El Gobierno regional acelera su blindaje fiscal con la nueva ley de autonomía financiera

Dentro de esta dinámica de confrontación, el Gobierno regional quiere disponer lo antes posible de todas las armas jurídicas a su alcance para contrarrestar iniciativas adversas. La principal de ellas es la ley de Autonomía Financiera que ha elaborado y que el Grupo Parlamentario Popular piensa presentar en la Asamblea Regional la próxima semana como proposición de ley.

Se trata de una norma sencilla, con tan solo doce artículos -cinco menos que la ley homónima que Madrid tiene desde enero-, que pretende proteger la autonomía fiscal que la Constitución reconoce en su artículo 156.7 a las comunidades autónomas, que está recogida también en el 40 del Estatuto de Autonomía y que el Tribunal Constitucional considera un «instrumento indispensable para la consecución de la autonomía política» de las comunidades.

Dicha autonomía se manifiesta, según la exposición de motivos de la ley, en la capacidad normativa que posee la Comunidad para, entre otras cuestiones, subir o bajar los impuestos que gestiona, lo que a su vez le otorga una corresponsabilidad fiscal para decidir lo que recauda y a qué lo dedica. El actual sistema de financiación autonómica, aprobado en 2009, aumentó la autonomía y la corresponsabilidad fiscales de las comunidades al concederle más capacidad normativa en materia tributaria.

«Restringir la autonomía fiscal y menoscabar la capacidad normativa constituiría una lesión al principio de lealtad institucional -indica la ley-. Además, impediría a la Región de Murcia utilizar uno de los pocos mecanismos a su disposición para, a través de la autonomía financiera, reforzar el estado del bienestar, que se concreta a través del ejercicio de las competencias autonómicas en servicios públicos fundamentales como la educación, la sanidad y la protección social de la población más vulnerable».

Es decir, que el Gobierno regional pretende con esta norma proteger no solo sus ingresos, sino también su libertad para decidir en qué los gasta.

En realidad, si traducimos en euros esa autonomía financiera que quiere blindar el Ejecutivo autónomo tampoco supone tanto para las arcas regionales. En el Presupuesto de la Comunidad de este año, los fondos recibidos con cargo al sistema de financiación autonómica ascienden a 3.325 millones de euros. Es una cantidad que transfiere el Gobierno central, procedente en parte de lo que recauda en la Región por IRPF, IVA y otros impuestos estatales, y sobre la que el Ejecutivo autónomo no tiene capacidad de intervenir. Mientras que la cantidad presupuestada por los tributos que gestiona y sobre los que tiene autonomía para retocar -sucesiones, patrimonio, transmisiones patrimoniales, actos jurídicos, son los principales- asciende a 397 millones de euros.

Sin embargo, aunque el margen de maniobra fiscal de la Comunidad sea muy limitado, no piensa renunciar ni un ápice del mismo porque es el que le permite desarrollar sus propias políticas económicas, que en el caso de la Región de Murcia se centran en la moderación tributaria.

El consejero de Economía y Hacienda, Luis Alberto Marín, pone un ejemplo con el que pretende demostrar su argumento de que a menos impuestos más ingresos. El 76% de los 397 millones que ingresa la Comunidad por los impuestos que gestiona corresponde al de Transmisiones Patrimoniales, vinculado a la compraventa de viviendas y otros bienes, es decir ligado a la evolución de la actividad económica. Pues bien, la recaudación por Transmisiones Patrimoniales ha crecido un 33% en el último año, en parte gracias, según Marín, a que los murcianos, al pagar menos impuestos, disponen de más dinero para adquirir bienes.

Según el artículo 2 de la ley de Autonomía Financiera, corresponde a la Asamblea Regional, al Gobierno y a la Administración de la Comunidad su defensa mediante la utilización de los mecanismos previstos en el ordenamiento jurídico nacional, europeo o internacional.

El mecanismo que fija el artículo 12 es el recurso de inconstitucionalidad, que se presentará, previo informe de los Servicios Jurídicos de la Comunidad, contra «cualquier ley, disposición normativa o acto del Estado con fuerza de ley que infrinja la autonomía financiera que los artículos 137, 156 y 157 de la Constitución Española reconocen a la Comunidad Autónoma». También habrá recurso de inconstitucionalidad contra cualquier ley o norma que infrinja la corresponssabilidad fiscal de que disfruta la Comunidad. Mientras que en caso de que una «disposición, resolución o acto emanado del Estado o de otra comunidad autónoma» no respete la autonomía y corresponsabilidad fiscal de la Región dará lugar a «la formulación de un requerimiento de incompetencia y, en caso de no ser atendido, al planteamiento de un conflicto positivo de competencia».