Conchita Ruiz: «Me quita el sueño saber que nos vamos a retrasar en el pago de alguna ayuda»

-¿Qué se encontró?

-Una Consejería con muchos proyectos en marcha. Lo que hicimos fue centrarnos en finalizar aquello que exigía un corto plazo. Mi interés era, sobre todo, sacar adelante todo lo que estaba pendiente, teniendo en cuenta, además, que estás ahí porque te eligen, pero que no sabes por cuánto tiempo, y lo que quieres es avanzar y dejar tu trabajo hecho.

-¿Qué le ha quitado el sueño estos dos años?

-Uy, muchas cosas. Este cargo quita el sueño. Bueno, este, y yo creo que todos los del Gobierno regional. Sufres, por ejemplo, cuando sabes que te vas a retrasar en el pago de alguna ayuda, que es lo que tengo más reciente, pero son muchas cosas. También lo pasamos mal cuando sacamos una convocatoria de subvenciones, por ejemplo, del IRPF, de lucha contra la pobreza, que es en concurrencia competitiva, y vemos que alguna entidad se queda fuera, porque sabemos que está haciendo una labor importante y que puede afectar también a trabajadores, pero claro, es una concurrencia competitiva y todas no pasan. En ese caso siempre tratamos de ver posibles salidas.

-Sobre el retraso en el pago de las prestaciones de la Dependencia hemos conocido explicaciones diversas: una, que se trata de un problema de financiación, y otra, que la gestión burocrática resulta complicada. ¿Puede dar más detalles sobre lo ocurrido?

-Efectivamente es una gestión complicada porque se trabaja con una relación de personas que sufre muchas altas y bajas, y eso requiere de un trabajo muy laborioso. Pero a esto se han unido también esas tensiones de tesorería que se han comentado en los últimos días. Ha sido la suma de esas dos circunstancias. Este mes de noviembre se han pagado en tiempo y forma, como ha ocurrido prácticamente todos los meses. Es verdad que no hay un día fijo, que sería lo ideal, pero tratamos de no retrasarnos. Trabajamos para que se retome la normalidad y podamos pagar del uno al tres, como solicitó en una moción el otro día la Asamblea.

-¿Disponen de un plan para evitar que la situación se repita o es un mal que considera que escapa al control de su Consejería?

-Está claro que si dotas de más recursos humanos al equipo que lleva a cabo la gestión, no existirían retrasos, pero al final esas tensiones que se producen tienen que ver con la necesidad de tener una financiación acorde a las necesidades reales de esta Región, y eso, desde luego, repercute en la gestión de las nóminas de la Dependencia. Lo hemos dicho por activa y por pasiva, estamos asumiendo el 75% del gasto frente al 25% del Gobierno central. Es verdad que en los últimos años están haciendo un plan de choque. Pero llega tarde. Acaba de llegar. Además si llevas a cabo las actuaciones que serían deseables, nadie te garantiza que vayas a recibir la financiación al año siguiente, de tal manera que es muy difícil desarrollar acciones que generen un gasto estructural en la Comunidad, que ya de por sí está infrafinanciada.

-Otro retraso que preocupa en relación con la Dependencia es el que sufre la valoración. En 2023 más de 1.400 personas murieron esperando obtenerla, una cifra similar a la del año anterior, y la lista de espera volvió a crecer. ¿Cómo espera cerrar este año?

-Esperamos que las actuaciones que hemos llevado a cabo den resultados. Hemos reforzado a los equipos de valoración con más profesionales. Es verdad que hay una figura, que es la del médico, que no es fácil conseguir, y estamos viendo otras posibilidades que no pasen por un facultativo médico, sino por profesionales de Enfermería, por ejemplo. Y junto a eso estamos incidiendo en la agilización de los sistemas informáticos e invirtiendo mucho en la creación de plazas. Estoy convencida de que sí, que tiene que dar sus resultados. Es verdad que tenemos un importante incremento de solicitudes, pero tenemos que estar preparados para hacerle frente invirtiendo todos los recursos económicos posibles.

-La valoración para el reconocimiento de la discapacidad también se atasca. En enero acumulaba 16 meses de retraso, y en septiembre ya eran 20. ¿Cómo van a solucionarlo?

-Es una situación que nos preocupa y nos ocupa y que afecta a prácticamente todas las comunidades autónomas. Teniendo en cuenta que no recibimos financiación para afrontar y abordar las situaciones de discapacidad, hemos tenido que adaptarnos a la entrada del nuevo baremo, con una aplicación informática que pide más información. Y a eso se suma un incremento de solicitudes. Lo que hemos hecho ha sido reforzar con 11 trabajadores los equipos de valoración y descentralizar las oficinas donde solicitarla. Y en Caravaca y Yecla ya se ha notado un efecto positivo. Hemos desarrollado otras medidas, como prorrogar la discapacidad en una situación de emergencia y hacer valoraciones no presenciales, sobre todo, en mayores de 75 años, y estamos a punto de lanzar una nueva herramienta para que la persona que crea que puede tener una discapacidad pero no lo tenga claro, tenga un test para que se autoevalúe, de manera que las solicitudes que no prosperan, que son en torno a un 30%, no tengan que hacer ese camino. Son medidas que esperamos que funcionen.

-Entre los grandes retos de los últimos meses está la gestión de la crisis migratoria. ¿En qué situación se encuentra la Región?

-Yo puedo hablar de la situación de los menores no acompañados. Sobre los adultos desconozco los datos actualizados. Siempre hemos trasladado nuestro malestar por no recibir esa información como administración. Sabemos que tenemos un dispositivo de emergencia en el antiguo Hospital Naval de Cartagena con una capacidad de 700 personas, que creo que se está ampliando, pero no sabemos nada sobre las entradas y las salidas. En cuanto a los menores, hasta el 12 de noviembre de este año hemos acogido a 435, cuando en todo 2023 fueron 358. Y 176 de los que han llegado lo han hecho directamente desde Canarias como adultos a través del Hospital Naval, e identificándose después como menores, por lo que tenemos que hacernos cargo. Este Gobierno tiene que atender a las personas que están en situación de desprotección, de desamparo, y muchísimo más si son menores. Es nuestra obligación y un deber moral y ético. Pero se necesitan recursos para poder darles una adecuada atención. Si no, solo estamos trasladando el problema de un sitio a otro.

-Las tensiones con Vox respecto a estos menores acabaron en su ruptura del Gobierno de coalición. ¿Le sorprendió?

-Ni me sorprende ni me deja de sorprender. Al final fue una decisión que tomaron siguiendo unas instrucciones de Madrid. Cada partido es libre de tomar sus decisiones. A mí me parece que no era la opción para un partido que aspira a trabajar en los gobiernos. Nosotros cumplimos un acuerdo adoptado años antes para acoger a 16 menores porque otras comunidades nos estaban pidiendo socorro. Ese no puede ser el motivo real de abandonar un gobierno por el que tanto habían peleado. Pero bueno, me sorprenden ya pocas cosas.

-Ya avisan de que no apoyarán los Presupuestos si hay partidas destinadas a cumplir los objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas. ¿Va a condicionar eso el diseño de las cuentas?

-Yo creo que no. Lo que no va a consentir este Gobierno y el presidente es que se den pasos atrás en cuestiones importantes como, por ejemplo, la igualdad. ¿Quién no va a querer que haya igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres? ¿Quién no va a querer que se luche contra la pobreza y la exclusión social? ¿Quién no va a querer que se trabaje por la educación? Estoy convencida de que no va a afectar para nada a la hoja de ruta del Gobierno para trabajar por la igualdad de oportunidades y por que nadie se quede atrás. Para conseguirlo haremos lo que tengamos que hacer.

-La tasa de pobreza ha caído de forma generalizada en el último año, aunque crecen parámetros delicados, como la pobreza infantil severa. ¿Tienen identificado el problema?

-Estamos trabajando mucho con las entidades del tercer sector para detectar en qué puntos tenemos que incidir para combatir estas situaciones. El sentir común es que hay que seguir avanzando para favorecer esas rentas mínimas, el ingreso mínimo vital y la renta básica de inserción para aquellas familias y personas que no tienen ningún ingreso o necesitan de un apoyo. Pero desde luego, lo que hay que hacer es una acción transversal de Gobierno en todas las áreas e incluso de todo el tejido empresarial y de las entidades sociales. Por eso estamos trabajando en una estrategia regional de lucha contra la pobreza, para tener claro cuáles son los focos en los que tenemos que poner todos los esfuerzos. Estamos realizando actuaciones de choque como el programa Pares, que trabaja precisamente con familias que están en situación de pobreza severa que viven en una infravivienda o en una chabola, y que está dando muy buenos resultados. Tenemos ya 75 familias con un hogar y el acompañamiento clave de los servicios sociales. La gratuidad de la educación infantil también es importante, y la atención temprana gratuita o las tarjetas monedero, que han venido a través de Europa por el Gobierno central y que, más allá de que considero que tiene que llegar a más familias, permiten acceder ya a alimentos a 2.700 familias con menores. Estamos haciendo un esfuerzo importantísimo.

-Respecto a la atención temprana, el sistema también ha sufrido algunas dilaciones.

-Estamos hablando de que más de 7.000 menores se han beneficiado ya de la gratuidad de la atención temprana, más del 54% de niños que antes de la ley. Terminamos una primera fase en la que ha habido una gran demanda con la puesta en marcha de esta gratuidad. Dicho eso, hay familias que tienen que esperar más y otras menos. Prima la elección de la familia del centro. Algunos tienen mayor demanda porque son más conocidos o por su ubicación. En cualquier caso, hemos ampliado el número de centros con los que trabajamos para prestar el servicio y que pueda llegar antes a más menores. Hemos pasado de 25 a 62.

-¿Qué líneas de trabajo abordan este año contra la violencia de género?

-Nuestro trabajo está centrado principalmente en consolidar los recursos que tenemos, como la red regional de centros de atención a víctimas (Cavi), que de enero a octubre atendió a 6.426 mujeres, y en avanzar junto a los servicios sociales de los ayuntamientos para hacer las derivaciones y detectar casos. Estamos trabajando mucho en la renovación de los protocolos de coordinación, porque al final esto tiene que ser un trabajo de todos los agentes implicados. Y tenemos ya un primer borrador del segundo pacto regional contra la violencia hacia las mujeres para los años 2025-2029, que vamos a presentar en el Observatorio de Igualdad este lunes, un nuevo documento que pretende contar con el apoyo de todas las entidades sociales y de todos los que trabajan en esta materia tan importante, con el que queremos hacer frente a las nuevas situaciones de violencia hacia las mujeres, como la violencia digital, la violencia vicaria e incluso de la violencia económica, para las que tenemos que aportar herramientas metodológicas de trabajo.

-¿Cómo valora el nuevo modelo de cuidados impulsado por el Ministerio? Va suponer una inversión muy importante hasta 2030 para las comunidades.

-Estamos poniendo en marcha muchos recursos que se adaptan a este nuevo modelo que financian los fondos 'Next Generation'. Estamos creando nuevos espacios o adaptando los que ya están e invirtiendo en formación y especialización de los profesionales, porque lo que se nos dice es que tenemos que poner a la persona en el centro, para que en lugar de que sea ella la que se adapte a la institución o al servicio, sea la residencia o la prestación la que se adapte a las necesidades de las personas. Estamos totalmente inmersos en los cuidados de larga duración, con cerca de 25 viviendas tuteladas, de las que unas 5 o 6 se han inaugurado este año, y prevemos abrir otras nuevas, que son residencias convertidas en viviendas tuteladas para las personas con discapacidad. Y respecto a los mayores, nos ha permitido digitalizar la teleasistencia, llegando además a más personas, y que las residencias reciban fondos para adaptar los espacios. Es una oportunidad histórica de recibir más financiación de Europa que permite crear nuevos recursos. Ahora vamos a sacar una tercera convocatoria de ayudas de los Next Generation a entidades locales y entidades privadas sin ánimo de lucro para la adquisición y creación de nuevos centros de día y servicios de promoción de la autonomía personal. La valoración es positiva.