Puntilla al contrato de parques y jardines licitado por el PSOE en Murcia
El Tribunal Central de Recursos Contractuales ordena volver a redactar los pliegos tras estimar el recurso presentado por la patronal del sector
En el último suspiro del mandato y sin apenas publicidad. Así fue como aprobó el gobierno del socialista José Antonio Serrano la licitación del macrocontrato de mantenimiento de parques y jardines, cuyo montante rozaba los 100 millones de euros repartidos en cinco lotes. Una de las primeras decisiones del actual concejal de Desarrollo Urbano, José Guillén, tras su vuelta a La Glorieta fue la de poner en 'stand-by' los citados pliegos, con los que se pretendía asegurar la continuidad de un servicio que quedaba en el aire tras la finalización en noviembre de la anterior adjudicación.
Hace unos meses, el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales avalaba esta postura tras estimar un recurso presentado en junio del año pasado por la propia patronal del sector, la Asociación de Empresas de Gestión de Infraestructura Verde, en el que se solicitaba una nueva redacción de la propuesta municipal. Ni siquiera tuvo, por tanto, que tomar ninguna decisión el nuevo edil para que el plazo de presentación de ofertas quedara en suspenso –a tres días de su conclusión–, algo que determinó de manera cautelar el propio tribunal.
La decisión final de este órgano administrativo, emitida el pasado mes de septiembre, y de la que tomó cuenta la Junta de Gobierno municipal el 27 de marzo, obliga a «retrotraer el procedimiento al momento anterior a la aprobación de los pliegos», tumbando, por tanto, las prescripciones aprobadas en su día por el gobierno socialista e instando a su modificación. Estima así parcialmente el recurso presentado por la patronal, centrándose particularmente en dos de los argumentos esgrimidos por la recurrente.
Naturaleza errónea
El primero es el de la naturaleza del contrato, calificado como de «servicios» y que el órgano considera que debía haberse configurado como «mixto», al incluir también «prestaciones propias de los contratos de suministro». El segundo atañe a la fórmula matemática fijada para valorar el criterio del precio de las ofertas presentadas, que la patronal valora como «contraria a Derecho», al no ser «proporcional».
En esa línea, el tribunal advierte de que «la aplicación de una fórmula de valoración que suponga o implique que la Administración no obtiene la oferta económicamente más ventajosa constituye una vulneración directa de la Ley de Contratos del Sector Público». Subraya, además, que la propuesta elegida «reduce significativamente los márgenes entre las ofertas más altas y las más bajas, rebasando el margen de discrecionalidad con el que se cuenta para elegir una fórmula u otra».
No estima, sin embargo, el tribunal que el presupuesto base de licitación no sea adecuado por ser inferior a los precios reales de mercado o al coste efectivo de prestación del servicio, como defendían los recurrentes. Señala el concejal Guillén que, tras esta resolución, el servicio se encuentra ya próximo a licitar un nuevo pliego de condiciones, «que sí responderá a las necesidades del municipio», para adjudicar un servicio actualmente bajo prórroga.
