El Supremo analiza si Navantia está exenta de pagar el recibo del IBI
El TSJ dio la razón al Ayuntamiento, que exigió 269.000 euros en 2016 a la empresa al entender que el astillero no forma parte de la defensa nacional
Navantia peleará hasta el final en su batalla judicial contra el Ayuntamiento de Cartagena para no pagar el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) de su ... astillero. El Tribunal Supremo ha admitido a trámite un recurso de la mercantil contra una sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Región de Murcia que le negó el derecho a la exención en el abono de ese tributo, al entender que las instalaciones de la Factoría Naval y de la Fábrica de Motores no están vinculadas a la defensa nacional sino que se usan para actividades comerciales.
En una resolución dictada el 11 de diciembre, el Supremo abre la puerta a estudiar si el Consistorio tiene la razón al girar un recibo de 269.499,69 euros correspondiente al año 2016 o si Navantia no está obligada a abonarlo. Si le dan la razón, la compañía se libraría de desembolsar la cantidad que sí le exigió entregar el tribunal regional, en junio de 2020.
El TSJ rechazó entonces un recurso de Navantia contra una sentencia previa del Juzgado de Lo Contencioso Administrativo 1 de Cartagena, de julio de 2017. El criterio que ahora será revisado es que la propiedad de la parcela es del Ministerio de Defensa, pero Navantia la usa para actividades distintas a las propias de la protección del país por parte de las Fuerzas Armadas.
El Supremo examinará esta postura, con el argumento de que el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, del año 2004, establece la exención del conocido como impuesto de la 'contribución', en este caso de carácter urbano, a determinados inmuebles propiedad del Estado. Se trata de aquellos en los que «está cedido su uso a una empresa, en virtud de concesión administrativa u otro título que comprenda la posesión». Además, el TS recuerda que en 2020 dictó dos sentencias que reconocían la exención.
Otros seis recursos
Según figura en la sentencia del TSJ, Navantia usa las instalaciones de Defensa en Cartagena en virtud de un convenio de «concesión demanial» que abarca desde noviembre de 2014 hasta septiembre de 2021. Es un acuerdo que incluye instalaciones de Defensa en distintas zonas de España y que fija la obligación de que Navantia desembolse una tasa de 4,5 millones de euros al año.
En el recurso presentado ante la Sala de Lo Contencioso Administrativo del Supremo, Navantia argumentó que la doctrina del TSJ podía «resultar gravemente dañosa para el interés general» y afectar a «un gran número de situaciones». Y recordó que afectaba o iba a afectar a siete asuntos similares, una alusión a los recursos que ha planteado o va a plantear.
LA VERDAD pidió a la compañía en Cartagena información sobre este pleito y sobre los motivos y las cuantías del resto de recursos. No hubo respuesta.
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