El Ayuntamiento de Cartagena paraliza el proyecto Novo Carthago hasta que la Justicia se pronuncie

El concejal de Urbanismo, Francisco Aznar, se lo dejó claro en marzo a los representantes del Banco Santander, propietario de parte de los terrenos tras la ejecución de varios préstamos hipotecarios de la promotora Hansa Urbana: cualquier intento de reactivar el proyecto de urbanización Novo Carthago será frenado, mientras la Justicia tenga abierta alguna causa por presunta corrupción. Dos meses después, el edil ha hecho valer su aviso. Aznar sacó adelante en la Junta de Gobierno Local, ayer, una propuesta de suspensión de los trámites administrativos instados por Hansa para poder construir un residencial con 6.000 viviendas y un campo de golf en San Ginés de la Jara, a orillas del Mar Menor.

La Junta, presidida por la alcaldesa, Ana Belén Castejón, e integrada por los seis concejales del PSOE en el Ayuntamiento de Cartagena, dio su visto bueno a detener el expediente de aprobación del «proyecto de reparcelación de la unidad de actuación única sector SG-1, San Ginés de la Jara, en tanto persistan» las actuaciones seguidas por el Juzgado de Instrucción 2 de Murcia. Este órgano tiene imputados a varios funcionarios y políticos del Ayuntamiento y de la Comunidad Autónoma -entre ellos un exconcejal y tres exconsejeros del PP-, por la presunta recalificación ilegal de terrenos protegidos junto a la laguna salada y el humedal de Lo Poyo. Se espera que la juez, Miriam Marín, inicie en breve la fase previa al juicio oral.

El fiscal lo apuntó en 2017

En febrero del año pasado, tras una visita de directivos de Hansa al entonces alcalde y concejal de Urbanismo, el edil de MC José López, para reactivar el complejo, Castejón y el también concejal socialista Juan Pedro Torralba solicitaron a la magistrada que ordenara la paralización cautelar del trámite urbanístico.

En respuesta a estos ediles, personados en el procedimiento penal como acusación particular, Marín y la Fiscalía argumentaron que lo que se planteaba era «una petición de suspensión genérica, extensiva a todo el desarrollo del Plan Parcial SG-1», a pesar de que en el proceso penal la protección se limita al Espacio Natural Paisajes Abiertos e Islas del Mar Menor y los suelos de Regadíos de Miramar. Las medidas provisionales, dejó clara la Justicia, solo pueden referirse a los actos urbanísticos que afecten «directamente» a las zonas protegidas; y, en este caso, no se había indicado que se hubiera «concedido ninguna licencia» o que estuviera prevista ninguna actuación urbanística en este terreno protegido».

En todo caso, el fiscal especial anticorrupción, Juan Pablo Lozano Lozano, en el informe previo solicitado por la juez, dejó una puerta abierta, al precisar que nada impedía al Consistorio denegar permisos de forma provisional a la empresa alicantina. Dio dos razones: una, que la sentencia penal podría anular toda la tramitación administrativa; y dos, que, tras la anulación del Plan General de 2012 por el Tribunal Supremo -rige el de 1987 al no haberse aprobado uno nuevo-, el proyecto solo está sostenido en una recalificación aparentemente ilegal.

Castejón, que por entonces era vicealcaldesa y concejal de Estrategia Económica, se agarró entonces a esa postura del fiscal y anunció que iba a pedir un dictamen a los servicios jurídicos municipales, para que fuera el propio Consistorio quien bloqueara la tramitación. Sin embargo, en medio de una fuerte polémica con López, quien advirtió de que suspender el trámite sería prevaricar y defendió como compatible conservar los valores naturales y levantar una urbanización que crearía muchos empleos, Castejón no llegó a realizar la consulta.

Quince meses después, y al cabo de dos desde que Hansa presentó en la Concejalía de Urbanismo un nuevo proyecto de reparcelación -el anterior fue anulado por el Tribunal Superior de Justicia en 2013 por no haberse tenido en cuenta los derechos de una comunidad de regantes-, la alcaldesa y su Ejecutivo han movido ficha. Apoyados en un informe del jefe de la Asesoría Jurídica Municipal, Francisco Pagán Martín-Portugués, el equipo de gobierno ha frenado a Hansa. Y, según confirmó a 'La Verdad' Aznar, tras ganar así tiempo para que el procedimiento no avance, en el caso de que Hansa presente un recurso administrativo y luego otro en los tribunales, el Ayuntamiento se dirigirá a la jueza para invocar una «cuestión de prejudicialidad» penal: es decir, que sea la magistrada, esta vez sí sobre la base de una nueva solicitud de Hansa, que retoma su proyecto al cabo de cinco años, dicte la suspensión a la espera de juicio.

El dictamen jurídico, solicitado el jueves por Aznar tras varias semanas de dudas y en medio de la presión a Castejón por parte de la Asociación de Naturalistas del Sureste (ANSE), también acusación particular en la causa, deja claro que el hecho de que el juzgado investigue presuntas anomalías en la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana 113 es «una cuestión que no puede ser soslayada». El motivo es «la influencia que el proceso penal ejercerá, sin duda, en el procedimiento administrativo».

«Si hay disconformidad con la actuación urbanística ejecutada, la decisión penal influirá totalmente en la administrativa», advierte el abogado jefe municipal. Alude así, coincidiendo con el fiscal, a que un vicio de origen en los trámites de reclasificación del suelo, iniciados en 2003 y finalizados en 2006, podría llevar a la declaración de nulidad de todo el procedimiento administrativo.

«La suspensión se realiza por prudencia administrativa y para evitar las indemnizaciones millonarias que, en su caso, podría acarrear una anulación de la modificación del Plan por parte de los tribunales», subrayó el Ejecutivo local en un comunicado.

En declaraciones a 'La Verdad', el gabinete de Castejón puso de relieve el papel de ésta: «La alcaldesa ya anunció el 1 de marzo que no iba a reactivar Novo Carthago, que no impulsaría ninguna actuación urbanística en el entorno del Mar Menor fuera de casco urbano. Y el 2 marzo se comunicó a Hansa que si pretendía seguir con el proyecto, el Ayuntamiento trataría por todos los medios de paralizarlo». Estas fuentes recordaron que la regidora, quien también es secretaria general del PSOE en Cartagena, impulsó la propuesta de moratoria urbanística en la Asamblea Regional, por parte del PSOE», y que en marzo defendió» lo mismo en el Parlamento. El Gobierno regional, del PP, ha hecho oídos sordos a la petición de socialistas, Ciudadanos y Podemos.