La Comunidad impulsa una comisión para atajar los problemas de salud mental en las aulas

Como primer paso, Educación se ha comprometido a presentar en un par de semanas la guía de prevención de la conducta suicida en centros educativos, en la que ha trabajado un equipo interdisciplinar de Educación y Salud, y que actualmente está en fase de revisión por parte de los técnicos de Salud. El documento director tratará de dar pautas a los docentes y equipos directivos de los centros educativos, fundamentalmente los institutos, para que puedan dar los pasos correctos cuando detecten entre sus estudiantes actitudes o hechos que puedan considerarse de riesgo.

Los directores de los institutos llevan meses alertando del incremento de casos de autolesiones y, en mucha menor medida, tentativas de suicidio en las aulas. Según denunció la Asociación de Directores de Educación Secundaria (Ades) recientemente, los casos detectados, de los que se da parte a la Consejería de Educación, son solo la punta del iceberg de los estragos que la pandemia está causando a la salud mental de niños y adolescentes. «Han aflorado de manera preocupante y, aunque tenemos unos protocolos muy pautados, necesitamos ayuda profesional para atender este incremento», dijo en su momento la presidenta y directora del instituto Sanje de Alcantarilla, Isabel Saturno. También la psiquiatra y coordinadora del proyecto Prevención Suicida Murcia, Loreto Medina, quien ha participado en la elaboración de la guía de prevención, consideró de vital importancia que los profesores sean formados para saber cómo actuar cuando se presenten casos, y apuntó la necesidad de lograr mayor coordinación entre los servicios de Salud y de Educación.

La consejera de Educación, María Isabel Campuzano, quien anunció ayer la creación de la nueva comisión, insistió en su idea de que el papel del área de enseñanza en la cuestión de la salud mental de los menores es muy limitado. «Se está creando una comisión con Salud, que en realidad es quien tiene que liderar este proceso con Política Social y Educación, porque esto va más allá de un problema educativo. Es un problema social que tenemos que afrontar entre todos, y todos los elementos que puedan aportar algo tienen que estar en la mesa», dijo Campuzano, quien aseguró que su departamento ha estado pendiente del problema desde que comenzó a dar síntomas. «Llevamos reuniéndonos desde que se detectaron los casos, en principio por la pandemia, pero no es por la pandemia; cualquier frustración, los jóvenes tienen poca capacidad para sobrellevarla. Es un problema social y no educativo. Tenemos que abordarlo desde todos los parámetros».

Como ya admitió hace unos días, la consejera es consciente de que «hay un problema social que se manifiesta en las aulas. Desde el ámbito educativo estamos intentando paliarlo, pero no podemos hacerlo solos, tenemos que hacerlo con Salud y Política Social. Se debe abordar el problema en origen, no en las manifestaciones que nos encontramos en los centros educativos. No somos especialistas en salud mental», zanjó ayer Campuzano.

Con los docentes y equipos directivos de los institutos, los profesionales sanitarios también han puesto sobre la mesa en varias ocasiones datos que alertan sobre la situación: las consultas de menores y adolescentes a los servicios de salud mental del Servicio Murciano de Salud han aumentado más de un 25%, y las de psiquiatría que llegan por Urgencias por intentos de autolisis, un 50%.

El margen de actuación en los centros educativos que detectan algún problema de salud mental entre sus alumnos es, hasta la fecha, muy limitado. Cuando los docentes aprecian algún síntoma, citan a los padres y, en los casos de autolisis, dan aviso a los servicios de Salud y de Educación. Antes, los orientadores se entrevistan con los alumnos para calibrar la dimensión del problema.

El espectro de problemas de salud mental que se esconden tras esos episodios recorre depresión, ansiedad, trastornos de la conducta alimentaria... que han aflorado en mayor medida tras la pandemia. Los orientadores cuentan con el apoyo del equipo de convivencia de la Consejería de Educación y de los técnicos de servicios a la comunidad, aunque en los centros educativos insisten en que los recursos son insuficientes. Además, lamentan que a las familias les resulta muy complicado recibir atención psicológica en los servicios públicos de salud porque las listas de espera son largas.