La Policía Local de Cartagena urge a vallar el entorno de Peñarroya por los residuos peligrosos
Alerta sobre la presencia de senderistas, corredores y ciclistas que van a San Julián e insta a analizar el riesgo de la contaminación y los arrastres hasta el mar
Ocho años después de que el Departamento de Disciplina Ambiental del Ayuntamiento de Cartagena abriera el primero de los seis expedientes por la acumulación de ... residuos peligrosos y escombros en una parcela colindante a la de las antiguas naves de la fundación de plomo y plata de Peñarroya y Metaleurop en Santa Lucía, la Policía Local ha dado la voz de alarma sobre el potencial riesgo de estos materiales contaminantes para la salud de los vecinos y para el medio ambiente.
La ineficacia de los informes, de las sanciones y de los requerimientos efectuados por el Consistorio para acabar con este vertedero industrial y de la construcción, mediante escritos a la empresa propietaria de la parcela y a la Dirección General de Medio Ambiente y Mar Menor, han obligado a la Unidad de Medio Ambiente de la Policía Local a intervenir para advertir a las autoridades sobre el abandono de residuos de color negro y sus posibles efectos negativos.
A preguntas de LA VERDAD, fuentes de la Concejalía de Medio Ambiente, que dirige Cristina Mora, indicaron que «el Ayuntamiento tiene varios expedientes abiertos por el Departamento de Disciplina Ambiental, que afectan a una parcela que ocupa una superficie de 130.000 metros cuadrados, colindante a los terrenos de la antigua fundición de Santa Lucía», propiedad de Invercón Reigo, SL. Se trata de una empresa propiedad del expresidente del Fútbol Club Cartagena Paco Gómez, que se declaró en concurso de acreedores.
Empresa de Paco Gómez
En el equipo de gobierno municipal añadieron que «la última actuación» en esta zona de Santa Lucía «es una nueva acta de Policía de 13/01/2021 por presencia de escombros y mal estado de la carretera». No obstante, según confirmaron a este periódico fuentes municipales los agentes, que dependen de la Concejalía de Seguridad Ciudadana, levantaron acta el 21 de febrero sobre la situación de la parcela e informaron de la necesidad de realizar «de inmediato» el análisis de los materiales acopiados y una evaluación de riesgos. Lo justificaron por la presencia frecuente de senderistas, corredores y ciclistas en el camino que lleva al Castillo de San Julián.
Por estos mismos motivos, la Policía Local instó al vallado urgente de los terrenos, así como a la instalación de carteles de advertencia y a la retirada de los materiales contaminantes. Sobre los residuos, indicaron que son vertidos a un cauce que conecta con la rambla del Cobre, y desde ésta al Mar Mediterráneo, cuando llueve. Los materiales atraviesan una arqueta y acaban en la bahía, en concreto en las inmediaciones del muelle de La Curra.
Fuentes de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), que depende del Ministerio para la Transición Ecológica, indicaron que sus funcionarios no han realizado ninguna inspección en esta zona y que, para que lo hagan, deben recibir de forma previa una denuncia. En cuanto la Autoridad Portuaria de Cartagena, fuentes de este organismo, adscrito al Ministerio de Fomento, aseguraron no haber detectado incidencias por metales pesados o radiactividad en los análisis de calidad de las aguas que recibe.
En su denuncia, la Policía Local recuerda que el edafólogo José Matías Peñas Castejón ha denunciado (públicamente y ante la Consejería de Medio Ambiente y el CSN) la existencia en la zona de residuos peligrosos, que contienen metales pesados y materiales que emiten radiactividad de forma natural. Se trata de escorias y humos de fundición generados durante décadas de actividad industrial.
Sin inspección del CSN
El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) tiene pendiente una inspección desde el año pasado y ha reiterado a la Dirección General de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma la necesidad de realizar una caracterización radiológica del suelo, para medir el riesgo radiactivo y proteger a la población de Santa Lucía y Lo Campano. Medio Ambiente ya ha anunciado que hará ese estudio, en el que completará con detalle un informe preliminar efectuado junto al Ayuntamiento hace dos años.
En cuanto a la parcela donde estaban las naves, y que el Puerto compró a Invercón, fuentes de la Autoridad Portuaria aseguraron ayer que los trabajos de retirada de residuos incluyen análisis radiológicos por parte de la empresa Typsa. Los resultados en este solar, de 65.000 metros cuadrados, serán remitidos a Medio Ambiente, dentro del proyecto de descontaminación de los terrenos.
El Ayuntamiento asegura que la retirada compete a la Comunidad
La situación del vertedero de residuos peligrosos y de la escombrera situados frente a las antiguas naves de Peñarroya y Metaleurop, en la parte de la mercantil Invercón Reigo SL, han motivado un largo listado de informes municipales. Según la Concejalía de Medio Ambiente, constan resoluciones sobre vertidos de residuos y de escombros y acerca del «incumplimiento de la orden de cierre del acceso al vertedero». También consta un expediente por un «vertedero de escombros en los terrenos de la antigua Metaleurop (Peñarroya)».
En el Ayuntamiento recordaron que si bien la parcela «contiene acopios y residuos de la fundición, de carácter industrial, no fue incluida en la declaración de suelo contaminado» dictada por la Comunidad Autónoma en el año 2011. Entonces, la Dirección General de Planificación, Evaluación y Control Ambiental de la Consejería de Agricultura y Agua solo incluyó en su resolución a la finca que el Puerto compró a Invercón Reigo SL. En consecuencia, solo el Puerto afronta en la actualidad un proyecto obligatorio de descontaminación de los terrenos.
En septiembre de 2015, el jefe de Gestión Ambiental resolvió que «en la parcela se han identificado residuos de diferente tipología, incluyendo escorias y residuos industriales procedentes de la antigua fundición».
El 5 de mayo de 2016, la mercantil comunicó que estaba en concurso de acreedores y que carecía de recursos. Dos meses antes, el Consistorio le impuso una multa coercitiva, cuya cuantía no ha precisado.
Ya en julio de 2019, el Ayuntamiento remitió a la Dirección General Medio Ambiente el informe de una inspección del mes anterior, con datos sobre «el estado de la parcela, la tipología de residuos y los riesgos potenciales». Según el Consistorio. Los siguientes pasos, incluida la ejecución subsidiaria para la retirada de los residuos si los causantes de la contaminación o el titular del suelo no actúan, competen al Gobierno regional. Éste anunció que tomará medidas.
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