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Martes, 21 de junio 2022, 13:26
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La Mesa del Congreso de los Diputados aprobó este martes cerrar el plazo de enmiendas a la iniciativa legislativa popular (ILP) para dotar de personalidad jurídica al Mar Menor, que se tramita como proyecto de ley en la Comisión de Transición Ecológica.
La plataforma que promovió la recogida de firmas, liderada por la profesora de la UMU Teresa Vicente, denunció que ampliar más el plazo de presentación de enmiendas suponía «cargarse» la ILP, pues esta debe aprobarse después del verano. No será así y este miércoles se cerrará el plazo de enmiendas.
PSOE y Unidas Podemos, los partidos que forman el Gobierno de coalición, han pactado con los promotores de la ILP varias enmiendas a los artículos 1, 2 y 3 que mejoran el texto original, a las que ha tenido acceso LA VERDAD.
Así, en el artículo 1 se añade una definición de la cuenca del Mar Menor a la que se da personalidad jurídica. Se trataría de «una unidad biogeográfica constituida por un gran plano inclinado de 1.600 kilómetros cuadrados, con dirección noroeste-sureste, limitado al norte y noroeste por las últimas estribaciones orientales de las Cordilleras Béticas constituidas por las sierras prelitorales (Carrascoy, Cabezos del Pericón y Sierra de las Victorias, El Puerto, Los Villares, Columbares y Escalona) y al sur y suroeste por las sierras litorales (El Algarrobo, Sierra de la Muela, Pelayo, Gorda, Sierra de la Fausilla y Sierra Minera de Cartagena-La Unión) e incluyendo la cuenca hídrica y sus redes de drenaje». También se incluye dentro de la personalidad jurídica «al conjunto de los acuíferos (Cuaternario, Plioceno, Messiniense y Tortoniense) que pueden afectar a la estabilidad ecológica de la laguna costera, incluyendo la intromisión de agua marina mediterránea».
Las enmiendas definen los derechos que tendría el Mar Menor si finalmente el proyecto de ley sale adelante en el Congreso. Derecho a existir y a evolucionar naturalmente; derecho a la protección, a la conservación y a la restauración. Asimismo, se avanza en la composición de los organismos que ejercerán la representación y gobernanza del Mar Menor. Habrá un Comité de Representantes, que contarán con trece miembros (tres de la Administración del Estado, tres de la Comunidad Autónoma y siete miembros del grupo promotor de la ILP). Este órgano podrá realizar «propuestas de actuaciones de protección, conservación mantenimiento y restauración de la laguna salada y su cuenca».
Por otro lado, estará la Comisión de Seguimiento, «los guardianes y guardianas» del Mar Menor. Estarán representados los municipios ribereños y de cuenca (Cartagena, Los Alcázares, San Javier, San Pedro, Fuente Álamo, La Unión, Murcia y Torre Pacheco), así como miembros de colectivos económicos, empresariales, sociales, sindicales y ecologistas. Estas personas «deberán caracterizarse por la defensa previa del Mar Menor».
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Por último, se creará un Comité Científico, con expertos independientes y propuestos por las universidades de Murcia y Alicante, el Instituto Español de Oceanografía, la Sociedad Ibérica de Ecología y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Sus miembros deberán tener prestigio científico y no percibirán remuneración alguna.
Además, cualquier ciudadano que ejercite una acción judicial en defensa del Mar Menor tendrá derecho a recuperar todo el coste del litigio emprendido.
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