La Policía encontró armas en la residencia de ancianos registrada por presuntos tratos vejatorios

Una asistente social acompaña a una anciana y a un familiar de esta a la salida de la residencia. / VICENTE VICENS / AGM

El juez de guardia tuvo que ampliar el objeto de la orden de entrada en el inmueble tras ser halladas un revólver y lanzadores de descargas eléctricas prohibidos en España

Ricardo Fernández
RICARDO FERNÁNDEZ

La Policía Nacional encontró en la tarde del martes diversas armas ilegales durante el registro en una residencia de ancianos, situada en la calle San Antonio de Murcia, que está siendo investigada por presuntos tratos vejatorios a sus residentes. Fuentes próximas al caso confirmaron a 'La Verdad' que durante el registro de las instalaciones, ordenado por el juez de guardia, los agentes hallaron al menos un arma de fuego, en concreto, un revólver, para la que los propietarios del inmueble no dispondrían de la preceptiva licencia, así como de dos pistolas Taser, que producen descargas eléctricas de gran potencia y cuya posesión está prohibida por la legislación española. Igualmente habrían encontrado un lanzabengalas, de los utilizados para emitir señales de auxilio desde embarcaciones, pero que pueden convertirse en un arma mortífera en el caso de que la bengala impacte contra una persona a escasa distancia.

En tales circunstancias, y debido a que la orden de registro había sido expedida solamente para buscar pruebas de trato vejatorio a los ancianos, posibles intentos de estafa y coacciones, los especialistas del Cuerpo Nacional de Policía se vieron obligados a ponerse en contacto nuevamente con el juzgado de guardia para que ampliara el objeto de la investigación y evitar así que el posible nuevo delito descubierto, el de tenencia ilícita de armas, pudiera quedar libre de ser perseguido por una cuestión formal. El magistrado consideró justificado ampliar la investigación a ese nuevo tipo penal. Hasta el momento no han trascendido el tipo de armas de fuego que se habrían hallado en la residencia, como tampoco quién es el propietario de las mismas.

La Policía Nacional tendrá que someter ahora el revóler a pruebas periciales con el fin de comprobar si se encuentra en buen estado de funcionamiento y, de ser así, y si su dueño no puede acreditar que dispone de las autorizaciones pertinentes, daría lugar a una investigación por tenencia ilícita de armas.

Mientras se desarrolla la investigación judicial, la Comunidad Autónoma ha abierto un expediente para conocer la situación real y administrativa de esta residencia de ancianos. No obstante, el presidente regional, Fernando López Miras, indicaba este miércoles, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, que este centro «no es una residencia y no tienen ninguna relación con la Comunidad».

«La Administración ya apercibió a las instalaciones porque se anunciaban como residencia cuando no lo eran y en diciembre se llevó a cabo una inspección en la que se comprobó que no tenían ningún residente, que es lo que nos correspondía», apostilló. «Debe entrar de oficio la autoridad competente, policial o judicial», concluyó López Miras.

La actuación de la Policía Nacional contra este inmueble, que venía funcionando presuntamente sin licencia y bajo la denominación Institución López y Espejo (ILP) Senior Club, se inició ayer tarde por presuntos tratos vejatorios, estafa y coacciones y está siendo coordinada por agentes de la Unidad de Familia y Apoyo a la Mujer (UFAM) y de Delitos Ecónomicos (UDEF).

La entrada y registro de esa residencia de ancianos hizo posible que los familiares de algunos de los internos pudieran contactar con ellos y, en algunos casos, los sacaran del inmueble por temor a que estuvieran recibiendo un trato inadecuado, como ya ha denunciado en Comisaría al menos uno de los parientes. Con todo, según fuentes próximas a la investigación, las gestiones policiales se centran fundamentalmente en determinar de qué forma estaban cobrando los dueños de la residencia los servicios que alojamiento y manutención que cobraban, sobre todo después de que surgieran sospechas que apuntaban a que una de las ancianas podía haber sido medicada y conducida posteriormente hasta un banco para que sacara de sus cuentas una cantidad cercana a los 40.000 euros.

Los agentes han intervenido abundante documentación sobre personas que habrían estado alojados en ese inmueble y sobre movimientos bancarios, que ahora será analizados de manera exhaustiva para tratar de establecer si han podido producirse irregularidades en la gestión de los fondos de los ancianos.

Por lo que se refiere a las sospechas sobre presuntos tratos vejatorios a los mayores, lo que motivó que junto a los policías se sumaran miembros de los servicios de asistencia social municipales (Semas), anoche no fue posible constatar que se estuvieran produciendo, ya que la entrada en el inmueble se demoró durante horas ante la negativa de los propietarios a facilitar el acceso y por la necesidad de acudir al juzgado de guardia en busca de una orden de entrada. De hecho, los dueños se precipitaron a solicitar la asistencia y el asesoramiento de un letrado, Fermín Guerrero Faura, cuando la Policía se presentó en el lugar a primera hora de la tarde con la petición de que querían comprobar el estado de una anciana. Todo ello habría posibilitado que cualquier posible deficiencia en la atención, como la falta de aseo o en la ropa que se les facilita, pudiera haber sido subsanada. Será a partir de ahora, con el interrogatorio a los residentes y a sus familiares, cuando se puede llegar a alguna conclusión al respeto.

La actuación policial se cerró sin que se produjeran detenciones, a la espera del avance de las investigaciones.

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