El Ayuntamiento de Murcia duda de que pueda emitir recibos de plusvalías este año
El Ministerio de Hacienda publica en el BOE el nuevo cálculo de este impuesto y la Concejalía ultima su transposición a la normativa municipal
El nuevo impuesto de plusvalía, aplicado a viviendas vendidas, donadas y heredadas siempre que haya un beneficio, tardará en aplicarse en el Ayuntamiento de Murcia. Desde que la semana pasada el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó las nuevas fórmulas para calcularlo que elaboró el Ministerio de Hacienda, la Concejalía de Gestión Económica trabaja para trasladar el nuevo sistema a la normativa municipal, si bien hay dudas de que se puedan emitir recibos antes de fin de año.
El concejal del ramo, Enrique Lorca, explicó que «va a ser difícil» que se pasen, si bien no quiso cerrar totalmente esa posibilidad. Comentó que desde el pasado jueves su departamento ha llevado a cabo varias consultas a la Federación Española de Municipios y Provincias, FEMP, para asegurarse de cómo aplicar las dos nuevas formas de calcular la tasa aprobadas por el Gobierno central. El Ayuntamiento había previsto, antes de conocer el nuevo sistema de cálculo, la recaudación de 30 millones de euros en 2022 por este concepto.
El Ministerio de Hacienda se vio obligado a revisar el impuesto después de que el Tribunal Constitucional, en una sentencia de finales de octubre pasado, declarara inconstitucionales y, por lo tanto nulos, varios artículos que establecían cómo se calcula este tributo municipal.
El Consistorio ha dejado de ingresar, desde que se conoció la sentencia del Constitucional, 7,5 millones de euros
El Ayuntamiento de Murcia dejó de pasar al cobro los recibos pendientes de este impuesto el miércoles 27 de octubre, un día después de conocerse la sentencia, tal y como informó el concejal Lorca. Según los cálculos de los técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) Murcia es uno de los municipios más afectados por esta reformulación, y las arcas municipales podrían llegar a perder más de 7 millones de euros. En otros grandes municipios de la Región, como el de Cartagena, se calcula que dejarán de percibir tres millones de euros.
De hecho, los Presupuestos presentados y aprobados hace un mes para 2021 tienen un desfase de 7,5 millones, ya que de los 28,5 millones de euros de recaudación presupuestados, solo se había reconocido hasta ese momento el cobro de 21 millones.
Otras de las cuestiones con las que va a tener que lidiar la Hacienda pública municipal es las posibles reclamaciones de los ciudadanos que ya hayan abonado el tributo y reclamaron en su día, de los que estén en plazo de recurrir y de los que vendan alguna propiedad a partir de ahora. Estos son, por otra parte, los principales beneficiarios del nuevo sistema de cálculo.
El Ministerio, sin embargo, y eso es lo que está estudiando el Consistorio murciano, deja cierto margen de maniobra a los gobiernos locales, ya que podrán quedarse con la base aprobada por el Gobierno o reducir ciertos márgenes; por ejemplo, rebajar los valores catastrales hasta un 15%. Asimismo, dispondrán de medio año para adaptarse a la nueva normativa aunque se empezará a cobrar desde la publicación del Real Decreto.
Dos opciones de pago cuando se produzca una venta
El decreto del Gobierno central ofrece dos opciones diferentes para pagar la plusvalía a partir de ahora. El importe a abonar se podrá calcular en función de la diferencia entre la compra y la venta o mediante unos nuevos coeficientes catastrales que se actualizarán cada año.
En el caso de que sí se haya logrado esa ganancia, el Ministerio ha previsto que se calcule el importe en función de la diferencia entre la compra y la venta o mediante unos nuevos coeficientes catastrales. En el primer caso, la base se extraerá de multiplicar el valor catastral del suelo en el momento de la transmisión por el beneficio. Y a este se aplicará la cuota, con un 30% máximo.
En el segundo caso, la base se extraerá de multiplicar el valor catastral del suelo en el momento de la transmisión por los coeficientes, que van del 0,13 en el caso de un año a 0,45 a partir de dos décadas, aunque no en todos los años es creciente al tener en cuenta la crisis económica.
Sin embargo, el Gobierno también ha introducido una novedad, hasta ahora no tenida en cuenta: no se deberá pagar la tasa si no se ha obtenido un beneficio con la operación.
