Cuatro años de cárcel a la antigua cúpula de Turismo por la trama murciana de la 'Púnica'
La Audiencia Nacional condena al exconsejero Ruiz, su jefe de gabinete y la exdirectora general Mariola Martínez por costear con dinero público trabajos de reputación personal
Una década después de que la trama murciana de la Púnica irrumpiese en la Consejería de Turismo de la Región derribando todo a su paso ... y forzando la dimisión de su antigua cúpula, la Justicia se ha impuesto con rotundidad. La Audiencia Nacional ha condenado a penas que suman cuatro años de cárcel a Juan Carlos Ruiz, exconsejero de Industria y Turismo; la entonces directora del Instituto de Turismo, Mariola Martínez Robles; y el jefe de gabinete de Ruiz, José Fidel Saura, por delitos de fraude, cohecho y prevaricación administrativa en el marco de este conocido caso. En la sentencia, a la que LA VERDAD ha tenido acceso, el tribunal impone además a estos políticos populares, que abandonaron sus puestos en 2015, multas y penas de hasta veinte años de inhabilitación para empleo o cargo o público. La Sala de lo Penal condena además a cuatro años de cárcel al exalcalde cartagenero José Antonio Alonso y a su socio, el empresario Alejandro de Pedro, a los que el tribunal señala como urdidores de la trama.
Tras hasta 16 sesiones en las que los principales acusados defendieron su inocencia, la Sala de lo Penal considera probado que todos ellos urdieron un plan para costear con dinero público los trabajos de reputación personal con los que Ruiz pretendía encumbrarse en su carrera hacia la presidencia de la Comunidad -un puesto que, en ese momento, se disputaba con el entonces también consejero Pedro Antonio Sánchez, que acabaría colocándose al frente de San Esteban-.
La rama murciana
La Audiencia Nacional considera que el empresario Alejandro De Pedro y el exalcalde de Cartagena José Antonio Alonso aprovecharon su influencia en la Región para ofrecer trabajos personales de reputación a autoridades de las administraciones local y autonómica.
El entonces consejero de Turismo, Juan Carlos Ruiz, acordó trabajos de mejora de su reputación en internet.
Todo ello ocurrió en el contexto de la carrera política para suceder a Ramón Luis Valcárcel como candidato del PP al Gobierno regional.
Para ello simuló un contrato de publicidad, cargado al Instituto de Turismo que dirigía Mariola Martínez.
Las maquinaciones contaron con la activa colaboración del jefe de gabinete de Ruiz, José Fidel Saura, y del secretario general del Instituto de Turismo, Jesús Norberto Galindo.
Juan Carlos Ruiz
Exconsejero de Turismo de la Región de Murcia.
Condena:
Cuatro años de prisión (uno por fraude y tres por cohecho)
20 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público por fraude, cohecho y prevaricación administrativa
José Antonio Alonso
Exalcalde de Cartagena
y socio y presunto conseguidor de De Pedro.
Condena:
Cuatro años de prisión (uno por fraude y tres por cohecho)
Cinco años de inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas públicas, para contratar con entes, organismos o entidades del sector público, y para gozar de beneficios fiscales o de la Seguridad Social.
Mariola Martínez
Ex directora general del Instituto de Turismo.
Condena:
Cuatro años de prisión (uno por fraude y tres por cohecho)
20 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público por fraude, cohecho y prevaricación administrativa
José Fidel Saura
Exjefe de gabinete del Consejero de Turismo y exconcejal del Ayuntamiento de Cartagena.
Condena:
Cuatro años de prisión (uno por fraude y tres por cohecho)
20 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público por fraude, cohecho y prevaricación administrativa
Alejandro de Pedro
Administrador de la
mercantil Eico online reputación management S.L.
Condena:
Un año de prisión por fraude
Tres años de prisión por cohecho activo
Agustín Alonso
Hermano de José
Antonio Alonso.
Condena:
Un año de prisión por fraude
Dos años de inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas públicas, para contratar con entes, organismos o entidades del sector público, y para gozar de beneficios fiscales o de la Seguridad Social.
Jesús Norberto Galindo
Secretario del Instituto
de Turismo
Condena:
Un año de prisión por fraude.
13 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público por fraude y prevaricación administrativa
Francisco Javier Bueno
Trabajador de la empresa Eico.
Condena:
Seis meses de prisión como cómplice de un delito de fraude
Sara Gargallo
Empleada de Alejandro
de Pedro.
Condena:
Seis meses de prisión como cómplice de un delito de fraude
La rama murciana
La Audiencia Nacional considera que el empresario Alejandro De Pedro y el exalcalde de Cartagena José Antonio Alonso aprovecharon su influencia en la Región para ofrecer trabajos personales de reputación a autoridades de las administraciones local y autonómica.
El entonces consejero de Turismo, Juan Carlos Ruiz, acordó trabajos de mejora de su reputación en internet.
Todo ello ocurrió en el contexto de la carrera política para suceder a Ramón Luis Valcárcel como candidato del PP al Gobierno regional.
Para ello simuló un contrato de publicidad, cargado al Instituto de Turismo que dirigía Mariola Martínez.
Las maquinaciones contaron con la activa colaboración del jefe de gabinete de Ruiz, José Fidel Saura, y del secretario general del Instituto de Turismo, Jesús Norberto Galindo.
Juan Carlos Ruiz
Exconsejero de Turismo de la Región de Murcia.
Condena:
Cuatro años de prisión (uno por fraude y tres por cohecho)
20 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público por fraude, cohecho y prevaricación administrativa
José Antonio Alonso
Exalcalde de Cartagena
y socio y presunto conseguidor de De Pedro.
Condena:
Cuatro años de prisión (uno por fraude y tres por cohecho)
Cinco años de inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas públicas, para contratar con entes, organismos o entidades del sector público, y para gozar de beneficios fiscales o de la Seguridad Social.
Mariola Martínez
Ex directora general del Instituto de Turismo.
Condena:
Cuatro años de prisión (uno por fraude y tres por cohecho)
20 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público por fraude, cohecho y prevaricación administrativa
José Fidel Saura
Exjefe de gabinete del Consejero de Turismo y exconcejal del Ayuntamiento de Cartagena.
Condena:
Cuatro años de prisión (uno por fraude y tres por cohecho)
20 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público por fraude, cohecho y prevaricación administrativa
Alejandro de Pedro
Administrador de la
mercantil Eico online reputación management S.L.
Condena:
Un año de prisión por fraude
Tres años de prisión por cohecho activo
Agustín Alonso
Hermano de José
Antonio Alonso.
Condena:
Un año de prisión por fraude
Dos años de inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas públicas, para contratar con entes, organismos o entidades del sector público, y para gozar de beneficios fiscales o de la Seguridad Social.
Jesús Norberto Galindo
Secretario del Instituto
de Turismo
Condena:
Un año de prisión por fraude.
13 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público por fraude y prevaricación administrativa
Francisco Javier Bueno
Trabajador de la empresa Eico.
Condena:
Seis meses de prisión como cómplice de un delito de fraude
Sara Gargallo
Empleada de Alejandro
de Pedro.
Condena:
Seis meses de prisión como cómplice de un delito de fraude
La rama murciana
La Audiencia Nacional considera que el empresario Alejandro De Pedro y el exalcalde de Cartagena José Antonio Alonso aprovecharon su influencia en la Región para ofrecer trabajos personales de reputación a autoridades de las administraciones local y autonómica.
El entonces consejero de Turismo, Juan Carlos Ruiz, acordó trabajos de mejora de su reputación en internet.
Todo ello ocurrió en el contexto de la carrera política para suceder a Ramón Luis Valcárcel como candidato del PP al Gobierno regional.
Para ello simuló un contrato de publicidad, cargado al Instituto de Turismo que dirigía Mariola Martínez.
Las maquinaciones contaron con la activa colaboración del jefe de gabinete de Ruiz, José Fidel Saura, y del secretario general del Instituto de Turismo, Jesús Norberto Galindo.
Juan Carlos Ruiz
Exconsejero de Turismo de la Región de Murcia.
Condena:
Cuatro años de prisión (uno por fraude y tres por cohecho)
20 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público por fraude, cohecho y prevaricación administrativa
José Antonio Alonso
Exalcalde de Cartagena
y socio y presunto conseguidor de De Pedro.
Condena:
Cuatro años de prisión (uno por fraude y tres por cohecho)
Cinco años de inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas públicas, para contratar con entes, organismos o entidades del sector público, y para gozar de beneficios fiscales o de la Seguridad Social.
Mariola Martínez
Ex directora general del Instituto de Turismo.
Condena:
Cuatro años de prisión (uno por fraude y tres por cohecho)
20 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público por fraude, cohecho y prevaricación administrativa
Alejandro de Pedro
Administrador de la
mercantil Eico online reputación management S.L.
Condena:
Un año de prisión por fraude
Tres años de prisión por cohecho activo
José Fidel Saura
Exjefe de gabinete del Consejero de Turismo y exconcejal del Ayuntamiento de Cartagena.
Condena:
Cuatro años de prisión (uno por fraude y tres por cohecho)
20 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público por fraude, cohecho y prevaricación administrativa
Agustín Alonso
Hermano de José
Antonio Alonso.
Condena:
Un año de prisión por fraude
Dos años de inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas públicas, para contratar con entes, organismos o entidades del sector público, y para gozar de beneficios fiscales o de la Seguridad Social.
Jesús Norberto Galindo
Secretario del Instituto
de Turismo
Condena:
Un año de prisión por fraude.
13 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público por fraude y prevaricación administrativa
Sara Gargallo
Empleada de Alejandro
de Pedro.
Condena:
Seis meses de prisión como cómplice de un delito de fraude
Francisco Javier Bueno
Trabajador de la empresa Eico.
Condena:
Seis meses de prisión como cómplice de un delito de fraude
La sentencia de hasta 199 páginas de la Audiencia Nacional explica como, en torno a 2014, Alonso y De Pedro se dedicaban a ofrecer a cargos públicos unos trabajos de mejora de la reputación personal en internet, conocidos como 'networking management', que buscaban que fueran sufragados con fondos públicos. «Actuaban bajo la premisa de la certeza de la ausencia de control y de fiscalización real por parte de las administraciones con las que contrataban, ya que la revisión de la ejecución quedaría en manos de personal de confianza», remarca la resolución.
Los magistrados entienden que los dos socios se aprovecharon de que disponían de «respaldo político» en un «determinado nicho en los entornos de políticos del Partido Popular (PP) interesados en optimizar su proyección política». En esa situación, según argumenta la Sala, se encontraba en ese momento el exconsejero Ruiz que, pese a que lo ha negado reiteradamente, la Justicia entiende que aspiraba a reemplazar a Valcárcel como líder del PP regional y futuro candidato a la Comunidad de cara a las elecciones de 2015. «Alonso le ofreció -además de los trabajos de reputación- la posibilidad de ser promovido ante las instancias superiores del PP como el candidato más idóneo». A cambio de esos servicios, explica la sentencia, el entonces titular de Turismo «acordó la forma de retribución de estos trabajos sin coste económico personal para él». Para lograrlo, una de las empresas vinculadas a De Pedro y Alonso resultaría adjudicataria «de contratos públicos amañados realizados ad hoc para dicha finalidad». El precio de esos contratos incluiría, de forma encubierta, el coste de los trabajos de reputación personal de Ruiz.
«Exentos de fiscalización»
Con este objetivo, explica la sentencia, Ruiz, ayudado por su jefe de gabinete, se comprometió a sacar a licitación determinados contratos públicos, al margen de cualquier utilidad pública. El tribunal señala aquí los contratos que la trama gestionó, tanto con el Instituto de Turismo, que encabezaba Mariola Martínez, como con el Instituto de Fomento, que lideraba Reyes Samper -aunque la causa respecto al Info acabaría sobreseída-. «Se da la circunstancia de que los contratos celebrados por estos institutos estaban exentos de fiscalización previa por parte de la Intervención General de la Comunidad, lo que facilitaba la opacidad del procedimiento», razonan los magistrados.
La Audiencia Nacional señala varia resoluciones «contrarias a derecho» que el Instituto de Turismo llegó a adoptar, aunque precisa que el desvío de fondos públicos no se llegó a consumar porque estalló a nivel nacional la 'Operación Púnica', la mayor redada contra la corrupción perpetrada hasta la fecha -que acabaría desgajándose en numerosas piezas separadas, entre ellas la murciana-. El perjuicio económico inicial para el Instituto de Turismo, en todo caso, habría ascendido a 29.040 euros.
El alcance
La Audiencia Nacional dirige desde junio de 2014 esta operación que la Guardia Civil arrancó el 27 de octubre de 2014.
100
investigados
65
50.000
tomos
folios en
12
piezas
El origen
La ‘Operación Púnica’ fue una petición de auxilio judicial emitida desde Suiza ante las sospechas de blanqueo de fondos invertidos en ese país por Francisco José Granados, exconsejero del Gobierno madrileño, y el empresario David Marjaliza.
Francisco José Granados
David Marjaliza
La investigación se amplió rápidamente a otras personas y sociedades. El pinchazo del teléfono de Marjaliza destapó
las negociaciones que el empresario Alejandro de Pedro estaba llevando a cabo en la Región de Murcia.
Alejandro de Pedro
El alcance
La Audiencia Nacional dirige desde junio de 2014 esta operación que la Guardia Civil arrancó el 27 de octubre de 2014.
100
investigados
65
50.000
tomos
folios en
12
piezas
El origen
La ‘Operación Púnica’ fue una petición de auxilio judicial emitida desde Suiza ante las sospechas de blanqueo de fondos invertidos en ese país por Francisco José Granados, exconsejero del Gobierno madrileño, y el empresario David Marjaliza.
Francisco José Granados
David Marjaliza
La investigación se amplió rápidamente a otras personas y sociedades. El pinchazo del teléfono de Marjaliza destapó
las negociaciones que el empresario Alejandro de Pedro estaba llevando a cabo en la Región de Murcia.
Alejandro de Pedro
El alcance
La Audiencia Nacional dirige desde junio de 2014 esta operación que la Guardia Civil arrancó el 27 de octubre de 2014.
100
65
50.000
12
investigados
tomos
folios en
piezas
El origen
La ‘Operación Púnica’ fue una petición de auxilio judicial emitida desde Suiza ante las sospechas de blanqueo de fondos invertidos en ese país por Francisco José Granados, exconsejero del Gobierno madrileño, y el empresario David Marjaliza.
Francisco José Granados
David Marjaliza
La investigación se amplió rápidamente a otras personas y sociedades. El pinchazo del teléfono de Marjaliza destapó
las negociaciones que el empresario Alejandro de Pedro estaba llevando a cabo en la Región de Murcia.
Alejandro de Pedro
La sentencia apuntala con documentación, intervenciones telefónicas y correos unas negociaciones que los procesados negaron por activa y por pasiva durante las largas sesiones de juicio y por las que han sido finalmente condenados. Con este relato de hechos probados, la Sala impone a los principales procesados, además de los delitos de fraude y prevaricación, el de cohecho, que la Fiscalía y la acusación popular -que ejercen el PSOE y la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (Adade)- introdujeron de forma sorpresiva al término de la vista.
La Audiencia Nacional, en su extensa resolución, también impone un año de cárcel a Agustín Alonso, hermano de José Antonio; y un año de cárcel y seis de inhabilitación para empleo o cargo público a Jesús Norberto Galindo, entonces secretario general del Instituto de Turismo, como cooperador en un delito de fraude. Una pena inferior, de medio año de prisión, recae en Sara Gargallo y Francisco Bueno, exempleados de una de las firmas de De Pedro. Bueno, que fue 'mano derecha' del cerebro de la trama, está considerado uno de los principales arrepentidos del caso. En su extensa declaración, confirmó que la trama llegó a recibir el visto bueno para realizar esos supuestos trabajos de reputación al exconsejero Ruiz. La Sala absuelve, además, del delito de prevaricación a José Antonio Alonso, Alejandro de Pedro Llorca, Agustín Alonso, Sara Gallardo y Francisco Javier Bueno. La sentencia no es firme y cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo.
La Sala pone en entredicho el archivo del contrato del Info
La Audiencia Nacional, en su sentencia, pone en entredicho la decisión del juez de la trama murciana de la Púnica de dejar fuera de la causa a la directora del Instituto de Fomento (Info), Reyes Samper, basándose en el hecho de que el contrato que este organismo estaba preparando con la trama no llegó a firmarse. «La propia resolución del juzgado reconoce la existencia de actos de concertación semejantes a los realizados respecto del Instituto de Turismo (...) lo que evidenciaría la posible concurrencia de elementos tÍpico-penales», entiende la Sala. En esta parte, los magistrados recuerdan que si el contrato no avanzó fue por « la firme oposición de un funcionario en el ejercicio de sus funciones» y entiende que la decisión de archivar «no se ajusta a criterios dogmáticos penales ni entra en el ámbito de la competencia del juzgado».
La magistrada María Fernanda García, en un voto particular, dejó constancia de que, a su entender, no debía hacerse ninguna mención a la extitular del Info dado que no se formuló acusación contra ella. La jueza hace hincapié en que son las acusaciones, en todo caso, las que podrían pedir la reapertura de esa causa con el material recabado en el juicio.
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