El Colegio llevará a iDental a los tribunales por «estafa y delito contra la salud pública»
La compañía asegura que está «trabajando para buscar una solución a sus pacientes»
El Colegio de Dentistas de la Región llevará a los propietarios de iDental a los tribunales por presunta «estafa y delito contra la salud pública», según adelantó ayer el presidente de la institución, Óscar Castro. La cadena 'low cost' se enfrenta a una avalancha de reclamaciones judiciales tras el cierre, sin previo aviso, de todas sus clínicas en España, entre ellas la de Cobatillas, en Murcia. Centenares de pacientes se han quedado en la Región con sus tratamientos a medio, pese a estar ya pagados mediante préstamos. Muchos de los afectados denuncian además mala praxis y graves secuelas como consecuencia de la atención recibida.
Los colegios profesionales de toda España están iniciando acciones penales, como también algunas administraciones. Es el caso de la Junta de Andalucía, que ya ha anunciado que remitirá a la Fiscalía para su valoración las reclamaciones que están presentado los afectados ante Consumo. En Murcia, la Comunidad no ha aclarado todavía qué pasos dará. En un comunicado, la Dirección General de Comercio, Consumo y Simplificación Administrativa señaló el jueves que desde mediados de 2017 «se incrementaron las inspecciones» para «comprobar posibles ilícitos penales», pero no se ha concretado si se tomará alguna iniciativa al respecto. Los afectados se están agrupando en plataformas, y además Consumur y la Unión de Consumidores (UCE) han ofrecido su asesoramiento. También el Ayuntamiento de Murcia.
En un comunicado, iDental señaló ayer que «los nuevos administradores» de la empresa «trabajan en estos momentos para ofrecer la mejor solución posible a los problemas que aquejan a la compañía». iDental, a las puertas de un concurso de acreedores, está desde octubre de 2017 en manos del fondo de inversión Weston Hill. Tras duros enfrentamientos internos, a finales de mayo se destituyó a Luis Sans, hasta entonces consejero delegado del grupo, y se nombró a una nueva directiva, controlada por los hermanos Juan y José María Garrido. Las 26 clínicas de la compañía han ido cerrando en las últimas semanas de forma progresiva, dejando con los tratamientos a medio a miles de pacientes con escasos recursos, que acudieron en su día a iDental atraídos por una agresiva publicidad basada en supuestos descuentos de hasta el 80%.
Podemos pide a la Consejería que aclare a qué controles ha sometido a la clínica, denunciada por mala praxis
«Las primeras medidas que se pondrán en marcha tienen como objetivo resolver la actual situación de pacientes y trabajadores», aseguró ayer iDental en su comunicado. «La recién llegada dirección se ha puesto en contacto con las entidades financieras, a efectos de facilitarles cuanta información sea necesaria relativa a los tratamientos clínicos que los pacientes pudieran tener pendientes de terminación. Las entidades financieras podrán así en sus contactos con los clientes disponer de la situación de cada uno de ellos», continúa la nota de prensa.
«En cuanto a la situación actual de los trabajadores», la empresa «está trabajando para dar la mejor solución posible a la compañía, para garantizar su viabilidad. Se espera que se consigan avances en las próximas semanas», señaló iDental. La actual dirección ha anunciado querellas contra «el anterior equipo directivo por las irregularidades detectadas en la gestión. En ella aparecen, entre otros, Luis Sans».
Por su parte, la diputada regional de Podemos María Ángeles García ha solicitado al consejero de Salud, Manuel Villegas, que aclare qué pasos ha dado la Administración «ante la alarma social y la estafa de iDental».
El derrumbe anunciado de un gigante de barro
IDental-Dentistas con Corazón nació en 2015 de la mano del empresario Javier García Pellicer. Poco a poco se fue expandiendo hasta sumar 26 clínicas, entre ellas un macrocentro en Cobatillas. Los supuestos descuentos atrajeron a desempleados, pensionistas y personas con pocos recursos que ahora se encuentran con sus tratamientos a medio tras desembolsos que en algunos casos llegan a los 4.000 euros. La cadena 'low cost' ha ido acumulando denuncias por mala praxis. Muchos de los odontólogos que atendían a los pacientes eran recién graduados a los que se les ofrecía un máster a cambio de trabajar en las clínicas.
