PSOE y Podemos piden hasta cinco años de prisión al expresidente Sánchez por el 'caso Auditorio'

Pedro Antonio Sánchez, llegando al Palacio de Justicia el pasado diciembre. /NACHO GARCÍA / AGM
Pedro Antonio Sánchez, llegando al Palacio de Justicia el pasado diciembre. / NACHO GARCÍA / AGM

Le atribuyen haber usado «subvenciones desproporcionadas e innecesarias para sacar rédito político» en Puerto Lumbreras

Ricardo Fernández
RICARDO FERNÁNDEZ

Dos años de cárcel, que podrían elevarse hasta cinco si se contempla de forma alternativa un posible delito de falsedad documental, y una veintena de años de inhabilitación especial son las penas que reclaman las acusaciones particulares en el 'caso Auditorio', representadas por el portavoz del PSOE en Puerto Lumbreras y la formación política Podemos, contra quien fue alcalde lumbrerense y presidente de la Comunidad de Murcia, Pedro Antonio Sánchez López. Los cargos que le atribuyen son los de un delito de prevaricación continuada, otro de prevaricación y uno más de fraude de subvenciones, aunque subsidiariamente le añaden los de falsedad y fraude a la Administración.

Los acusadores privados también dirigen sus imputaciones contra el arquitecto Martín Lejarraga, autor del proyecto de Auditorio cuya construcción no llegó a concluirse en el municipio lumbrerense y a quien se le atribuye un delito de prevaricación; la secretaria municipal Caridad García Vidal (prevaricación continuada y fraude de subvenciones), y el representante de la cosntructora Ecisa, Vicente Gimeno Merino (prevaricación).

Los hechos supuestamente ilícitos que justifican este escrito de calificación, al que 'La Verdad' ha tenido acceso, se resumen en la supuesta contratación irregular del aquitecto Lejarraga por parte del entonces alcalde Pedro Antonio Sánchez, al haberlo hecho presuntamente de forma verbal y omitiendo toda la normativa existente sobre contratación pública; la obtención de una subvención de la Consejería de Cultura mediante la supuesta utilización de datos falsarios y sin cumplir la finalidad para la que había sido otorgada esa ayuda pública, y la redacción de un proyecto modificado para las obras del Auditorio, presuntamente injustificado desde un punto de vista técnico y con el que en apariencia solo se habría tratado de ocultar que faltaban 2,2 millones de euros para poder concluir la construcción.

Respecto de la responsabilidad penal concreta que se atribuye a Pedro Antonio Sánchez, los letrados de la acusación particular, Alberto Martínez Soriano (PSOE) y Ginés Ruiz Maciá (Podemos), recuerdan lo que consideran vanos intentos del antiguo alto cargo del PP cuando, en su declaración como imputado, trató de desligarse de las decisiones presuntamente ilícitas, aduciendo que «solo me dedicaba al impulso político», «la Alcaldía no es un ente administrativo», «el alcalde es un trámite cosido a otros» y que «confío en las persona que hacen los pliegos, porque son buenos profesionales». Para las acusaciones privadas, las diligencias demuestran que en el proyecto de construcción del Auditorio ocurrió «justamente lo contrario, con un alcalde omnipresente y con una gestión personalísima», pero que en el juzgado «intentó cargar sobre los técnicos» toda la responsabilidad.

Así, sostienen que la decisión de contratar «verbalmente» a Lejarraga fue solo suya y que ya un año antes de solicitar la subvención se habían fotografiado juntos en la parcela de la Rambla de Nogalte en la que en un primero momento pretendían edificar el centro cultural. El resto de los trámites administrativos necesarios para ir impulsando el proyecto también fueron asumidos por el entonces alcalde, que presidió todos los órganos decisorios y firmó las resoluciones.

En el escrito de calificación también se incluye algún reproche estrictamente político, como el que se refiere a que Sánchez, que ya antes que alcalde había sido director general en la Comunidad, aprovechó sus contactos en la Administración regional «para recibir subvenciones para grandes infraestructuras, completamente desproporcionadas e innecesarias para la ciudad de Puerto Lumbreras, que le permitieron obtener provecho político (mayorías absolutas e impulsar su carrera política fuera del ámbito local)». Y en esta línea recuerdan el reproche que ya le hizo en su día el magistrado instructor, en un auto de julio de 2017, cuando señaló que «al alcalde le dan seis millones de euros de dinero público para construir un Auditorio y, menos cumplir con esa finalidad, hace lo que le place, con grave daño a todos los españoles, que de una y otra forma llevamos años pagando esos desvaríos; a la Comunidad y a todos los municipios de la Región susceptibles de recibir subvenciones más perentorias, y por último al pueblo de Puerto Lumbreras, que se ha quedado sin Auditorio».