Los directivos de Portmán Golf niegan negociaciones con la Comunidad sobre la balsa Jenny

Los principales directivos de la empresa Portmán Golf negaron este miércoles en el juzgado que investiga el llamado 'caso balsa Jenny' haber mantenido negociaciones con el Gobierno regional, en la etapa de Ramón Luis Valcárcel, para beneficiarse de algún modo del traslado forzoso de los residuos mineros que amenazaban con sepultar el pueblo de Llano del Beal hasta otra parcela de esta misma compañía. Asimismo, afirmaron que se limitaron a seguir las indicaciones de la Administración y de los técnicos de la empresa respecto al millón de toneladas retirado.

Siete responsables de la sociedad, incluidos los conocidos empresarios cartageneros Alfonso García y Mariano Roca, así como varios hijos y otros familiares de estos, declararon como imputados en el Juzgado de Instrucción 4 por un presunto delito contra los recursos naturales y el medio ambiente. En la causa actúa como denunciante la Fiscalía y como acusación particular, la asociación Ecologistas en Acción.

Según fuentes conocedoras del expediente, los investigados aseguraron que la empresa se limitó a seguir las indicaciones de la Comunidad Autónoma. Esta, indicaron, resolvió realizar el transporte en el año 2005 de los restos con metales pesados hasta la corta Los Blancos II, situada a solo 700 metros del emplazamiento original, y el ritmo de sellado y restauración ambiental en la segunda finca. Agregaron que, según la Comunidad, la corta minera de destino en esta diputación del municipio de Cartagena estaba impermeabilizada.

De esta forma, los ejecutivos de la compañía contradijeron la versión que ofreció, el pasado mes de marzo, el exgerente de la mercantil Miguel Martínez. Éste afirmó que en el año 2003 hubo negociaciones para buscar una solución a la balsa Jenny, y que en estas participaron Valcárcel y los integrantes del Consejo de Administración de Portmán Golf Alfonso García y su hijo Antonio, y Mariano Roca y su hijo, Mariano Roca Inglés.

El antiguo representante legal de la sociedad minera explicó que él solo se encargaba de mantener el contacto formal con la Comunidad y que desconocía el contenido concreto de las conversaciones y si en ellas participaron el consejero Antonio Cerdá y su secretaria general, María José Sánchez.

Los terrenos originales de la balsa Jenny fueron cedidos de forma gratuita a la Comunidad, aunque el movimiento de un millón de toneladas costó 6,5 millones de euros, pagados a partes iguales por la Comunidad y el Ministerio de Medio Ambiente. Las obras las hizo la empresa estatal Tragsa. A Portmán Golf le correspondía impermeabilizar la corta minera de destino, Los Blancos II, pero según informes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil y de la Fiscalía General del Estado no empezó a hacerlo hasta el año 2015, pese a la elevada toxicidad de los residuos.

Según las fuentes consultadas, los investigados -que rechazaron contestar a las preguntas de la acusación particular- afirmaron que no levantaron actas de los consejos de administración, por tratarse de una empresa familiar.

Además, su abogado reclamó el archivo de las actuaciones, sobre la base de un informe del Instituto Geológico y Minero de España y otro de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) que, según dijo, descartan arrastres mineros al acuífero y al Mar Menor por problemas de sellado, como sí sostuvo que ha ocurrido la Guardia Civil.

Además, Alfonso García indicó que la entrega sin coste de la parcela original se hizo con la idea de que Llano del Beal tuviera zonas verdes. Además, Antonio García indicó que él llevaba la parte inmobiliaria de la empresa y Mariano Roca Inglés, que a él le correspondía la agrícola.