Casi 300 vecinos de la urbanización murciana de La Ladera luchan más de dos décadas por legalizar su situación

«Hemos interpuesto contra el Ayuntamiento cuatro denuncias en el Contencioso-Administrativo para intentar resolverlo, puesto que no lo logramos directamente en Urbanismo, donde insisten en que no pueden devolver los avales hasta que se dote a la urbanización de los servicios que faltan», explicaron fuentes de los afectados, quienes subrayaron que lograron, gracias a una resolución judicial de abril de 2016, que les concedieran las cédulas de habitabilidad.

El proyecto de urbanización se remonta a 1996, y el promotor único fue la Sociedad La Ladera. «Lo que no se entiende es que siendo concejal de Urbanismo Fernando Berberena se concedieron 100 cédulas de habitabilidad con devolución de avales a las mercantiles Promociones Náuticas y Terrestres SL y Tabiques Regulares SL, mientras que al resto de vecinos se les han retenido indebidamente los avales de sus licencias de edificación, en un período que abarca casi veinte años», destacaron, y subrayaron que «los propietarios están deseando llegar a un acuerdo y acabar con este asunto ya».

Los representantes vecinales calificaron de «como mínimo contradictorio» que sus defendidos sigan igual mientras el Ayuntamiento acaba de conceder una licencia para la construcción de una residencia de mayores en esta zona. «¿Cómo es posible que no se devuelvan los avales, porque se considera que no puede recepcionar la urbanización por falta de dotación de servicios, y conceda una licencia para construir en un edificio BIC y en su entorno, que, según ellos, carece de servicios?», inquirieron, si bien dejaron claro que no se oponían a esta obra.

Recordaron que el Ayuntamiento no tuvo ningún problema en devolver los avales en su día a la primera sociedad promotora pese a no que no cumplió con las obligaciones de urbanización y dotación de servicio adquiridas. Esta empresa vendió posteriormente a otra promotora las parcelas para que las urbanizara por fases, una de las cuales es la que está teniendo los problemas con la devolución de los avales.

«El Ayuntamiento retiene de forma indebida ese dinero en expedientes de licencias de edificación, cuando nada se sabe ni del promotor del Sector, el mismo de las obras de urbanización, ni de los avales de éste», comentaron los representantes, que rechazaron que, mientras, la administración municipal «financia unas obras con dinero de vecinos, señalando que el Sector no tiene dotaciones suficientes».

En el expediente de recepción abierto en Urbanismo figura la necesidad de que se acometan con el dinero de los vecinos obras en la zona como mejora de toda la luminaria, de la jardinería y que se construya una pasarela para cruzar la rambla de Churra a la altura del colegio público Carolina Codorníu. Estos son unas dotaciones de servicios diferentes a las que originariamente se pidió a la urbanizadora, manifestaron, y que se referían a la construcción de un centro de salud y de una guardería, entre otras. «Pero no lo hicieron en su día y por lo visto el Ayuntamiento entendió que no pasaba nada, porque les devolvió los avales».

El exconcejal de Urbanismo, el popular Antonio Navarro, indicó que «el asunto es muy complejo» porque se retrotrae a un Programa de Actuación Urbanística (PAU) de los años 90, que cuando salió a concurso incluía unas obligaciones complementarias más allá de la urbanización, que «son las que están pendientes», por lo que «jurídicamente» es complicado de solucionar. Las soluciones posibles, dijo, eran o esperar a que se pronunciara un juez o alcanzar un acuerdo con el Ayuntamiento, tras analizar todas las partes el asunto con los servicios jurídicos municipales.

Este periódico intentó contar con la opinión del actual concejal de Urbanismo, Andrés Guerrero, sin conseguirlo.