Vecinos de Cartagena llevan a la Fiscalía europea un contrato para medir la contaminación aérea por metales

El documento, registrado el pasado 13 de julio y al que tuvo acceso este periódico, advierte a la Fiscalía comunitaria de que la Plataforma observa a su juicio supuestos indicios de una presunta malversación en la tramitación y gasto de fondos procedentes de la Unión Europea. Tal y como informó la Comunidad en una nota de prensa en julio del año pasado, el contrato costó 836.632 euros, de los que el 80% eran fondos europeos Feder.

La denuncia se sustenta en que, según el análisis de estos colectivos vecinales, la empresa contratada no cumplió presuntamente con las condiciones estipuladas en el Pliego de Prescripciones Técnicas (PPT). En este sentido, señalan varios ejemplos de lo que, entienden, serían acciones que supuestamente contravendrían las condiciones bajo las cuales se suscribió el contrato puesto ahora bajo la lupa de Luxemburgo.

El primer argumento que esgrimen es que el PPT designaba explícitamente «Torreciega» como un punto de muestreo obligatorio donde debían medirse PM10, PM2.5 y depósitos atmosféricos. Según señalan, la empresa no realizó muestreo en dicha ubicación, «a pesar de ser una zona crítica por su contaminación histórica». Cabe recordar que es el barrio habitado más próximo a los suelos contaminados de la antigua factoría de Española del Zinc (Zinsa)

En segundo lugar y siempre según la mencionada denuncia, el PPT exigía la medición de la fracción de partículas PM2.5 en 17 puntos de muestreo distintos, incluyendo Santa Lucía, Lo Campano y Torreciega y «se omitió por completo el muestreo y análisis de esta fracción de partículas, la cual es de vital importancia para la salud pública por su capacidad de penetración en el sistema respiratorio».

Resaltan también que el pliego exigía la medición de depósitos atmosféricos en 17 puntos, incluyendo Santa Lucía, Lo Campano y Torreciega, para evaluar la acumulación de contaminantes en el suelo y su entrada en la cadena alimentaria y «no se instalaron captadores ni se presentó dato alguno sobre depósitos atmosféricos en las ubicaciones requeridas».

Continúa el escrito refiriendo que el pliego establecía que el muestreo debía realizarse «durante un periodo de 52 semanas» para garantizar la representatividad anual y estacional de los datos, pero el estudio, dicen, «se limitó a campañas cortas y discontinuas que sumaron, en el mejor de los casos, menos de 4 meses de mediciones no consecutivas, omitiendo estaciones completas como el verano, periodo de máximo riesgo por dispersión eólica».

Por último, sostienen que el pliego, «con carácter general» y «en todos los puntos de muestreo», exigía la realización de un conjunto de análisis específicos y que dichos análisis fueron omitidos en las muestras del captador de bajo volumen situado en el almacén municipal.

Este periódico contactó con la Consejería de Medio Ambiente, pero aseguraron que desconocían de la existencia de la denuncia ante la Fiscalía europea. «No ha sido recibida ninguna notificación al respecto en la Dirección General de Medio Ambiente», señalaron portavoces autorizados.

El Gobierno regional sí realizó en julio del año pasado una valoración de los resultados del estudio, destacando que certificaba «la ausencia de metales pesados en el aire de las antiguas zonas mineras de Cartagena, La Unión y Mazarrón por encima de los límites normativos».

Responsables de la Consejería destacaron entonces que era «el estudio más amplio hasta la fecha» para evaluar la presencia en el aire de metales pesados y otras sustancias derivadas de la actividad minera y que el mismo indicó que «no se ha producido en ningún momento ni en ninguno de los puntos de muestreo superación de los valores límite para plomo, arsénico, cadmio y níquel», según sostiene el laboratorio contratado.

La misma Consejería explicó que el estudio recogió 1.392 muestras entre septiembre de 2022 y julio del pasado año en 14 puntos, distribuidos con diez en Cartagena (Vista Alegre, Estrecho de San Ginés, Santa Lucía, Lo Campano, Alumbres (2), Los Belones, Llano del Beal, Roche y Los Dolores); dos en Mazarrón (casco urbano y Puerto de Mazarrón); y en La Unión (casco urbano y su pedanía de Portmán).

«Todos los trabajos de toma de muestras, análisis de laboratorio y procesamiento de datos los han desarrollado entidades debidamente acreditadas por la Entidad Nacional de Acreditación (Enac), y los datos y analíticas se contrastaron con los valores recogidos en el Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire», concluían en su nota de prensa desde la Consejería de Medio Ambiente.