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La autovía del Reguerón amenaza con llevarse por delante la firma Faroliva
Los trabajadores y la dirección de la empresa se concentran en la nave de logística para evitar el intento de desahucio por parte del Ministerio
El futuro de Faroliva y de sus 80 trabajadores pende de un hilo. O mejor dicho de un carril de autovía. En concreto, de la del Reguerón, cuyo trazado atraviesa parte de las instalaciones que la empresa tiene en la pedanía de Beniaján. Los empleados y la dirección se concentraron ayer desde primera hora en los accesos a la nave de logística para impedir su desahucio y la toma en propiedad para su derribo por parte del Ministerio de Fomento, tras comunicarles que se iba a realizar la ocupación. Algo que finalmente no ocurrió.
Y es que a pesar de enviarse efectivos policiales para ejecutar el proceso de expropiación, con presencia de los técnicos de la Administración central, desde la Delegación del Gobierno se optó por aplazar la operación para evitar tensiones, aunque esta institución mantiene que pedirán una orden judicial para llevar a cabo la toma de las instalaciones en próximas fechas.
El sindicato Comisiones Obreras, en representación de la plantilla, movilizó a todo el personal y a la dirección de la mercantil, encabezada por su gerente, Miguel Sánchez, para hacer frente a la comitiva. De hecho, consiguió que no se aplicara la orden inicial para ganar más tiempo de cara a buscar una alternativa que permita encontrar una solución práctica que siga haciendo viable la actividad de esta compañía, referente conservero con la marca de aceitunas El Faro.
«Quieren hacer un desahucio que no tiene sentido alguno porque existe una opción que avala el propio Ayuntamiento de Murcia, como receptor del futuro vial, que permite realizar el proyecto, garantizando a su vez que la empresa pueda seguir funcionando sin tener que echar el cierre y despedir a los trabajadores», resalta Miguel Sánchez.
Así lo refrendan también desde CC OO, tal como indica José Ángel Rubio, de la federación de industrias, quien estuvo presente ayer en la movilización. Está convencido de que «hablando es posible acercar posturas, y para ello nos estamos implicando». El departamento de Ingeniería Civil del Consistorio murciano llegó a concluir el pasado mes de agosto ante un informe presentado por Faroliva, en relación al ancho de la autovía proyectada, que le afecta directamente con la expropiación, que la petición de la firma para que «se mantengan dos carriles por sentido está justificadamente motivada desde el punto de vista técnico». Y en consecuencia la consideran «razonable y viable».
La empresa argumenta que «tanto la ya existente avenida de la Región Murciana (en la imagen izquierda del Reguerón), como el nuevo vial aún en proyecto en la margen sur, tienen o prevén dos carriles por sentido, por lo que desde un punto de vista de capacidad y fluidez de tráfico carece de sentido que, hasta que dichos viales se amplíen a tres carriles por sentido, el nuevo vial a punto de construirse ante su factoría tenga tres carriles», ancho que obliga a una expropiación que afecta a una de las naves en tal magnitud que haría inviable su continuidad.
Por ello, pide que «se adopte el mismo esquema también en este tramo, reduciendo proporcionalmente la expropiación, que así permitiría la continuidad de la factoría en la actual ubicación». Un argumento que es respaldado porque tampoco «se prevé, ni parece previsible, ningún incremento masivo del tráfico que pueda dar lugar a cambios en tal situación».
El gerente de Faroliva deja claro que «siempre hemos estado dispuestos a devolver el depósito del dinero de la expropiación que marca la ley para encontrar una solución que garantice el futuro de la firma, así como los 80 empleos directos y un centenar de indirectos». La empresa ha recibido el respaldo vecinal, así como de la patronal conservera Agrupal.
Fomento justifica que ya pagó 805.651 euros por los terrenos
El Ministerio de Fomento asegura que en marzo de 2015 informó a los dueños de Faroliva «de que las instalaciones se encuentran sobre la traza de la autovía del Reguerón, siendo por tanto necesario proceder a su demolición. Posteriormente, en febrero de 2017, se pagó a los propietarios 805.651,07 euros, en concepto de depósito previo por rápida ocupación, con lo que el Ministerio de Fomento se convirtió en propietario de los terrenos, y entregó una indemnización para que la empresa pudiera llevar a cabo el traslado de las instalaciones». Tras percibir la citada cantidad, la compañía «solicitó una prórroga de 18 meses para llevar a cabo el traslado, que fue concedida por la Administración. Y transcurrido dicho plazo, se solicitó a la empresa que abandonase la fábrica. Pero, en lugar de ello, la propiedad pidió otra prórroga y planteó suprimir un carril de la autovía, una propuesta que resultaba legalmente inviable».