La Comunidad acoge a 215 'menas' y Franco avisa de que «hemos llegado al límite de nuestra capacidad»

Los servicios sociales de la Comunidad Autónoma mantienen acogidos en trece centros diferentes a 215 de los 305 menores inmigrantes llegados a las costas de la Región en 2019. «Hemos llegado prácticamente al límite de nuestra capacidad», aseguró la consejera de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social, además de vicepresidenta del Gobierno autonómico, Isabel Franco, durante su comparecencia, este lunes, en la Comisión de Sanidad y Asuntos Sociales de la Asamblea Regional para informar sobre la gestión en la atención a los menores extranjeros no acompañados, los llamados 'menas'.

La consejera avanzó que ha pedido ayuda al Gobierno de España para que adopte medidas extraordinarias que permitan «compensar el gasto que genera a esta Comunidad la atención a estos chicos. Necesitamos medidas complementarias que permitan asumir el gasto que supone para garantizar en el tiempo el servicio que reciben. Es importante que el Gobierno de la nación se implique económicamente«. En su opinión, la Administración autonómica lleva tiempo asumiendo competencias que »nadie paga« y pese a que los fondos necesarios no llegan »la asistencia está garantizada«

Tras dos meses de llegada esporádica de pateras, debido a las malas condiciones en la mar, Franco advirtió de que la situación podría cambiar radicalmente en los próximos días con una posible «avalancha» y que, si esto se produjera, «podríamos vernos superados por la situación» en caso de la llegada masiva de niños.

La consejera recordó que la asistencia a estos inmigrantes se presta «por imperativo legal» debido a las leyes de extranjería y a la de protección del menor, aunque también defendió ante la comisión criterios humanitarios para proporcionar a esos chicos el afecto y las oportunidades que no reciben ni en sus familias ni en sus lugares de origen.

Según Franco, el Gobierno de España no ha hecho aportaciones a la Comunidad en esta materia, cuando en 2018 aprobó un Real Decreto con medidas extraordinarias que permitió hacer un traspaso de dinero de hasta 40 millones de euros entre las comunidades autónomas que asumían este tipo de funciones. «En la última reunión mantenida con la ministra Carmen Calvo dijo que no se contemplaba este año porque estábamos con presupuestos prorrogados y que mientras no hubiera un gobierno estable no se contemplaba alguna ayuda», añadió.

Durante su comparecencia,recordó que desde 2017 se ha incrementado la recepción de menores inmigrantes no acompañados en la Comunidad. En 2017 atendieron a 412 y en 2018, 501. A 31 de diciembre del año pasado, había en situación de acogimiento residencial 210 menores, mientras que en esa misma fecha en 2017 eran noventa.

La diputada de VOX, María Isabel Campuzano, pidió devolver a sus países a todos esos menores aduciendo que así lo piden asociaciones de Marruecos favorables a que esos chicos tengan «raíces y puedan estar con sus familias». Además, se mostró favorable a cambiar la legislación porque la actual contribuye, según ella, a «crear un efecto llamada».

Campuzano también defendió que cuando estos menores llegan a la Región se les «encierra en barracones; es lamentable». Y destacó que cada plaza en un centro de menores de este tipo cuesta 100 euros al día: «Son casi 3.000 euros al mes, un 70% más que en las plazas de residencias de mayores, con ese dinero se podría arreglar la vida de estas familias en su origen», expuso, para denunciar también que «estamos equivocando las políticas migratorias».

Vox volvió a reclamar el cierre del centro de menores de la pedanía murciana de Santa Cruz pese a que la consejera negó que esté masificado. No obstante, Franco reconoció que esa exigencia está en el acuerdo de gobierno pactado por el PP y Vox y asumido por su partido, Cs, pero también dejó claro que la Comunidad debe cumplir la ley.

El socialista Pedro López, en cambio, recordó que la atención a los menores está recogida en el ordenamiento jurídico y reconoció la «solvencia y garantías» con las que la Comunidad está atendiendo a estos menores.

«La comparecencia se ha producido porque hay un discurso que criminaliza a estos niños. Pedimos a la consejera que sea firme con respecto a prevalecer todos los centros abiertos, desde el de Santa Cruz, y que también ponga en marcha campañas de concienciación para atacar el discurso falso que lo que hace es criminalizar a estos niños», declaró.

La diputada de Podemos, María Marín, demandó a la consejera medidas concretas para atender a estos menores. La acogida, que es «competencia de la Comunidad, no debería servir para eludir responsabilidades y exigió medidas para »combatir el discurso de odio de determinados partidos«.

El diputado del PP Antonio Calderón afirmó que «hay que atenderlos sí o sí porque son niños». «No podemos andar con nombre, no con acrónimos, hay que ver las realidades, sus historias y trayectorias , el porqué de sus dificultades», dijo el parlamentario, quien apeló a los partidos «a trabajar todos juntos ya que llevará a una convivencia efectiva y propiciará su inclusión» y reclamó al Gobierno de España los «fondos necesarios».

Desde Ciudadanos, Francisco Álvarez mostró el apoyo de su grupo para atender a estos menores. «Hay que intentar recabar el apoyo del Gobierno de la nación, que es absolutamente necesario ya que esto no es competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma», dijo.