Cinco exalcaldes de la Región van a juicio este año por asuntos de presunta corrupción

Aunque nunca es grato pasar por ese trance, al margen de cuál sea el resultado final del juicio, cabría imaginar que algunos de estos antiguos munícipes estarán deseando enfrentarse ya a su destino, después de quince años viviendo pendiente de las notificaciones judiciales.

Tal es el caso del socialista Manuel Hurtado, durante casi tres décadas alcalde de Ceutí, que tendrá que comparecer ante la Audiencia Provincial en marzo por el llamado 'caso Polideportivo', unas diligencias que se remontan al año 2007. El exmunícipe tendrá que explicar cómo fue posible que, allá por el año 2007, inaugurara el complejo deportivo José Antonio Camacho –una obra que había costado 1,9 millones– mucho antes de que se iniciara formalmente el expediente de contratación de los trabajos.

O, dicho de otra forma, si se contrató de manera verbal a una firma constructora y luego, con el polideportivo ya construido, se incoó un expediente para cubrir tal irregularidad y darle apariencia de legalidad.

El fiscal y la acusación particular que impulsa el PP consideran que los hechos son constitutivos de delitos de prevaricación, falsedad documental y fraude de subvenciones y reclaman penas de entre cuatro y seis años de cárcel para Hurtado.

De tiempos cercanos a aquel (2007) es el asunto conocido como 'caso Pagamenta' –derivado de la causa madre 'Camelot'–, en el que está enredada desde hace otros tres lustros María Antonia Conesa, antigua alcaldesa popular de Fuente Álamo, por culpa de un sobre con 12.000 euros del que le habría hecho entrega el constructor local y fundador en su día de Polaris World Facundo Armero.

Aunque la entonces primera edil aseguró que el promotor solo le estaba entregando el dinero de unas entradas para los toros que había vendido entre sus amistades, el fiscal le achaca un delito de prevaricación, como también a Armero, y reclama sendas penas de año y medio de cárcel y cuatro años y medio de inhabilitación.

Su suerte quedará en manos de los magistrados de la Sección Quinta de la Audiencia Provincial, con sede en Cartagena.

Por duplicado acudirán a juicio, en sesiones previstas para febrero y abril, los exalcaldes de Mazarrón Ginés Campillo, del partido local IUDM, y Francisco García Méndez, quien estaba en el PSOE cuando se cometieron los hechos que les han supuesto estar acusados de un delito continuado de prevaricación. La Fiscalía les pide diez años de inhabilitación.

Básicamente, el acusador público sostiene que los dos ediles, que tenían un pacto de gobierno y se iban a alternar en la alcaldía, se habrían puesto de acuerdo en 2011 con un empresario local para asignarle, de manera directa, diversos contratos de mantenimiento de calles por importe de casi medio millón de euros.

Para ello, presuntamente, habrían fraccionado los contratos, de manera que se pudieran adjudicar como obra menor.

También se les acusa de la adjudicación irregular de la organización de las fiestas patronales de 2012, que fue otorgada a un extesorero de IUDM.

A falta de nuevos señalamientos, el último antiguo alcalde en pasar este año por el banquillo será el popular Rafael Laorden, quien estuvo al frente del Consistorio de Blanca en los primeros años de este siglo. Estas diligencias, que también vienen de lejos y que comparte con dos exconcejales suyos, se centran en la actividad de un vertedero de titularidad municipal, situado en un monte conocido como La Navela y El Solán. El basurero funcionó durante seis años a pesar de no contar con licencia y, lo que es especialmente grave, a afectar a un paraje, el de San Roque, situado en una zona de especial protección de aves (ZEPA) y lugar de interés comunitario (LIC).

Cuatro años y medio de cárcel le pide el fiscal por un presunto delito ambiental.