El juez considera que Berberena y Guerra se corrompieron con dádivas de promotores

El exconcejal Fernando Berberena, en el centro, junto al intermediario Del Noce (derecha) y, de espaldas, Joaquín Peñalver y el promotor Ramón Salvador Águeda, cuyo rostro se ve reflejado en el espejo, durante la fiesta en el yate de septiembre de 2004. / umbra
El exconcejal Fernando Berberena, en el centro, junto al intermediario Del Noce (derecha) y, de espaldas, Joaquín Peñalver y el promotor Ramón Salvador Águeda, cuyo rostro se ve reflejado en el espejo, durante la fiesta en el yate de septiembre de 2004. / umbra

Castillejos procesa a la antigua cúpula de Urbanismo de Murcia por la 'pieza Teatro Circo', que investiga irregularidades en la zona norte del término

Ricardo Fernández
RICARDO FERNÁNDEZ

La llamada 'Pieza Separada Teatro Circo', que se desgajó hace dos años del 'caso Umbra', bien podría definirse como las diligencias de supuesta corrupción investigadas en la Región que mayor vergüenza ajena y escándalo han generado en la sociedad murciana. No tanto por el supuesto daño que podría haberse causado al interés público, que tampoco fue pequeño, ya que se compensó con casi setenta millones de euros el traslado de unas granjas porcinas cuyo coste no superaba los siete millones, sino, fundamentalmente, por las revelaciones, tan contundentes como sonrojantes, que este asunto ofreció sobre las relaciones antaño existentes entre altos funcionarios de la cúpula de Urbanismo de Murcia y promotores con grandes intereses en el municipio.

Baste con recordar las fotos, tomadas en 2004 en un yate de lujo amarrado en el puerto de Denia, en las que quedaba fiel constancia del fin de semana de celebración del que disfrutaron el dueño de la embarcación, el constructor ilicitano Ramón Salvador Águeda, junto al entonces concejal de Urbanismo, Fernando Berberena; el jefe de Planeamiento Urbanístico, Joaquín Peñalver; y un conocido intermediario y conseguidor de origen italiano, el ingeniero Renato del Noce, junto a sus respectivas esposas. Un encuentro que tuvo lugar justo en los días en que se estaba dando luz verde en el Consistorio murciano a un convenio urbanístico, impulsado por Ramón Salvador, para levantar 3.680 viviendas.

Imputaciones

Delito de prevaricación
-Fernando Berberena Loperena. -Alberto Guerra Tschuschke. -Joaquín Peñalver Motas. -Ramón Salvador Águeda. -María de la O Chica Uribe.
Delitos de negociaciones prohibidas a funcionarios y cohecho
-Alberto Guerra Tschuschke. -Miguel Ángel Barruso Pellón.
Delito de cohecho
-Fernando Berberena Loperena. -Ramón Salvador Águeda.

La 'Pieza Teatro Circo' es también la de la recepción de supuestos regalos por parte del exconcejal Berberena, de manos de ese mismo constructor y del intermediario Del Noce. Y la causa en la que aparecen datos de la compra de una parcela, presuntamente a mitad de precio, por quien era director de la Gerencia de Urbanismo, Alberto Guerra Tschuschke, que la adquirió a una firma inmobiliaria, Fadesa, sobre la que él mismo estaba tramitando un expediente urbanístico.

El Consistorio compensó con setenta millones el traslado de unas granjas porcinas que costaba siete

Y también fue el asunto en el que se investigó un viaje en jet privado a Estambul, en el que participaron el citado promotor, Ramón Salvador, junto al entonces alcalde de Murcia, Miguel Ángel Cámara, y los ya exconcejales Antonio Sánchez Carrillo y Roque Ortiz, todos ellos también acompañados por sus mujeres. La prescripción del presunto delito de cohecho que se estaba tratando de probar obligó a archivar este aspecto concreto de la causa.

Consecuencias urbanísticas

El procedimiento en cuestión, que ha venido tramitando a lo largo de los últimos años el titular del Juzgado de Instrucción número 8 de Murcia, no solo se centra en los referidos asuntos de bochornosa apariencia, sino en las consecuencias que esas presuntas interrelaciones entre promotores y altos responsables municipales pudieron tener sobre dos planes parciales concretos de la zona norte del municipio: el Convenio 20/05, que varias promotoras, entre ellas Fadesa, desarrollaron sobre casi dos millones de metros cuadrados, y el Convenio 30/05, que Ramón Salvador Águeda y otros constructores promovieron sobre casi 1,5 millones de metros cuadrados.

En el primero de ellos, se dio la sospechosa circunstancia de que el Ayuntamiento, previos informes de Urbanismo, compensó con casi setenta millones de euros el traslado de tres granjas porcinas que, según los peritos, no costaba más allá de siete millones.

Por lo que se refiere al segundo convenio, se ha investigado la delimitación de tres parcelas en las que se sustituía su uso agropecuario por un uso residencial de alta densidad, dando lugar a planes especiales a cambio de compensaciones económicas y de la rehabilitación del Teatro Circo de Murcia. En su auto de procedimiento abreviado, por el que pone término a la investigación y encamina hacia el juicio a los principales responsables del urbanismo local durante varios años, el magistrado instructor considera que lo sucedido con la creación de los tres sectores de alta densidad constituye un «uso arbitrario del poder», además de «una invención». Y razona que «se ejerce arbitrariamente el poder cuando la autoridad o el funcionario dictan una resolución que no es efecto de la Constitución y del resto del ordenamiento jurídico sino, pura y simplemente, producto de su voluntad, convertida irrazonablemente en aparente fuente de normatividad. Cuando se actúa de este modo y el resultado es una injusticia, es decir, una lesión de un derecho o del interés colectivo, se realiza el tipo objetivo de la prevaricación administrativa».

Cuatro relojes caros

Como colofón a esta investigación judicial, el juez Castillejos considera que se han confirmado los indicios de presuntos delitos contra varios antiguos altos funcionarios y empresarios inmobiliarios. Así, acusa formalmente de un delito de cohecho al exconcejal Berberena por tres relojes de lujo -Roger Dubois, Bulgary, Cartier...-, cuyo precio total rondaba los 40.000 euros y que recibió del promotor Ramón Salvador. Unos objetos por los que, en el mejor de los casos, habría pagado un precio muy inferior al real, aunque el magistrado advierte de que no hay dato alguno que permita considerar que Berberena abonó algún dinero por esos relojes, más allá de su propia declaración y la del otro encausado: Ramón Salvador.

También se encaminan a juicio por presunto cohecho y negociaciones prohibidas a funcionarios el exdirector de Urbanismo, Alberto Guerra, y el representante de Fadesa, Miguel Ángel Barruso, por la compraventa de una parcela, presuntamente a mitad de precio, de la que se habría beneficiado el alto funcionario. En concreto, pagó 90.000 euros por un solar de mil metros cuadrados en la urbanización Casa del Aire de Molina de Segura, cuando las parcelas contiguas habían costado el doble. La adquisición se formalizó el día antes de que Fadesa presentara un expediente urbanístico en el Ayuntamiento.

Finalmente, el juez imputa prevaricación a Fernando Berberena, Alberto Guerra y Ramón Salvador por las presuntas irregularidades en los planes parciales del norte del término municipal, pero también a los funcionarios Joaquín Peñalver y María de la O Chica, que participaron en varios informes que sirvieron para avalar las decisiones municipales.

Ramón Salvador: «Yo no soy una ONG; a mí me tienen que hablar de convenios»

La explicación que Fernando Berberena vino a esbozar en su día, ante el Juzgado de Instrucción número 8 de Murcia, acerca de su presencia en un yate del constructor Ramón Salvador Águeda en septiembre de 2004, a lo largo de todo un fin de semana, llegó a través de un escrito redactado por su abogado. Vino a señalar que sus relaciones con el promotor databan de un tiempo anterior a su entrada en política, cuando trabajaba para la patronal de la construcción en Murcia, y manifestó además que no sabía que en el barco se iba a encontrar con el intermediario Renato del Noce. «Fue un encuentro absolutamente aislado y excepcional; un encuentro casual en el que no hubo más contacto que esos momentos que pasaron con un conocido común», argumentó, pues curiosamente en el juzgado siempre había negado conocer a Del Noce... hasta que aparecieron las fotos de ambos en la fiesta del yate.

Berberena y Peñalver también negaron haber tratado de cualquier asunto relacionado con el urbanismo, por más que el encuentro se produjo un día después de que el Consistorio hubiera autorizado a una mercantil de Ramón Salvador la construcción de 3.680 viviendas.

La versión del empresario, sin embargo, fue bien distinta. Afirmó que Renato del Noce, a quien tenía contratado como ingeniero, fue «quien les llevó» a Berberena y Peñalver y admitió que se trataron asuntos urbanísticos a lo largo de ese fin de semana. «Seguro, principalmente inversión. Yo no soy una ONG. Me los traen para convencerme», señaló con total tranquilidad, a lo que añadió que «a mí me tienen que hablar de convenios, metros, techos... no es tan fácil». La conclusión del juez Castillejos en su auto es que «Berberena y Peñalver faltaron a la verdad».

 

Fotos

Vídeos