El chequeo de 500 edificios públicos de la Región de Murcia tras el fuego en Valencia avala que cumplen la normativa sobre incendios
La Comunidad comprueba los materiales usados en sus inmuebles y revisa los sistemas de extinción y el protocolo de evacuación
La primera fase de la revisión extraordinaria iniciada por la Comunidad Autónoma tras el incendio de un edificio de viviendas en el barrio valenciano de Campanar ... , donde murieron diez personas, ha arrojado como conclusión que los quinientos edificios de su propiedad «cumplen con la normativa», tanto en lo relativo a los materiales de construcción utilizados en las fachadas y otros elementos como a otras cuestiones relativas a la seguridad de bienes y personas.
En todo caso, la Dirección General de Patrimonio «comunicó a cada una de las consejerías del Gobierno regional que realicen una serie de inspecciones, al margen de las periódicas que corresponden hacer por ley». El objetivo es «verificar que todo está correcto y, en caso de alguna deficiencia, corregirla», indicaron fuentes de la Consejería de Economía, Hacienda y Empresa, a preguntas de LA VERDAD.
La segunda fase de estos chequeos, que ya ha empezado, incluye la comprobación del estado de los sistemas contraincendios, los accesos, las vías de evacuación y los protocolos de evacuación. Así lo determinaron los técnicos de Patrimonio y los responsables de Seguridad de la Administración regional, quienes mantuvieron varias reuniones de coordinación a raíz de la preocupación desatada por el suceso de Valencia, ocurrido el 22 de febrero.
Asimismo, la Consejería de Educación se encargará de la revisión de 600 colegios e institutos de toda la Región de Murcia, cuya titularidad es municipal. Lo hará en virtud de sus competencias en materia de prevención de riesgo laborales en estas instalaciones, indicaron desde Hacienda. «Cada centro tiene su plan de autoprotección, que incluye el plan de evacuación y se actualiza anualmente. Los centros lo mandan el primer trimestre del curso al servicio de prevención de la Consejería, para que lo revise. Si hay algo que cambiar, se indica a los centros, que realizan también simulacros periódicamente», precisaron en Educación. Además, sus técnicos acuden a colegios e institutos para realizar evaluaciones 'in situ'.
En Valencia, al principio se manejaron como hipótesis de la rápida propagación de las llamas el uso de poliuretano como revestimiento, al ser inflamable, así como el efecto de una resina aplicada en las placas de aluminio para adherirlas a la fachada.
No obstante, el Juzgado de Instrucción 9 de Valencia mantiene el archivo provisional de la investigación abierta por el incendio, a la espera del informe policial sobre el origen y las causas exactas del fuego. En Patrimonio no concretaron si algún inmueble tiene esos materiales -Podemos pidió un censo de edificios revestidos con ellos- e insistieron en que todos cumplen la normativa.
La Consejería de Fomento aclaró en su día que «el Código Técnico de Edificación (CTE) -de 2006- no prohíbe ningún material, califica los materiales en función de su reacción al fuego y delimita el uso del poliuretano a materiales que no suponen un peligro». Y el Colegio Oficial de Arquitectos de la Región de Murcia llamó a la tranquilidad, si bien recomendó aumentar las revisiones voluntarias en edificios públicos y privados.
Aplicación y sala de control con datos «minuto a minuto»
Los edificios públicos de la Comunidad duplican las inspecciones preventivas exigidas por la ley, según fuentes de la Dirección General de Patrimonio. Explicaron que la normativa exige dos revisiones anuales de los servicios contraincendios y de la central receptora de alarmas, mientras que la Comunidad realiza al año cuatro inspecciones preventivas. Además, tiene una aplicación que «registra minuto a minuto cualquier incidencia en todos los edificios y su grado de subsanación». Y dispone de una sala de control ubicada en la Consejería de Hacienda. En palabras del director general de Patrimonio, Salvador Cánovas, «la prevención de los sistemas contraincendios es una prioridad para la Comunidad y el control es continuo para estar preparados ante un posible accidente» en estos inmuebles, que tienen decenas de miles de trabajadores y usuarios.
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