Procesan al exedil Berberena y al exjefe de Urbanismo Alberto Guerra en la causa del Teatro Circo del 'caso Umbra'

Fernado Berberena y Alberto Guerra. /Israel Sánchez / Edu Botella
Fernado Berberena y Alberto Guerra. / Israel Sánchez / Edu Botella

El magistrado instructor acuerda la finalización de las diligencias en las que se investiga el convenio urbanístico de la zona norte a cambio de compensaciones económicas y la rehabilitación del edificio

LA VERDADMurcia

El magistrado del juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 8 de Murcia, en un auto notificado este miércoles, acordó procesar al exedil de Murcia Fernando Berberena y al exgerente de Urbanismo Alberto Guerra en la causa del Teatro Circo tras concluir las diligencias previas de esta pieza separada del denominado 'caso Umbra'.

En estas actuaciones se investigaba el Convenio Urbanístico 30/2005 del Ayuntamiento de Murcia, en concreto, la delimitación de tres parcelas en las que se sustituía su uso agropecuario por un uso residencial de alta densidad (dando lugar a planes especiales), a cambio de compensaciones económicas y la rehabilitación del edificio Teatro Circo o la construcción de una escuela infantil, según se relata en los antecedentes de hecho.

Además, también son objeto de estas diligencias la supuesta compra por el que fuera gerente de Urbanismo, Alberto Guerra, de una parcela en la zona norte, a un precio inferior a las de su entorno, a una de las promotoras con intereses en el convenio. Finalmente, las diligencias recogen la intervención al que fuera concejal de Urbanismo de tres relojes, adquiridos por parte de otra de las sociedades.

Todo ello, después de que la Audiencia Provincial de Murcia y el propio juzgado de Instrucción acordaran el sobreseimiento de otros hechos inicialmente objeto de investigación en esta pieza separa, como un viaje a Estambul o cacerías en las que podrían haber participado algún representante o técnico municipal.

El instructor, practicadas las diligencias necesarias para determinar la naturaleza de los hechos y el grado de participación de los investigados, ordena la continuación del proceso por los trámites del procedimiento abreviado contra Alberto Guerra, Fernando Berberena, Joaquín Peñalver, Ramón Salvador Águeda y María C.U., por si los hechos investigados fueren constitutivos de delito de prevaricación. Contra Alberto Guerra y Miguel B.P., exrepresentante de una inmobiliaria, por delitos de cohecho y negociaciones prohibidas a los funcionarios públicos; y, por último, contra Fernando Berberena y Ramón Salvador Águeda, por el delito de cohecho.

El instructor considera que existen indicios suficientes para considerar que lo sucedido con la creación de los tres sectores urbanísticos de alta densidad en la zona norte es un «uso arbitrario del poder», reiterando que «la figura de planes especiales en suelos urbanizables constituye una invención».

Y en la fundamentación concreta que «se ejerce arbitrariamente el poder cuando la autoridad o el funcionario dictan una resolución que no es efecto de la Constitución y del resto del ordenamiento jurídico sino, pura y simplemente, producto de su voluntad, convertida irrazonablemente en aparente fuente de normatividad. Cuando se actúa de este modo y el resultado es una injusticia, es decir, una lesión de un derecho o del interés colectivo, se realiza el tipo objetivo de la prevaricación administrativa».

«La concesión de un índice de edificabilidad u otro no es baladí, pues los costes por repercusión de población suponen un parámetro decisivo en el modelo urbanístico y estado financiero del Ayuntamiento», recalca el auto.

En cuanto a la adquisición por el exgerente de Urbanismo de una parcela en la Urbanización Casa del Aire de Molina de Segura, propiedad de una de las promotoras del Convenio 20/2005, la resolución recoge como «indicios de delito de cohecho y/o negociaciones prohibidas», el hecho de presentar la instancia del convenio un día después de la compraventa y considera que debió abstenerse de participar en una tramitación administrativa en la que estaba inmersa dicha entidad.

Por último, para terminar de concretar los indicios resultantes de la prueba practicada en estas diligencias, el auto recoge que los relojes incautados al exconcejal fueron adquiridos antes de aprobarse el plan parcial, por una entidad inmersa en el Convenio 30/2005.

Tras esta resolución, el Ministerio Fiscal y las demás acusaciones personadas tienen 30 días para formular escrito de acusación, solicitando la apertura de juicio oral o solicitar el sobreseimiento de la causa, sin perjuicio de que, excepcionalmente, puedan solicitar la práctica de diligencias complementarias, concluye la parte dispositiva del auto.

El auto no es firme y contra él cabe recurso de reforma ante el mismo órgano que lo dictó y subsidiario de apelación ante la Audiencia Provincial.

 

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