El problema de la vivienda en Cartagena: una historia que se repite desde 1785

En aquel entonces, Cartagena vivía uno de los momentos más prósperos de su historia, con una economía floreciente basada en el comercio, la industria y la agricultura. Su puerto, uno de los más importantes del Mediterráneo, estaba constantemente lleno de embarcaciones nacionales y extranjeras que intercambiaban mercaderías, mientras que la ciudad era un punto clave en la producción y exportación de productos como salitre, esparto, barrilla, pieles y cereales. Esta prosperidad, sin embargo, también trajo consigo un incremento en la población, especialmente en la llegada de oficiales y trabajadores vinculados a las grandes obras de infraestructura que se llevaban a cabo en la ciudad.

Cartagena se encontraba en pleno proceso de fortificación, con la construcción del Arsenal Real, el Hospital de Marina, las murallas, los cuarteles, el presidio, los castillos y otros importantes edificios. Estas obras, que convertían a la ciudad en una de las plazas más inexpugnables de la costa mediterránea, atraían a una gran cantidad de personas que necesitaban alojamiento. Sin embargo, la cantidad de viviendas disponibles no era suficiente para albergar a la creciente población, lo que generaba un caos en el mercado de arrendamientos.

El Gobernador Político y Militar de la Plaza, José de Roxas, consciente de la gravedad de la situación, decidió comunicar a los Reales Consejeros la necesidad urgente de intervenir. La falta de soluciones por parte del Concejo local estaba llevando a los cartageneros a vivir una auténtica crisis de alojamiento. Las cuatro fondas existentes en la ciudad estaban desbordadas, y las posadas no daban abasto. Muchos propietarios de inmuebles estaban aprovechando la escasez de viviendas para aumentar los precios de los alquileres de manera desmesurada, y los particulares, al no encontrar alojamiento en condiciones, se veían obligados a pagar precios altísimos por habitaciones pequeñas.

El 5 de agosto de 1785, el Alcalde Mayor de la ciudad, don Lorenzo Mardones, leyó en un cabildo extraordinario una carta enviada por el fiscal de la Real Chancillería de Granada, don Francisco Antonio de Elizonde, que abordaba precisamente el tema de los alquileres desorbitados en Cartagena. En su carta, Elizonde preguntaba por qué no se habían tomado medidas para corregir esa situación y exigía una respuesta clara y contundente en un plazo máximo de quince días. Este requerimiento generó una gran preocupación en el Ayuntamiento, que decidió actuar con rapidez.

El Síndico General, encargado de redactar un informe sobre el asunto, convocó a los capitulares y a varios expertos en la materia, incluidos maestros alarifes y carpinteros, para abordar la cuestión. En pocos días, se redactó un informe que sentó las bases para regular los alquileres en Cartagena. El informe hacía una reflexión sobre la realidad de la ciudad: el incremento de los precios de los materiales de construcción, como el yeso, la cal, el ladrillo y la piedra, así como el aumento de los jornales de los obreros y las obras de fortificación que se estaban llevando a cabo, estaban influyendo en el coste de los alquileres.

El informe propuso que los alquileres no superaran el seis por ciento del valor de cada casa, una medida destinada a corregir el abuso de los propietarios, que aprovechaban su poder para imponer precios elevados. Además, se sugirió que se limitara el abuso por parte de los propietarios que, bajo el pretexto del dominio directo de las viviendas, solicitaban que los inquilinos abandonaran sus casas sin motivo justificado o bien pretendían aumentar el alquiler de forma arbitraria.

El Ayuntamiento aprobó el informe de manera unánime, y la propuesta fue enviada al Gobernador Político y Militar de la Plaza para que la transmitiera a la Chancillería de Granada. Sin embargo, no se recibió ninguna respuesta. Ante la falta de acción por parte de las autoridades superiores, los propietarios de inmuebles de la ciudad vieron en el silencio de la Chancillería una oportunidad para actuar a su favor. En un contexto de incertidumbre, comenzaron a construir nuevas viviendas con la esperanza de poder fijar los precios de los alquileres según su propio criterio.

El problema de la vivienda en Cartagena, lejos de ser un fenómeno aislado de su tiempo, sigue siendo una cuestión recurrente en la ciudad. Si bien las circunstancias han cambiado, la raíz del problema —no existir una oferta de viviendas acorde a la demanda— permanece. En muchos aspectos, los desafíos que enfrentaron los cartageneros en el siglo XVIII siguen siendo los mismos que afectan a la ciudad hoy en día: una falta de planificación urbanística adecuada, un mercado inmobiliario que se rige por intereses privados y la necesidad urgente de encontrar soluciones habitacionales para todos los ciudadanos.

Lo que nos enseña la historia de Cartagena es que, a pesar de los avances y de los intentos de regular la situación, el acceso a la vivienda sigue siendo un desafío constante. La ciudad ha evolucionado, pero la historia de los problemas de vivienda parece seguir su curso, como una lección que, lamentablemente, no hemos sabido aprender del todo.