El cobro de 15 millones del IBI a varias entidades del Estado se enquista y acaba en los juzgados

La reciente aceptación a trámite de un recurso de Navantia Cartagena por parte del Tribunal Supremo ha sacado a la luz que esta empresa de construcción naval acumula cerca de 1,9 millones de euros en recibos de la 'contribución' municipal pendientes de abono. La mercantil, adscrita a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), rechaza el pago de siete anualidades de este impuesto, a razón de 269.000 euros cada uno, según datos facilitados a LA VERDAD por la Concejalía de Hacienda.

Los responsables del astillero reclaman la exención del tributo relativo a la Factoría Naval y a la Fábrica de Motores, al entender que estas instalaciones están vinculadas a la defensa nacional. Las autoridades municipales entienden, sin embargo, que esos centros de trabajo se usan para actividades comerciales y que, por lo tanto, son objeto de compensación al municipio por la ocupación de suelo.

Según las fuentes consultadas, el Supremo ha dado de plazo hasta el 18 de febrero para que la administración local presente sus alegaciones en el pleito. El tribunal resolverá si mantiene, modifica en parte o anula la sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Región de Murcia que dio la razón al Consistorio, en junio de 2020. Navantia sostiene que están libres del IBI aquellos bienes donde «está cedido su uso a una empresa, en virtud de concesión administrativa u otro título que comprenda la posesión».

En todo caso, en la 'bola' de deuda acumulada en el Ayuntamiento destaca que el Ministerio de Defensa adeuda 8,8 millones de euros, de los que 3,3 corresponden a intereses de demora, recargos de apremio y costas. Fuentes del Organismo Autónomo de Gestión Recaudatoria (Oagrc) del Ayuntamiento explicaron que los impagos afectan a decenas de inmuebles y que los recibos datan del año 1999 en adelante.

Esta entidad municipal, que depende de la concejal de Hacienda, Esperanza Nieto (del PP), solicita al ministerio que dirige la socialista Margarita Robles el abono por edificios militares que considera no afectos a la defensa nacional. Es el caso de la Factoría de Subsistencias de la Armada, situada en la Avenida Reina Victoria; las baterías de costa de Cenizas, Trincabotijas y La Parajola; y edificios y locales situados en las calles del Aire, Serreta y General Ordóñez, en la Plaza San Sebastián y en la subida al faro de Cabo de Palos. También hay activas reclamaciones del IBI por inmuebles ubicados en Perín, Tentegorra, Santa Ana, La Palma, el Paseo del Muelle, Los Mateos y otros lugares repartidos por el término municipal de Cartagena.

Años atrás, el Ministerio presentó recursos judiciales pero los perdió. Ahora, una de las dificultades que se encuentra la hacienda municipal, que prefiere evitar pleitos, es que sus órdenes de embargo carecen de efecto en la práctica. Cuando Defensa subasta un bien, la institución municipal trata de saldar la deuda con cargo a los ingresos generados por esa venta de patrimonio militar. Pero el Registro de la Propiedad rechaza ese intento del Consistorio, porque esa enajenación por subasta se realiza a través de un organismo autónomo, el Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa (Invied), previa transmisión del bien por parte de Defensa. De esta forma, el Gobierno central no paga el IBI, esquiva los embargos y obtiene ingresos.

En la actualidad, subasta un local de 403 metros cuadrados en la calle Mayor, por 301.097,07 euros. Es una operación polémica, porque hasta hace unos meses Defensa negoció vender la Factoría de la Armada al Ayuntamiento, para que éste la cediera al Ministerio de Justicia y construir en ella la Ciudad de la Justicia. La controversia obedece a que la Administración General del Estado tiene edificios, pisos y locales vacíos en Cartagena, pero no les da uso mediante acuerdos entre ministerios y empresas públicas o los vende.

Fuentes de Navantia indicaron que «hay una sentencia del Tribunal Supremo de septiembre de 2020 que establece que los inmuebles están exentos del IBI siempre que sean propiedad del Estado y estén afectos a la defensa nacional, con independencia de si los mismos son utilizados directamente por el Estado o por una empresa pública». Estas fuentes añadieron que «esta sentencia es fruto de un recurso de casación que presentó Navantia tras una decisión del Tribunal Superior de Justicia de Galicia (TSXG), con el fin de que el Supremo unificase doctrina».

Por último, comentaron que «de lo que se trata es de que se reconozca que el bien inmueble en que se asienta el astillero es del Estado y afecto a la Defensa Nacional, y por ello está exento del IBI, como dice expresamente la ley de Haciendas locales. Con su sentencia de septiembre el Supremo ha sentado jurisprudencia», cocluyeron.

Por último, la entidad estatal de suelo Sepes ha llevado al terreno judicial la reclamación municipal de unos 5 millones de euros por unos terrenos del polígono industrial Los Camachos. Las discrepancias se refieren a unas parcelas que, eso sí, están fuera del sector reservado para la Zona de Actividades Logísticas (ZAL). Sepes entiende que está exenta del pago en virtud de un convenio de colaboración con el Ayuntamiento para el desarrollo de Los Camachos.