Un exsocio de Samper asegura que nunca se habló con Cámara de edificabilidad

Cámara, a su llegada hoy martes a la Ciudad de la Justicia con su abogado./V. Vicéns / AGM
Cámara, a su llegada hoy martes a la Ciudad de la Justicia con su abogado. / V. Vicéns / AGM

Joaquín Romeu declara durante el juicio por el 'caso Nueva Condomina' que «no veníamos a Murcia a sacarle dinero al Ayuntamiento, sino con la intención de dotar a la ciudad de unas instalaciones deportivas adecuadas»

EFEMurcia

Joaquín Romeu, exgestor deportivo del Real Murcia y exsocio de Jesús Samper, principal impulsor del proyecto Nueva Condomina, dijo este martes en el juicio del caso Nueva Condomina que no hablaron con el principal acusado, el exalcalde Miguel Ángel Cámara, de aprovechamientos urbanísticos ni de edificabilidad.

En esta segunda sesión de la vista oral por este caso de presunta corrupción urbanística en la que se juzga también a dos exaltos cargos municipales de Urbanismo, Romeu declaró como testigo que las reuniones con Cámara fueron «institucionales», para hablarles del proyecto que tenía como principal objetivo la construcción de un nuevo estadio para el Real Murcia, pero no de los aprovechamientos urbanísticos de los terrenos que tenían que adquirir para ello.

Explicó que el protocolo firmado en 1999 por el exalcalde y Samper, ya fallecido, era solo una carta de intenciones, sin poder ejecutivo.

«Nosotros éramos los más interesados en que su contenido no comprometiera a ninguna de las partes, ya que si el club de fútbol Real Murcia bajaba de categoría, nuestros proyectos se venían abajo, ya que habrían resultado inviables», comentó.

«Siempre hubo máxima transparencia en torno a esos proyectos, que fueron puestos en conocimiento de los distintos grupos políticos con representación municipal y solo uno o dos días antes de darlos a conocer a la sociedad se informó a Cámara por deferencia a su cargo», añadió.

«No veníamos a Murcia a sacarle dinero al Ayuntamiento, sino que llegamos con la intención de dotar a la ciudad de unas instalaciones deportivas adecuadas a su posición como novena ciudad española», apostilló.

Declaró que siempre tuvieron claro que actuarían dentro de la legalidad, ya que «el prestigio» de sus empresas «no podría ponerse en juego por cualquier otra actuación distinta».

Reveló que desde el primer momento el consistorio no quiso aportar dinero para el nuevo estadio en la expansión norte de la ciudad, que suponía sacar del casco urbano las viejas instalaciones, que no cumplían los requisitos exigidos por las instancias deportivas para militar en categorías superiores.

Añadió que no estuvieron conformes con el aval que les exigió el ayuntamiento para responder de la construcción del nuevo estadio por su rigurosidad y exigencias, pero que lo entregaron porque comprendieron que se trataba de algo que era preciso cumplir.

Esta segunda sesión del juicio comenzó con la declaración del tercer acusado, el exjefe de Planeamiento del Ayuntamiento de Murcia Joaquín Peñalver, cuya imputación ha quedado desvanecida después de que al comienzo del juicio el fiscal anticorrupción señalara que los hechos que le atribuía habían prescrito.

Peñalver declaró que no emitió informes sobre el convenio de Nueva Condomina que fue aprobado por el ayuntamiento en 2001 y que está en el punto de mira de las acusaciones por los presuntos perjuicios que de él se derivaron para las arcas municipales.

En cuanto a los informes que según el fiscal serían constitutivos de un delito de prevaricación, explicó que se limitaban a desarrollar lo que se recogía en el convenio urbanístico aprobado, sin que su servicio interviniera en la fijación del valor de los terrenos.

También dijo que jamás recibió indicación alguna ni de Cámara ni de ningún superior sobre la forma en la que debía manifestarse sobre las cuestiones en las que participaba por su cargo.

La vista oral, que se desarrolla en un juzgado de lo penal de Murcia, continuará este miércoles con la declaración de nuevos testigos.

En sus conclusiones provisionales, la fiscalía reclama para Cámara y para el segundo acusado, Pedro Morillas, exdirector de Urbanismo, 10 años de inhabilitación, y para Peñalver, 8 años y 7 meses de inhabilitación, en los tres casos por un delito de prevaricación administrativa.

Sostiene la acusación estatal que el delito se habría cometido al liberar el Ayuntamiento a los promotores del proyecto urbanístico de la cesión del 10% de aprovechamiento de los terrenos, lo que los tres acusados niegan.

Estos, especialmente Morillas, mantienen que las arcas municipales cobraron mucho más de lo que les habría correspondido en aplicación de ese porcentaje, ya que recibieron en dinero y por el valor del estadio una cantidad muy superior a esa suma.

En la primera sesión del juicio, la magistrada dio por desistida a una de las cuatro acusaciones, la que había mantenido Izquierda Unida-Verdes, al no comparecer su abogado a la vista.

Tanto esa acusación como las otras tres, las representadas por la Asociación para la Defensa del Patrimonio de la Huerta de Murcia, el grupo municipal socialista y la Asociación Gulliver, no han presentado escrito de acusación.

 

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