Catorce procesados por una presunta trama corrupta que amañó decenas de contratos en Aledo
La juez señala al exalcalde del PP Simón Alcaraz como uno de los líderes del grupo delictivo, que usó una red de empresas para obtener numerosas obras
Simón Alcaraz, el exalcalde del PP que se ganó el apelativo de 'El sheriff de Aledo' por la férrea y omnímoda manera en que ... durante largos años gestionó en ese municipio situado a los pies de Sierra Espuña, acaba de ser procesado como uno de los supuestos líderes de una trama de corrupción que, entre 2002 y 2007, habría amañado decenas de contratos públicos. La decisión ha sido adoptada por la titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Murcia, Raquel Lacunza, a través de un auto de procedimiento abreviado por el que pone fin a unas diligencias que se iniciaron en 2011 y que ya en 2013 tomaron consistencia propia como pieza separada del 'caso Biblioteca' –centrada en otra presunta trama en Librilla–, y recibieron por nombre el de 'caso Líber'.
Junto al exalcalde popular se encaminan hacia el juicio quien fue su teniente de alcalde, Antonio Alcaraz; tres secretarios del Ayuntamiento de Aledo, Ana María García Asensio, Concepción Pajarón Fernández y Rosario Hita Vera; tres empleados de las firmas constructoras Urvisán y Urvitec, Encarnación Martínez Conesa, Francisco Julián Mena Martínez y José Ángel Munuera; los administradores de una serie de empresas que actuaban como meras 'comparsas' en las licitaciones de los contratos públicos, José David Buendía Conesa, Hipólito Buendía Buendía, Francisco Juan Redondo Sánchez y José Antonio Sánchez Espigares; el arquitecto y cabeza visible de la firma asesora Acadi, Domingo Peñalver Rojo; y el directivo de Urdemasa Agustín Martínez Martínez.
Mercantiles participaban en los concursos públicos como «meras comparsas» para aparentar que había una cierta competencia
En el mismo auto, la magistrada ha exculpado al conocido empresario marmenorense Santiago Martínez Esparza, fundador de Urdemasa, de quien señala que no consta «actuación directa en ninguno de los contratos examinados y supuestamente manipulados, por más que haya evidencias de su relación con el Ayuntamiento de Aledo y, en concreto, con quien era su alcalde».
Dos encausados fallecidos
Durante los más de nueve años que ha durado la tramitación de este procedimiento, dos de los presuntos líderes de esta presunta trama corrupta perdieron la vida en circunstancias trágicas: el empresario José Antonio Núñez Sánchez, al precipitarse desde el decimosegundo piso de la Torre Godoy de Murcia, y quien era jefe del Servicio de Atención Técnica a Municipios de la Comunidad Autónoma, José Luis Cano Valverde, en un accidente de motocicleta. La magistrada se refiere a ambos como supuestos «cabecillas», ya que habrían participado activamente en el montaje de un gran «entramado de empresas» dirigido a garantizarse la adjudicación de contratos públicos en Aledo.
En su resolución, la instructora del 'caso Líber' destaca la estrecha relación personal que existía entre el alto funcionario José Luis Cano, el arquitecto Domingo Peñalver y el empresario José Antonio Núñez Sánchez, que estaban asociados entre sí a través de varias mercantiles. Igualmente reseña la «íntima relación» que unía a este último con quien era alcalde en aquellas fechas, Simón Alcaraz, quien tenía a tres de sus hermanos trabajando y cobrando de una de las empresas de aquél.
La juez Lacunza llega a relatar en su auto que existen anotaciones en la contabilidad de Urvisán sobre «pagos al alcalde de Aledo», así como a la existencia de otros documentos con supuestas entregas de dinero por comisiones de obras. A la vez señala que uno de los responsables de Urvisán reconoció ante la Guardia Civil que había efectuado reintegros de dinero en efectivo para los pagos que su jefe, José Antonio Núñez, tenía que realizar a Simón Alcaraz, aunque añadía que la contabilidad se había quemado.
El propio Alcaraz llegó a admitir igualmente que desde el entorno de Núñez se le había regalado un caballo para su hija. Pese a ello, la magistrada solo le acusa de presuntos delitos continuados de falsedad documental y prevaricación, pero no de cohecho, sin que en apariencia explique en su extenso auto la razón de ellos.
Simulación de concurrencia
La presunta trama delictiva se habría adjudicado decenas de contratos públicos, por un importe cercano a los dos millones de euros, gracias al control absoluto que en apariencia tenía de todo el proceso. Así, el alto funcionario Cano era quien presuntamente supervisaba todos los proyectos de obra; su amigo y socio Domingo Peñalver era quien redactaba esos proyectos, y el empresario e igualmente socio de los anteriores, José Antonio Núñez, se los adjudicaba casi por sistema. Y ello gracias a que el sistema de adjudicación era el negociado sin publicidad, al tener un presupuesto inferior a los 60.000 euros.
Lo que presuntamente se hacía para simular la concurrencia de empresas era invitar al concurso a firmas que actuaban como «meras comparsas», presentando ofertas ficticias. A cambio recibían compensaciones como subcontrataciones de obras. Las irregularidades eran supuestamente tan evidentes que se llegaban a cursar todas las invitaciones a empresas al mismo número de fax, o se entregaban en mano a una misma persona como representante de las diferentes mercantiles. Los presupuestos de algunas de las obras habrían sido fraccionados para eludir así el procedimiento abierto. Y en otros casos se habría abierto el expediente cuando ya los trabajos estaban incluso concluidos.
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