Luz verde a las obras del cuartel de la Guardia Civil en Cartagena por 32 millones

El Consejo de Ministros oficializó este martes el anuncio que realizó a finales del mes de agosto la Delegación del Gobierno en la Región de Murcia. Dio luz verde a la declaración de emergencia para la contratación de las obras de reconstrucción del acuartelamiento de la Guardia Civil de Cartagena, por importe de 31.956.070,04 euros. La propuesta fue presentada por el Ministerio del Interior.

La maquinaria se pondrá en marcha tras la demolición total del antiguo complejo por la situación de ruina declarada en diez de sus once pabellones. Los arquitectos y técnicos responsables del proyecto ya están dando forma al programa de necesidades, según informó la Benemérita. Los trabajos de derribo se centran ahora en tirar abajo el edificio central en forma de estrella de tres picos que estaba ubicado en el patio central de las instalaciones de este cuerpo. En montañas de escombros ya hay cinco.

Una vez formado Gobierno, este tendrá que confeccionar los presupuestos y en estos tendrán que incluir esa partida que este martes aprobó el Consejo de Ministros. Las nuevas instalaciones, que serán construidas en la misma parcela de las actuales, tendrán dos espacios diferenciados: uno administrativo, que albergará la totalidad de las dependencias oficiales desplazadas, y otro de viviendas, que incluirá ciento dos pisos, además de una residencia de estudiantes.

Con la declaración de emergencia, la Guardia Civil ha trasladado los servicios a nuevas ubicaciones. Estos están repartidos entre el cuartel de la Benemérita de La Unión y las de la Autoridad Portuaria, en el muelle urbano de Santa Lucía. En las instalaciones de la calle Ángel Bruna, aún quedan setenta agentes. Son los de Seguridad Ciudadana, de Protección de Edificios, de Policía Judicial, guías caninos, de la Oficina del Servicio Marítimo y de la unidad administrativa del Grupo de Especialistas en Actividades Subacuáticas (GEAS).

A estos ya se les busca reubicación. Parte de ellos estarán, previsiblemente, ya después de diciembre en el antiguo colegio Antonio Arévalo, un centro que debe ser adaptado aún a las necesidades de los guardias civiles. Estos tendrá que convivir con los profesores y alumnos de la Escuela de Educación para Adultos.

Mientras, prestarán sus servicios en dos edificios del complejo actual. La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) abogó por desalojar a todos los agentes antes de avanzar con la demolición de los edificios, para evitar molestias y preservar la seguridad de todos ellos.

Los que sí salieron ya fueron las 86 familias que allí vivían. Estas fueron desalojadas a lo largo del pasado mes de agosto. Recibieron el aviso de que tenían que abandonar sus casas por el deterioro estructural y la necesidad de derribar las instalaciones, por seguridad.

Según destacó el Cuerpo, una de las particularidades de este procedimiento de emergencia, declarado de interés general, es precisamente la rapidez en la que tiene que iniciarse. Todos los gastos relativos a las obras de demolición y construcción serán asumidos por la Administración central en el marco, precisamente, del expediente de emergencia.

En un año deberá estar todo derribado, para después comenzar a levantar lo que será el nuevo acuartelamiento, según explicaron fuentes cercanas a la empresa Eneas SA, que es la empresa que se encarga de la derribo y el traslado de los escombros. También será la encargada de la construcción de los nuevos edificios del complejo.

Para asegurar las labores y que los agentes que aún trabajan allí desempeñen su labor bajo las medidas de seguridad más estrictas, la empresa ha delimitado las zonas de obras con vallas metálicas. Los camiones llegan cada cierto tiempo, cargan escombros y se los llevan a un gestor autorizado.

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