El gobierno de Ballesta ignoró al Supremo y usó 26 millones de la zona norte para otras obras

Las obras de la primera fase de la remodelación del paseo de Alfonso X culminaron a finales de octubre de 2018 con una gran fiesta. No faltaron la música y los juegos de colores ni la presencia de numerosas autoridades con el entonces alcalde, José Ballesta, a la cabeza. En ese momento ya llevaba dos años y medio en el buzón de correos de La Glorieta la sentencia de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJ), de marzo de 2016, que resolvía la demanda de una promotora contra el Ayuntamiento a cuenta del frustrado Plan Especial de Infraestructuras (PEI), con el que se pretendía ordenar los servicios generales de la zona norte. Según esa sentencia, que acabó tumbando el PEI, «las dotaciones a implantar en la zona son consecuencia de la mayor edificabilidad y constituyen sistemas generales. En modo alguno puede considerarse que esas cantidades a pagar [por las promotoras] sean para otro fin distinto del que se dice, esto es patrimonio público de suelo, y por tanto, sistemas generales [de comunicaciones, de espacios libres y de equipamiento comunitario]».

La sentencia del TSJ subrayaba, además, que esas cantidades abonadas por las promotoras «no están destinadas a costear dotaciones en cualquier lugar del municipio, sino en la zona, pues es donde el notable incremento de edificabilidad [...] determina la necesidad de ejecución de unas infraestructuras generales o estructurantes para su adecuado desarrollo». Este fallo fue ratificada por el Tribunal Supremo un año después, en una sentencia de diciembre de 2017, en la que los magistrados volvieron a dar la razón a los promotores urbanísticos y propinaban un severo varapalo al equipo de gobierno del PP.

Sin embargo, y según la documentación a la que ha tenido acceso este periódico, el equipo de Ballesta y los técnicos correspondientes destinaron importantes cantidades de dinero procedentes de los ingresos de los convenios de la zona norte a otras inversiones municipales que no estaban contempladas por los jueces en estas sentencias. Lo hizo desde principios de siglo el gobierno de Cámara sin tener un pronunciamiento judicial en contra, pero el ejecutivo de Ballesta siguió con esta práctica después de la resolución del TSJ y del Supremo y hasta prácticamente su salida de La Glorieta a raíz de la moción de censura, el año pasado. En total, y según la documentación que obra en poder de LA VERDAD, ese importe de gastos desviados en contra del criterio de los jueces ascendería a más de 26 millones de euros, de los más de 93 que recaudó el Ayuntamiento con esos convenios. La previsión de ingresos totales rondaba los 310 millones.

La primera fase de la remodelación del paseo de Alfonso X, por ejemplo, entró en los Presupuestos de 2016, pero las obras terminaron de ejecutarse mucho después de publicarse las sentencias. En este caso se destinaron dos millones de euros del patrimonio público de suelo que habían sido recaudados previamente del llamado 'convenio Casino', que había dejado en las arcas municipales casi cuatro millones de euros en efectivo. De este montante también se emplearon más de 333.000 euros para sufragar el préstamo participativo a favor de la Sociedad Murcia Alta Velocidad que se formalizó en 2018. A este mismo fin se destinaron 3,6 millones en ese mismo año 2018, que fueron gestionados por Urbanismo, y otros 568.000 euros en el año 2020, también con cargo a las partidas procedentes de los convenios de la zona norte. Unos ingresos que, al formar parte del patrimonio público de suelo, deben tener unos usos determinados y concretos, que también están previstos y acotados en la Ley del Suelo de la Región. «Construcción de viviendas sujetas a algún régimen de protección pública; conservación, gestión, y ampliación de los patrimonios públicos de suelo; compensación a los propietarios cuyos terrenos hayan sido objeto de ocupación directa en los términos recogidos en la ley; y la ejecución de sistemas generales y dotaciones urbanísticas públicas».

Ateniéndose a esta legislación podrían justificarse algunas de las inversiones que realizó el gobierno de Ballesta a partir de 2017. Aunque los jueces del TSJ y el Supremo ya habían sido muy claros en sus sentencias. Y con esos fallos chocan decenas de obras realizadas en diferentes pedanías, la mayoría en 2018.

Entre las más costosas se encuentran la rehabilitación de las escuelas nuevas para la biblioteca de El Palmar (983.500 euros); la construcción del nuevo centro municipal de Llano de Brujas (909.000) y la creación del centro municipal multiusos de Puente Tocinos. También se pavimentaron y adoquinaron aceras en San Ginés, Barriomar, Javalí Nuevo y Cobatillas; se rehabilitó el casino de Los Garres y se construyó el jardín de La Vereda del Chocolate de Los Ramos. Además, se levantaron las nuevas pistas de pádel de la pedanía de Rincón de Seca y el campo de fútbol 7 de Guadalupe pudo al fin lucir una cómoda superficie de césped artificial gracias a estos fondos.

El Ayuntamiento siguió tirando de las partidas procedentes de los convenios a lo largo de 2019 y 2020. Continuó financiando los «préstamos participativos por actuaciones de infraestructuras ferroviarias en la ciudad» por valor de casi dos millones de euros y desembolsó más de 700.000 euros por obras del ferrocarril. También hay diferentes partidas destinadas a «expropiaciones varias», sin especificar cuáles, que no llegan en su conjunto a los 400.000 euros.

Nada que ver con el millón de euros que destinó el Consistorio a Murcia Río. El contrato para el nuevo servicio de cartografía municipal se llevó en 2019 otros 179.000 euros. Todo ello, mientras el desarrollo de los convenios de la zona norte seguía durmiendo el sueño de los justos.

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