Un juzgado de Cartagena investiga la posible vulneración de derechos de la oposición en la tarifa del agua
La Fiscalía atiende la demanda presentada por MC y Vox y señala la falta de un informe en el expediente que el equipo de gobierno llevó al Pleno
El Juzgado de lo Contencioso Administrativo 1 de Cartagena ha admitido a trámite una demanda de los concejales de MC Jesús Giménez Gallo y José ... López y de Vox Gonzalo Abad por una presunta vulneración del derecho fundamental a la participación política por parte del Ayuntamiento en el Pleno del pasado 12 de septiembre, en el punto relativo la modificación de las tarifas del servicio municipal de aguas.
La magistrada Dolores Sánchez ha acordado solicitar al Consistorio el expediente completo y otras diligencias, entre ellas la declaración como testigo de la concejal portavoz del Grupo Municipal Unidas Podemos-IU-Equo, Leli García, el 31 de enero, a propuesta de los demandantes. García forma parte, como ellos, de la oposición al Ejecutivo de PP, Ciudadanos y concejales no adscritos y que participó en la citada sesión plenaria.
En un auto dictado el 30 de diciembre, al que ha tenido acceso LA VERDAD, la jueza menciona la existencia de un escrito de la Fiscalía. En ese documento, fechado el 23 de diciembre, el fiscal Orencio Cerezuela considera «vulnerado el derecho fundamental alegado» por los ediles, porque el expediente no incluyó el «informe de la Comisión de Seguimiento de la concesión administrativa de los servicios de abastecimiento de agua» a Hidrogea.
El fiscal recuerda que, según la doctrina del Tribunal Supremo, el derecho de los concejales a acceder a los expedientes y documentos «no puede quedar condicionado a que se trate de asuntos a debatir por el Pleno municipal». Y todo ello, en virtud del artículo 23 de la Constitución Española.
Fuentes de la alcaldía, que dirige Noelia Arroyo, aseguraron que el Ayuntamiento no tiene constancia del auto judicial y sí de «una denuncia de MC que fue inadmitida en noviembre por el juez del Contencioso».
Giménez Gallo y Abad explicaron que las nuevas tarifas fueron aprobadas «de urgencia, en la convocatoria de la comisión de Infraestructuras y en el Pleno, sin justificación». Y precisaron que hubo «cuatro omisiones documentales y procedimentales». No hubo, indicaron, un informe económico sobre la propuesta de la concesionaria ni informes técnicos sobre las enmiendas de Abad.
Financiación de obras
Giménez añadió que «la tarifa se engordó en 10 millones de euros para incluir obras como la reforma de la Plaza Juan XXIII y la instalación de aseos, y supone una subida a la industria». Y avisó de que si la demanda fuera estimada, «las obras iniciadas quedarán sin soporte financiero y debería sufragarlas de su bolsillo quien las haya encargado» a Hidrogea.
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