El TSJ da carpetazo a 20 años de litigio entre 700 familias de La Ladera y el Ayuntamiento de Murcia

El fallo del TSJ echa por tierra la que hace dos años daba la razón a los vecinos, dictada en marzo de 2022 por el juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Murcia, que defendía que el dinero de los avales de los vecinos para cubrir los posibles desperfectos en las obras de edificación de las casas no se podían utilizar para obras de urbanización de los terrenos. Avales por 935.997 euros. Ahora, el TSJ corrobora, al estimar el recurso de apelación, la tesis del Ayuntamiento, que sostenía que sí se podía hacer uso de ese dinero para las obras pendientes de los sistemas generales de urbanización.

Las obras de la discordia, incluidas en el proyecto municipal aprobado en 2017, «para la correcta terminación de las obras de urbanización», según se recoge en el mismo, contemplaban infraestructuras hidráulicas (rambla de Churra); pavimentación de calzadas y aceras; ejecución de jardines; infraestructuras de alumbrado público y ejecución de la pasarela peatonal sobre la rambla frente al equipamiento docente (en concreto en el colegio Carolina Codorníu, cuyas instalaciones están separadas por este cauce).

Y aunque los vecinos de las fases II y IV, a través de sus abogados, siempre han mantenido que la promotora de La Ladera era la que tenía que haberlas acometido, el TSJ falla en contra de esta tesis e indica que las obligaciones derivadas del pago de la totalidad de los costes de urbanización le corresponde a los propietarios de las viviendas a través de los mencionados avales.

El presidente de la Cooperativa Glorieta II, Antonio Sánchez Abril, comentó, tras conocer la sentencia y haber tenido una reunión a principios de año con el concejal de Planificación Urbanística, Antonio Navarro, que «nuestra única pretensión es poder cerrar la cooperativa y acabar con tantos quebraderos de cabeza», a la vez que insistió en que entre los cooperativistas «hay un total hastío ante un problema que se está eternizando». Sánchez apeló al edil para que «urja a sus Servicios Técnicos a la inmediata recepción de las obras de urbanización de La Ladera sin ocasionarnos más gastos y dilaciones».

El presidente de la cooperativa ponía como ejemplo que llevan cuatro años intentando cobrar la derrama que adoptaron para poder pagar el descubierto ocasionado por la ejecución de avales realizada por el Ayuntamiento el 4 de septiembre de 2019, y «todavía son 22 los cooperativistas que no la han abonado». En definitiva, dijo, «nos sentimos maltratados por nuestro Ayuntamiento, que es la institución que nos representa y que tiene todas las competencias necesarias para resolver esta injustificada situación de 20 años de ilegalidad urbanística».

En concejal de Planificación Urbanística, Huerta y Medio Ambiente, Antonio Navarro, tras congratularse por el fallo judicial favorable, «que está en la misma línea de otros anteriores», destacó que el Ayuntamiento no puede recepcionar estas cooperativas hasta que no estén ejecutadas las obras de urbanización pendientes. «Debemos determinar si las harán los vecinos o nosotros subsidiariamente con sus avales, pero antes una comisión técnica entre ambas partes debe actualizar los trabajos pendientes teniendo en cuenta el proyecto aprobado en 2017; de estas, cuáles se tienen que ejecutar», añadió. Por parte municipal se debe hacer cargo el área de Infraestructuras de la Concejalía de Fomento.