El empresario Ramón Salvador confirma la trama de supuesto lucro ilícito en el 'caso Barraca'

Según el fiscal Anticorrupción, Juan Pablo Lozano, de algunas de las operaciones de 'teletransporte' de edificabilidad (compra de terrenos forestales para cambiarlas por mejores condiciones de edificabilidad en las promociones) se favorecieron empresas del promotor de Elche.

Con él Joaquín Peñalver habría establecido «una auténtica sinergia y confluencia de intereses espurios», insiste el fiscal Lozano. A cambio de que el promotor comprara fincas forestales a la empresa Urbasa (de la que era socia la mujer de Peñalver, Sandra P. V.), con los elevados beneficios que ello le reportaba, Peñalver habría «proporcionado un trato de favor en sus informes técnicos a los proyectos del Grupo RS». El promotor ilicitano en su declaración, hecha ante la cercana apertura del juicio oral del caso, habla de unas inversiones cercanas a 200 millones de euros en Murcia, que inició de la mano de Urbanistas y Abogados, los asesores de la supuesta trama.

De los seis planes urbanísticos en los que iba a participar Salvador, finalmente solo se aprobaron dos (Broncho y Bamendi), según su relato, y para ello tuvo que adquirir terrenos forestales a empresas «donde estaban involucrados Renato, Zafra, Antonio Sánchez Martín y la esposa de Peñalver».

«Se dieron garantías de que esos montes iban a ser adscritos a planes parciales», continúa el relato, que añade que Peñalver y su hermano Francisco «estaban presentes cuando las reuniones eran de materia urbanística (el primero) o técnicas (el segundo)». Salvador indica que el exjefe de Planeamiento de Murcia «(...) en principio actuaba a título personal como intermediario en las compraventas para Urbasa» para garantizar que no habría obstáculos en la tramitación.

«Pero en realidad, como después supe, en connivencia con Urbanistas y Abogados, adquirían el suelo y me lo ofrecían encarecido, con personas interpuestas diferentes», añade. Y como ejemplo se refiere a la finca Acequeta (330.607 euros «pagados en B y por encima del mercado»). El promotor ilicitano insiste en que en posteriores reuniones en las que intervenía Peñalver el que «el trabajo técnico fuera encargado a su hermano favorecía la fluidez de la tramitación, como de hecho así fue con Broncho y Bamendi».

El empresario explica que en la compra de la finca Bamendi «me indican que el intermediario y a quien hay que pagar es a Joaquín Peñalver» y más adelante añade que «se decidió articularlo como un pago por supuesta intermediación de 136.000 euros». Comenta que el exjefe de Planeamiento le solicitó que contratase los servicios de arquitectura de su hermano para cerca de mil viviendas y que «se contrataba todo lo que el señor Peñalver sugería».

Salvador manifiesta que el exjefe de Planeamiento también medió en su participación en la rehabilitación del Teatro Circo («a Peñalver se le paga una comisión» sin especificar cuánto). Y concluye que en 2009 descubrió lo que sospechaba hacía tiempo: «Que Peñalver encarece las operaciones de compra de suelo en connivencia con mis abogados». A partir de ahí «rompo relaciones y no quiero trabajar con nadie del entorno de Peñalver».