Un juez sentencia que vecinos de La Ladera de Murcia no tienen que pagar obras de urbanización

El último proyecto de trabajos a ejecutar diseñado por la Concejalía de Urbanismo en esta zona, y que fue aprobado en marzo de 2017 por la Junta de Gobierno del entonces ejecutivo municipal popular, asciende a 935.997 euros. Se financiaría con el dinero de los avales de los vecinos; es el que ha sido objeto del recurso presentado por los representantes legales de los cooperativistas, y a los que el juez les ha dado la razón.

El magistrado José Miñarro García argumenta su decisión indicando que: «Las (partes ) recurrentes, en cuanto adquirentes de solares aptos para edificar, no tienen la condición de urbanizadoras». En segundo lugar, indica que ellos «prestaron avales para garantizar los desperfectos producidos en la ejecución de dichos expedientes de obras de edificación, sin ninguna otra obligación».

Va más allá en un tercer punto al indicar que «la negativa municipal a otorgar licencias de primera ocupación (objeto del recurso Contencioso-Administrativo nº 5 de Murcia), no es más que una coacción para compeler ilícitamente a las cooperativas a que ejecuten tan onerosas obras de urbanización».

Y concluye, antes de sentenciar a favor de los cooperativistas, que «ni siquiera esas obras de urbanización se corresponden con los solares donde se efectuó la construcción de viviendas, sino que forman parte de sistemas generales de la urbanización y por tanto sirven a todo el plan parcial».

Son estos argumentos los que llevan defendiendo todos estos años, ante el Ayuntamiento, primero, y ante los juzgados, después, los vecinos. Incluso el juez, en su sentencia, reconoce que su fallo es contrario a los pronunciados con anterioridad en otros tribunales, pero indica que «este juzgado no participa de dichos pronunciamientos» aludiendo a las cuatro consideraciones indicadas con anterioridad.

E insiste el magistrado Miñarro: «Ante esta disyuntiva, el juzgador mantiene su criterio estimatorio del recurso y a pesar de la disfunción que supone el fallo contradictorio, e incluso de la posible alegación formal de cosa juzgada, (el Tribunal Supremo inadmitió a trámite el recurso de Casación), entiende que es el Valor Superior de Justicia (principio inspirador de la Constitución) el que permite que la jurisdicción de la Sala, si fuera de interés por las partes, pueda reexaminar la cuestión litigiosa».

Pero como no siempre la dicha es completa, el Ayuntamiento de Murcia, a través de sus Servicios Jurídicos, ya ha presentado un recurso en apelación, confirmaron fuentes municipales. En opinión de los letrados de los vecinos, «el Ayuntamiento trata de justificar lo injustificable y ahonda más si cabe en su error; porque como ha quedado demostrado, se están empleando unos avales para un fin que no fueron contemplados».

Por delante, pues, aún quedan uno o dos años de juzgados y sin resolver una cuestión que tiene en vilo a todas estas familias. «Son dos décadas viviendo en nuestras casas sin conseguir la deseada legalidad urbanística, son 20 años de cuantiosos gastos, son 20 años de atropellos por parte del Ayuntamiento, en los que en rarísimas ocasiones hemos podido tener interlocución con sus responsables», manifestó a LA VERDAD Antonio Sánchez Abril, presidente de la cooperativa de viviendas Glorieta II.

Añadió que los vecinos «estamos muy contentos con esta sentencia y esperamos que el Ayuntamiento cambie de actitud y podamos solucionar este costoso y agotador embrollo. No somos culpables los vecinos que adquirimos de buena fe unas viviendas que nos han ocasionado muchos inconvenientes».

Las obras incluidas en el proyecto municipal presentado en 2017 «para la correcta terminación de las obras de urbanización», según se recoge en el mismo, contemplan infraestructuras hidráulicas (rambla de Churra); pavimentación de calzadas y aceras; ejecución de los jardines que actualmente están sin ejecutar; infraestructuras de alumbrado público y ejecución de la pasarela peatonal sobre la rambla frente al equipamiento docente (en concreto en el colegio Carolina Codorníu, cuyas instalaciones están separadas por este cauce). «Son obras que debía haber acometido la promotora de La Ladera», insisten los abogados vecinales.