Tomás Olivo compra la antigua finca de Zinsa y deberá descontaminarla si quiere urbanizar

Una década después del cierre de la fábrica de Española del Zinc (Zinsa), los terrenos que esta empresa tenía en el barrio de Torreciega siguen protagonizando una rocambolesca historia de compras y ventas, mientras la descontaminación de la zona continúa sin fecha ni proyecto. La finca, adquirida en el 2009 por 142 millones de euros por la promotora inmobiliaria Quorum, que tenía como empresario de referencia a Miguel Durán, expresidente de la Asociación de Productores y Exportadores de Frutas y Hortalizas de la Región (Proexport), está ahora en manos de otro conocido hombre de negocios natural de la comarca: Tomás Olivo.

Según ha acreditado 'La Verdad', el constructor originario de la pedanía de Balsapintada, en Fuente Álamo, se ha hecho con la parcela, que ocupa 480.466 metros cuadrados, tras pagar unos 1,5 millones de euros en una subasta judicial. Este procedimiento fue convocado tras la entrada en concurso de acreedores Quorum Capital Investments, que antes de quebrar denunció a Zinsa por incumplir el acuerdo de entregarle el suelo descontaminado y solo le abonó un anticipo de 40 millones. Sobre los terrenos pesaban hipotecas de varios bancos, asumidas en parte como activos tóxicos por la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), conocida como 'banco malo'.

En la puja, que tuvo lugar en enero aunque su resultado ha trascendido ahora, Olivo concurrió a través de Cartagena Parque, una de sus sociedades. Por medio de esta compañía, propietaria de la mayor parte del Plan Parcial Rambla (la estancada expansión urbanística de la ciudad entre el estadio Cartagonova y el Barrio de la Concepción), el empresario asumió la carga ambiental con que fue puesta al mejor postor por un juzgado de lo Mercantil de Murcia.

La Unidad de Subastas de Murcia solicitó ofertas por un bien cuya descripción oficial deja clara la herencia de una de las industrias cuyos residuos contaminaron el cinturón urbano de Cartagena hasta principios de este siglo. Las otras dos factorías fueron Potasas y Derivados, en la parcela anexa de El Hondón, y Peñarroya, en Santa Lucía.

La convocatoria de la subasta, publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 23 de diciembre, recoge, de forma expresa: «Suelo contaminado con obligación de descontaminación. Finca Rústica Urbanizable para Gran Industria, con una superficie de 480.466 metros cuadrados. Declarada como suelo contaminado en virtud de Resolución de la Dirección General de Planificación, Evaluación y Control Ambiental de la Consejería de Presidencia de la Región de Murcia, de 3 de diciembre de 2009». En cuanto al precio de salida, fue fijado en 1.154.559,80 euros.

Pues bien, aunque una empresa con sede en Molina de Segura y denominada Ecoalimentación llegó a pujar por algo más de 3,5 millones de euros, al final retiró su oferta. Según fuentes conocedoras del expediente, después de cumplir con el depósito obligatorio del 5% del valor de la subasta, dejó pasar los veinte días de plazo que tenía para abonar el resto del dinero.

Proyecto fallido en 2009

Al quedar descalificada, el inmueble fue adjudicado a la mercantil Cartagena Parque, que había propuesto el segundo mejor precio. Tras esta decisión, Ecoalimentación presentó ante el juzgado un recurso, donde expone que fue víctima de una falta de información sobre la contaminación del solar y pide que la subasta sea repetida, para poder competir en igualdad de condiciones. La impugnación está pendiente de ser resuelta por la Justicia.

El Pleno del Ayuntamiento condicionó, en su día, la recalificación del suelo como residencial para viviendas a la descontaminación del suelo, cuyo coste fue calculado por Española del Zinc en al menos siete millones de euros. El Consistorio trató de garantizar el pago de las indemnizaciones a los 250 obreros despedidos por Zinsa, que al final tuvieron que conformarse con solicitar el pago a través del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa). Por el camino quedó el anuncio de Zinsa, afectada por la caída del precio de la blenda, de que con la venta del suelo financiaría la construcción de una nueva factoría en Los Camachos.

Fuentes del grupo empresarial de Tomás Olivo consultadas por este diario mostraron su confianza en que el juzgado confirme el carácter definitivo de la operación, de cara a la inscripción de la finca en el Registro de la Propiedad. En todo caso, aseguraron que la compañía todavía no tiene proyectada la posible urbanización de estos terrenos.

«Nos enteramos de que la parcela había salido a subasta, nos pareció interesante pujar por ella y conseguimos la adjudicación. A partir de ahí, y siempre con la cautela de que el juzgado tiene que resolver el recurso de otra empresa, veremos qué decidimos hacer con el suelo», comentaron en Cartagena Parque.

En cualquier caso, desde la compañía dejaron claro que cualquier postor disponía de la información relativa a la catalogación del solar como contaminado; y añadieron que, si llegado el caso Cartagena Parque plantea un proyecto cuyo uso del suelo que exige la retirada de los metales pesados depositados en la zona, «se seguirán los trámites de descontaminación» que marque la Administración, en este caso la Comunidad Autónoma. Lo que descartaron en el grupo de Olivo es que éste se haya planteado acometer una inversión en el ámbito de la industria, dada la catalogación actual de la parcela a efectos urbanísticos. La actividad del empresario se centra en la construcción y la gestión de centros comerciales, aunque también tiene intereses en el sector inmobiliario.

Precisamente, a través de la sociedad Cartagena Parque Olivo consiguió, en el año 2016, que el Tribunal Supremo anulara el Plan General Municipal de Ordenación Urbana de 2012. El Ayuntamiento y la Comunidad Autónoma aún no han superado ese revés, motivado por el desacuerdo del empresario con la nueva ordenación del Plan Rambla (donde tiene 500.000 metros cuadrados). Tras la fallida revisión 'exprés' del Plan General, tumbada también por la Justicia en un pleito impulsado por la inmobiliaria madrileña Cecop y al que se sumó Olivo, las administraciones tratan de aprobar unas normas transitorias para dos años, mientras elaboran un nuevo Plan.