google Earth para acreditar el empleo de tierras contaminadas procedentes del área de Llano del Beal desde donde se llevó material para sellar el vertedero Los Blancos, que acoge los restos mineros de la Balsa Jenny.

Ecologistas en Acción acusó a Portmán Golf como titular de la finca de origen de «parte de la tierra vertida», por la «manipulación y comercialización de las escorias de fundición»; y a Tragsa, como «designada por la Administración para ejecutar las obras».

En su informe, el fiscal de Mata recuerda que Ecologistas en Acción denunció «que se habrían empleado para los trabajos de recuperación y sellado del depósito minero El Lirio, en vez de tierras vegetales de primera calidad, toneladas de tierras contaminadas por metales pesados y escorias de la antigua fundición de plomo». Y añade que, según la organización ecologista, en las obras se emplearon materiales «presuntamente procedentes» del depósito Los Blancos, cuyos niveles superarían con mucho los niveles de referencia establecidos por la propia Consejería de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor; y que ello generaría un riesgo para los ecosistemas y la salud de las personas, dando entrada al posible delito contra el medio ambiente«.

Según el criterio del fiscal, «el primer objetivo que debe plantearse la instrucción es la comprobación de la calidad de las tierras que han sido empleadas por la empresa Tragsa en el sellado del depósito El Lirio, a fin de determinar si las mismas presentan metales pesados en niveles que superen los niveles de referencia y que supongan un grave riesgo para la salud de las personas o el equilibrio de los sistemas naturales». El representante del Ministerio Público añade que «en caso de confirmarse dicho riesgo, se habrá de examinar la procedencia de las mismas; y los controles realizados por la empresa encargada de los trabajos (Tragsa) y la Administración, en este caso la Dirección General de Energía y Actividad Industrial y Minera, como órgano promotor, y la Dirección General de Medio Ambiente como órgano que otorga las autorizaciones ambientales y lleva cabo la labor de vigilancia y control ambiental».

Respecto a la denuncia de los posibles delitos de prevaricación administrativa, estafa y malversación de caudales públicos, el fiscal considera que «solo cabría investigar en caso de confirmarse que la aplicación de dichas tierras presuntamente contaminadas, en clara contradicción con lo que exigía el contrato, ha sido realizado de forma deliberada». «En otro caso, carecería de proyección penal» dicha situación, concluye De Mata.

En febrero, el consejero de Medio Ambiente, Juan María Vázquez, indicó en la Aasmblea Regional que Tragsa había encargado tres auditorías sobre las obras y que, hasta conocer su resultado, la Comunidad no recepcionaría los trabajos. Fuentes de Tragsa aseguraron entonces: «Los trabajos se han ejecutado conforme a las prescripciones técnicas y de acuerdo con la legalidad vigente». No obstante, admitieron que a raíz de la denuncia de Ecologistas en Acción -asesorada por el investigador José Matías Peñas Castejón y representada por el abogado José Manuel Muñoz Ortín-: «Desde el Grupo Tragsa se han encargado tres peritajes, exhaustivos e independientes, con centros de reconocido prestigio y capacidad para ejecutar con total independencia a la mayor brevedad. A la vista de los resultados, se podrá decidir qué medidas acometer, en caso de que fueran necesarias».

Ecologistas recordó en su denuncia que el Juzgado de Instrucción 4 de Cartagena investiga a las empresas Portmán Golf y Tragsa por hechos con ciertas similitudes en la zona del vertedero Los Blancos, de cuyo entorno próximo procederían los materiales usados para tapar El Lirio. Señaló la presunta «reutilización de residuos peligrosos» para cubrir Los Blancos, vertedero de Llano del Beal al que fueron llevados los restos de la antigua Balsa Jenny, en unas obras donde la Comunidad y el Ministerio de Medio Ambiente gastaron 6,5 millones de euros en 2005.

Se da la circunstancia de que, días atrás, la Consejería de Medio Ambiente -como denunció Ecologistas en Acción en el juzgado y comprobó la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil- admitió que Los Blancos está mal sellado y dio un mes a Portmán Golf para ejecutar las obras de impermeabilización definitiva del depósito. Según comprobó Medio Ambiente, la impermeabilidad está 17 veces por debajo de lo exigido en el informe técnico del Servicio de Planificación y Evaluación Ambiental. Según la UCO, las escorrentías con metales afecta a suelos agrícolas, a una rambla y al Mar Menor.

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