La Fiscalía rechaza que se juzgue a Sabic hasta aclarar si ha vertido metales a un acuífero en Cartagena
Se opone a procesar esta empresa y a otra ubicada en la factoría de plásticos de La Aljorra mientras un informe oficial no detecte descargas contaminantes
La causa penal abierta contra Sabic y Energyworks por su presunta responsabilidad en la contaminación de un acuífero en La Aljorra por el vertido de ... metales pesados y en los daños a la salud de un vecino por la emisión de partículas nocivas a la atmósfera ha vuelto a sacar a la luz las discrepancias entre el juzgado que impulsa las diligencias y la Fiscalía. La decisión del titular del Juzgado de Instrucción 4 de Cartagena de iniciar el camino para sentar en el banquillo a esas dos empresas, en principio por un presunto delito contra el medio ambiente, ha sido contestada por el Ministerio Fiscal con un escrito donde solicita practicar una nueva diligencia. Considera que no está agotada la investigación.
Según confirmaron a LA VERDAD fuentes de la Fiscalía de Área de Cartagena, en un escrito el fiscal encargado del caso viene a exponer su criterio de que, en este momento, no hay indicios suficientes para llevar a juicio a las compañías responsables del complejo industrial de producción de plásticos de última generación. Y recuerda que falta por aportarse a la causa un informe encargado a la Fiscalía por el propio magistrado para solventar dudas respecto al impacto ambiental de las actividades de incineración y coincineración de residuos que se realizan en esta planta industrial.
El Ministerio Público recuerda que el juez instó en octubre de 2022 a que la Unidad Técnica de Medio Ambiente de la Fiscalía General del Estado evacuara un dictamen de expertos en geología para aclarar dos cuestiones: «si los metales son de origen natural o de acción humana; y si su existencia es susceptible de causar un daño sustancial al agua, las plantas, los animales y las personas».
El magistrado recuerda que en 2005 no había sustancias químicas y dice que la Fiscalía ya apuntó a que proceden de la fábrica
Para la Fiscalía, no son válidas las razones expuestas por el magistrado en su auto de apertura de procedimiento abreviado que dictó en mayo pasado. En él, explicó que pasa el tiempo y que la Fiscalía no aporta el informe y que Sabic y Energyworks no colaboran con aquélla y y con el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona) para culminar la investigación.
¿Un origen «natural»?
El instructor señala, asimismo, que a pesar de no disponerse de datos sobre tres de los siete piezómetros de control de la fábrica, informes previos de la Unidad Técnica y actas de inspección de la Comunidad Autónoma incriminan a las mercantiles. Según el magistrado, ambas empresas «habrían podido verter, al menos durante los años 2014, 2015 y 2016, así como 2021, a las aguas subterráneas concentraciones muy elevadas de cromo, manganeso, magnesio, hierro, níquel y plomo».
También indicó que las analíticas del año 2005 mostraban la ausencia de metales en las aguas. Y calificó de «inconsistente» desde el punto de vista científico que la Fiscalía General del Estado respalde «con matices» la postura de las firmas investigadas.
Esta compañía desvincula cualquier presencia de agentes contaminantes en el agua a la actividad de la factoría y sostiene que «el subsuelo del emplazamiento presenta concentraciones de metales de forma natural». También defiende que es «altamente probable que estos metales estén presentes de forma intrínseca en la composición del acuífero», por lo que pide el archivo de la causa.
El instructor de las diligencias también señaló que Sabic y de Energyworks omitieron sus obligaciones de «control» de las emisiones a la atmósfera y la Autorización Ambiental Integrada de la Comunidad Autónoma. Y encamina también a juicio a estas dos sociedades por los posibles perjuicios sufridos por un vecino, que presentó una denuncia contra las mercantiles en 2018 por «haber sufrido patologías tales como cefaleas». El denunciante, que ejerce la acusación particular a través del abogado José Manuel Muñoz Ortín, reclama una indemnización por daños y perjuicios.
Ecologistas en Acción exige medidas a la CHS y esta guarda silencio
Ya en abril del año 2022, el juez instructor afirmó que las concentraciones de metales pesados en el acuífero hacían necesaria su «descontaminación», por un «riesgo inaceptable» para el medio ambiente y para la salud pública. La asociación Ecologistas en Acción se dirigió a la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), para solicitar que abriera un expediente sancionador e impulsar la restauración de esta masa de agua subterránea. Tanto entonces como en las últimas semanas, LA VERDAD ha pedido información a la Confederación, cuyo presidente es Mario Urrea, sobre su gestión de este asunto, pero no ha habido respuesta. La CHS pertenece al Ministerio para la Transición Ecológica.
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