La presidenta del Puerto de Cartagena encargará dos auditorías para «colaborar con la justicia»

La presidenta de la Autoridad Portuaria de Cartagena, Yolanda Muñoz, anunció este lunes que encargará a la Intervención General de la Administración del Estado que haga una auditoría interna, sobre los contratos de personal y de servicios, objeto de la querella presentada por la Fiscalía de la Región de Murcia contra ella, y contra Antonio Sevilla. Esta fue registrada en los juzgados de Cartagena y en ella se investiga el aparente trato de favor a varias empresas mediante la alteración de concursos públicos de adjudicación de contratos de servicios, así como de adjudicación de empleos en la institución entre los años 2015 y 2021

También, y a petición propia, Muñoz solicitará de forma paralela una auditoría externa «para que nos haga un diagnóstico de la situación actual de esos puntos de la denuncia». La intención es, añadió, «colaborar y ayudar a la justicia y con la investigación».

Todo ello dirá, insistió, «si se actuó conforme a derecho o no». Sobre cuándo podrían estar en marcha y tener los primeros resultados tanto de una como de otra, no concretó fechas, aunque cree que podrían estar en dos o tres meses. En su opinión ayudarán a «clarificarlo todo», aunque sea un asunto independiente de la investigación judicial.

Así lo anunció tras el Consejo de Administración celebrado en Cartagena y en el que varios consejeros le pidieron la dimisión, entre ellos, la vicealcaldesa, Ana Belén Castejón, quien ya lo hizo el pasado viernes en un comunicado, y el representante del comité de empresa del Puerto, Diego Zaplana, del sindicato Comisiones Obreras.

De ambas auditorías se dará cuenta, según Muñoz, al consejo de administración del Puerto, así como al órgano judicial pertinente «para aclarar cualquier punto de la investigación y poner negro sobre blanco. De esta forma se despejarán dudas, sobre todo, de aquellos que quieren hacer daño y aprovechar este asunto como rédito político».

Yolanda Muñoz insistió en que todos los procedimientos de contratación que ha realizado la Autoridad Portuaria los llevó a cabo conforme a la ley, con la supervisión de los servicios jurídicos y la tutela de la Abogacía del Estado. La Fiscalía, a raíz de una denuncia de los sindicatos Comisiones Obreras y UGT y tras su investigación, ve indicios de delito de prevaricación, falsedad documental, tráfico de influencias y revelación de secretos.

Muñoz ha hablado con el presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, quien le pidió «máxima trasparencia, colaboración y agilidad» para esclarecerlo todo. «Y eso es lo que estamos haciendo». En el plano personal dijo estar «muy dolida» y aún más en lo referente a la imagen que se está transmitiendo del Puerto de Cartagena «porque es el motor económico de la Región».

Habló, además, de una estrategia por parte del comité de empresa para denunciar irregularidades que «yo quiero aclarar y explicar si se me dan la oportunidad». Precisamente a petición de los trabajadores del Puerto fue retirada del orden del Consejo la propuesta de un nuevo organigrama de directivos que desplaza a uno de los trabajadores denunciantes, el jefe de Recursos Humanos. Según Diego Zaplana, dicha propuesta «no cumple con la ley ni el estatuto de los trabajadores en el proceso de consultas y obedece a represalias contra directivos».

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