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De ser una prioridad absoluta a dormir el sueño de los justos en el cajón de algún despacho oficial de Madrid. Así está el plan de reconstrucción de la casa cuartel de la Guardia Civil de Cartagena un año después de que concluyera la limpieza del solar de la calle Ángel Bruna, tras el derribo del último bloque afectado por la ruina en el complejo de oficinas y viviendas.
LA VERDAD ha preguntado en el último mes en distintas ocasiones al Ministerio del Interior y a la Dirección General de la Guardia Civil acerca de la situación del proyecto para levantar una nueva casa cuartel. No ha habido respuesta. Tampoco conocen avances ni el Ayuntamiento de Cartagena ni las asociaciones de guardias civiles que tratan de seguir de cerca este asunto.
La Dirección General de la Guardia Civil ordenó hace dos años el desalojo de todos los servicios ubicados en el acuartelamiento de la calle Ángel Bruna, así como el de sus cien viviendas debido a la situación de ruina detectada por sus servicios técnicos en diferentes inspecciones al recinto. En octubre de 2023, el Consejo de Ministros aprobó, a propuesta de Interior, la declaración de emergencia para la contratación de las obras de reconstrucción por importe de 31.956.070,04 euros y un plazo de 36 meses. Pero fechas más tarde, el Gobierno suspendió el contrato de emergencia y lo transformó en un procedimiento ordinario sujeto a una nueva tramitación y a obtener el presupuesto para la obra.
«De ese nuevo procedimiento ordinario nada se sabe en la Dirección General de la Guardia Civil ni en los diferentes estamentos del Ministerio del Interior, suponemos que estará olvidado en una maraña burocrática», indicó el responsable de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) en la Región, Juan García Montalbán.
Mientras tanto, añadió, las dependencias temporales del antiguo Colegio Antonio Arévalo, que albergan la mayoría de servicios de la compañía de Cartagena, se han convertido casi en definitivas y la adecuación realizada para estar allí alrededor de tres años es insuficiente. De hecho, dijo Montalbán, han ampliado espacios en una primera planta que inicialmente no iba a ser utilizada y hecho reparaciones de urgencia en la cubierta, pues cada vez que llueve hay goteras.
«Las autoridades políticas y la Dirección General de la Guardia Civil han abandonado a su suerte a los guardias civiles y a sus familias, desalojadas del cuartel de Ángel Bruna hace un año y medio», añadió el representante de AUGC.
Una de las pocas novedades conocidas por los guardias civiles destinados en Cartagena es que el Ministerio del Interior ha prorrogado hasta diciembre el contrato con el guardamuebles que custodia los enseres de las casi cien familias que vivían en la casa cuartel en el momento del desalojo. Hace unos meses le dieron de plazo hasta mayo. Después, cada familia tendría que afrontar los gastos de ese servicio. Pero la presión de AUGC hizo posible esa prórroga. Dicha asociación insiste en que Interior debe pagar ese servicio mientras los funcionarios no vuelvan a una vivienda en el cuartel.
«Lo justo y correcto es prorrogar el contrato del guardamuebles hasta la construcción y entrega del nuevo cuartel y no que los guardias civiles tengan que deshacerse, en la mayoría de los casos, de sus muebles y enseres», dijo el líder regional de AUGC, Juan García Montalbán, quien recordó que las familias ya fueron desalojadas de sus viviendas «con muy poca empatía» por parte de Interior.
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