Nuevas soluciones en el Ayuntamiento de Murcia para viejos problemas

La conclusión transmitida es, por tanto, que se hizo todo lo que estaba en manos del gobierno municipal, pedir una orden de precinto de los establecimientos que nunca se llegó a ejecutar por parte de los funcionarios. Sin embargo, el plan dibujado el pasado jueves por la vicealcaldesa de Murcia, Rebeca Pérez, para poner en marcha medidas que mejoren el funcionamiento administrativo del Ayuntamiento a futuro dejaba al descubierto carencias de las que el Consistorio parece haberse hecho ahora consciente. Cada propuesta cuenta con su reverso.

Los nuevos protocolos de actuación que se pretenden implantar en materia de actividades y disciplina urbanística persiguen tres objetivos en la mejora de la gestión de los expedientes. El primero es el de clarificar «la trazabilidad de todo el proceso», intencionalidad que deja patente algo que sabe, a primera vista, todo el que trabaja con la Administración: la enorme descoordinación entre servicios existentes.

Claro ha sido el caso del expediente de cierre de Teatre, sobre cuya ausencia de licencia y orden de cierre no sabían nada, según han reconocido fuentes municipales, el Cuerpo de Policía Local ni la Concejalía de Salud, que realizó una inspección sanitaria al establecimiento meses después de que se decretara su precinto. Tampoco se precisa oficialmente por qué ese expediente no continuó el camino previsto. No obstante, señalan al menos desde el Consistorio que todos los expedientes de Urbanismo posteriores a 2019, una concejalía que ha mostrado ciertos atavismos documentales, están digitalizados y foliados.

La segunda finalidad enunciada por Pérez dentro de estos nuevos procedimientos consiste en «la reducción del margen de los funcionarios en la interpretación de la normativa, ganando en seguridad jurídica». 'Excusatio non petita, accusatio manifesta'. Arroja este objetivo la sospecha de que se han detectado interpretaciones de la normativa por parte de los trabajadores públicos que pueden ser poco ortodoxas o deseables y que, por tanto, alguien debería haber precisado con anterioridad, evitando inercias inasumibles. En este ámbito, fuentes conocedoras de esta problemática apuntan a los conflictos que genera en ocasiones tanto al Consistorio murciano como al resto de ayuntamientos de la Región las disposiciones y filosofía que impregnan la Ley autonómica 4/2009 de protección ambiental integrada, modificada en 2017 mediante la Ley de medidas urgentes para la reactivación de la actividad empresarial y del empleo a través de la supresión de cargas burocráticas.

Señala esta normativa en su artículo 141 que «si no se hubiera emprendido la legalización en el plazo de dos meses establecido al efecto... se ordenará el cese de la actividad», una disposición que, si se interpreta 'ad contrario sensu' y de manera forzada, puede llevar a la no ejecución de una orden de cierre en un proceso de regularización como el de estas discotecas, aún por concluir.

Sin confirmar fuentes municipales si este ha sido el caso de Teatre, sí sostienen que, ante todo, se debería haber ejecutado la orden de precinto. Sí se dio con toda claridad esta circunstancia en el caso del disco-pub Flamingo, que el dueño de Teatre también regentaba en San Pedro del Pinatar y que funcionó varios veranos sin licencia acogiéndose a este plazo.

El tercer objetivo perseguido por el plan presentado por la vicealcaldesa es el de reducir los tiempos de tramitación de los expedientes administrativos. De hecho, parece fuera de toda lógica asociada a la realidad que un expediente de regularización como el de Teatre no se encontrara resuelto un año y medio después de su inicio y refleja una complicada realidad para todos aquellos empresarios que están por cumplir con la normativa.

Hace también pensar esta circunstancia que una concejalía con el volumen de trabajo como la de Urbanismo precisa de más recursos. Reconocen, de hecho, fuentes municipales que el servicio de Disciplina Urbanística cuenta con apenas dos inspectores activos, aunque defienden que estas labores las pueden desempeñar más funcionarios. Pero el que mucho abarca poco aprieta y esta carestía puede llevar a resolver asuntos con un trazo grueso, como reconocen fuentes conocedoras de la casa.

Tres objetivos, tres problemas que, aunque se aborden ahora, no son precisamente nuevos. Cierto es que la administración es un elefante enorme difícil de mover y cargado de inercias, pero, conociendo esta problemática ¿se podía haber hecho antes? y, ¿se podía haber puesto remedio a este aparente fatalismo? No deben ser preguntas ajenas al proceso de depuración de responsabilidades.

La tragedia de Las Atalayas y la alarma social generada por la situación administrativa irregular de los establecimientos siniestrados han llevado al Ayuntamiento a ejecutar una campaña de cierres de establecimientos que podían encontrarse en una situación análoga a la de Teatre y Fonda Milagros. Así, fuentes conocedoras de esta actuación reconocen que sobre los locales en los que se ha actuado esta semana pesarían en varios casos órdenes de ejecución forzosa y precinto de la misma naturaleza que la que se dictó en octubre de 2022, pendientes aún de aplicación, y que habrían sido dictadas antes del siniestro de hace una semana.

Dichas órdenes no se dictan automáticamente cuando se detecta la inexistencia de la licencia pertinente o esta decae, sino que se llega a ellas tras un proceso que comienza con un primer decreto de cese de actividad. A partir de ahí se da un plazo de cumplimiento al afectado, que puede iniciar también un proceso de regularización. Será tras agotar los posibles recursos, y si no se proce 'motu proprio' a la clausura, cuando se dicté la orden de precinto, aunque parece existir cierta confusión que procede aclarar sobre si los procesos de legalización suspenderían de alguna manera una orden de cese -parece claro que no deberían hacerlo con una de ejecución y precinto-, en un contexto, además, en el que estos procesos de validación se pueden alargar más de año y medio, como demuestra el caso de Teatre.