El TSJ respalda el rechazo municipal y regional a una urbanización que invadiría Calblanque
Desestima el recurso de la promotora Inmogolf contra el Ayuntamiento de Cartagena y la Comunidad, porque su proyecto, de 400 viviendas y 1.100 plazas hoteleras, causaría daños en el parque regional
El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) ha adoptado una relevante decisión que garantiza, al menos por ahora, la protección del parque regional de Calblanque, Peña del Águila y Monte de las Cenizas frente a su posible urbanización con fines residenciales y turísticos privados. La Sala de Lo Contencioso Administrativo ha desestimado el recurso presentado por la promotora Inmogolf contra el Ayuntamiento de Cartagena y contra la Comunidad Autónoma por haber rechazado su solicitud de inicio de dos trámites necesarios para construir sacar adelante el Plan Parcial La Princesa de Atamaría. Este prevé la construcción de 400 viviendas y hasta 1.100 plazas hoteleras cerca del complejo turístico La Manga Club, en Los Belones.
En una sentencia dictada el 14 de octubre, y a la que LA VERDAD accedió este jueves, concluye que el Consistorio cumplió la legalidad al denegar, por silencio administrativo, la petición presentada por la compañía en septiembre del año 2018. Esta pretendía iniciar el trámite de evaluación ambiental estratégica y someter a información pública el Avance del Plan Parcial del Sector I, La Princesa, y su Documento Ambiental Estratégico.
Tres magistrados, presididos por María Consuelo Uris, consideran «acreditado que gran parte del ámbito del sector cuyo desarrollo urbanístico se pretende se encuentra dentro de los límites del Parque Regional, un Espacio Natural Protegido». «Se trata de áreas de sensibilidad ecológica respecto de las cuales habrá de estarse a lo dispuesto en el artículo 83.1 de la Ley 13/2015 de ordenación territorial y urbanística de la Región de Murcia, con las consecuencias urbanísticas que ello determina para el sector», argumenta el TSJ.
Incendio en Atamaría en 2011
Recuerda que la normativa «define como suelo no urbanizable de protección específica aquel que deba preservarse del proceso urbanizador», por ser «incompatible» con la protección de los recursos naturales y el paisaje. La ley fija, en concreto, que Calblanque «es un área natural que posee valores ecológicos cuya conservación merece una atención preferente».
La sentencia, recurrible ante el Tribunal Supremo, respalda al Ayuntamiento, que paralizó la tramitación del Plan Parcial al entender que este invadía Calblanque. También valida la actuación de la Consejería de Medio Ambiente, codemandada en este pleito y que en abril de 2019 confirmó esa anomalía y e instó al Consistorio a corregir su planeamiento urbanístico. Debía adaptarlo a la normativa medioambiental y a la declaración de nuevas áreas protegidas.
Asimismo, los técnicos de la Dirección General de Medio Natural citaron que la corporación local debía tener en cuenta «el incendio acaecido en la zona el 18 de agosto de 2011, que afectó de manera significativa al ámbito del Plan Parcial». Debía evaluar el impacto urbanístico y ambiental derivados de fuego, que arrasó 418 hectáreas en la zona. La empresa alegó, sin éxito, que sus terrenos fueron declarados urbanizables en el año 2000, a través de la modificación 67 del Plan General Municipal de Ordenación Urbana, de 1987; y que la cartografía descartaba la ocupación del parque.
Ana Belén Castejón y ANSE celebran la resolución judicial
«Estamos muy satisfechos con la sentencia. Desde el primer momento, hemos mantenido que el Plan Parcial La Princesa de Atamaría se ubica en parte en el Parque Regional de Calblanque. Facilitamos las inversiones, pero dentro de la ley y preservando la riqueza natural», dijo este jueves a LA VERDAD la edil de Urbanismo y vicealcaldesa, Ana Belén Castejón. El director de la Asociación de Naturalistas del Sureste, Pedro García, celebró el fallo, pero lamentó que «han tenido que pasar más de 30 años para que una sentencia comparta los argumentos esgrimidos por ANSE, desde 1991, contra la urbanización de los pinares de Atamaría...». Y avisó: seguirán «atentos a cualquier argucia legal» de la empresa y de las administraciones públicas para urbanizar.
