Carolina Olivares: «La prestación universal por crianza ya ha mostrado su eficacia en muchos países»

–¿En qué ha centrado sus esfuerzos estos primeros meses?

–Tuvimos la comparecencia en el mes de marzo en la Asamblea Regional, donde tuvimos la oportunidad de exponer a todos los grupos parlamentarios cuáles son los datos que manejamos respecto a la infancia y las recomendaciones para mejorarlos. También hemos avanzado en participación infantil, con el encuentro de consejos de participación infantil que se celebró en Alcantarilla, y nos hemos implicado junto al Gobierno regional y otras entidades sociales en la nueva Ley de Infancia que se va a aprobar en la Región de Murcia, participando en los talleres que se han organizado para aportar nuestro punto de vista para mejorar y hacer una ley lo más completa posible, entre otras cosas.

–¿Qué aportará esa nueva ley de infancia?

–Esperamos que sea una ley preventiva. La anterior se dedicaba especialmente a la gestión del sistema de protección, pero nosotros entendemos que toda ley de infancia debe tener un carácter preventivo, que debe atender a una formación integral y avanzar hacia una mayor protección, donde se ponga en el centro el cumplimiento del ejercicio de los derechos de todos los niños y las niñas de la Región de Murcia.

–¿Cómo valora la evolución de la situación de la pobreza infantil en la Región? Hay indicadores que han mejorado, pero ¿se están realizando los esfuerzos con la intensidad que consideran necesaria por parte de las administraciones?

–Es cierto que los datos están mejorando, pero aún estamos en un 38,8% de niños y niñas en esta situación. Lo que queda por hacer es muchísimo. Valoramos que se mejoren los datos y que haya planes y herramientas, pero las administraciones deben utilizar todas las disponibles. No podemos complacernos en que han mejorado los datos, porque la situación de partida en la Región de Murcia es bastante mala.

–Por otro lado, crecen los menores en peor situación. Casi el 16% de la población de menos de 18 años está en pobreza infantil, tras empeorar más de un punto y medio en un año. Son unos 46.000 niños y adolescentes. ¿Qué está fallando?

–Creo que la coordinación entre las administraciones es fundamental para mejorar estos datos. Tenemos herramientas como el Ingreso Mínimo Vital y la Renta Básica de Inserción. Como hemos visto en estos días, la aplicación de esa renta básica se ha visto disminuida de forma alarmante por la aplicación del Ingreso Mínimo Vital. Es decir, que se presentan como prestaciones subsidiarias cuando deberían ser complementarias. Creo que no podemos desaprovechar la ocasión de que todos los recursos que tiene la administración vayan destinados a luchar contra la pobreza infantil. Desde Unicef siempre hemos recomendado a las administraciones públicas, sobre todo la Comunidad autónoma, que es la competente en materia de Renta Básica de Inserción, que utilicen este presupuesto para avanzar en ese objetivo.

–El Gobierno nacional ha presentado su nueva estrategia contra la pobreza hasta 2030, y una de las medidas en las que más ha incidido el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, ha sido la creación de una prestación universal por crianza de 200 euros al mes. De salir adelante, ¿qué impacto cree que puede tener en la pobreza infantil?

–Es una prestación que parece muy novedosa, pero que ya ha mostrado su efectividad en muchos países de nuestro entorno. Consideramos que es una medida muy positiva. La recomendación de Unicef siempre ha ido en esta línea. Además el Consejo Económico Social, en su informe de 2024 sobre derechos, condiciones de vida y atención a la infancia, establecía entre sus recomendaciones un paraguas del sistema de protección de las prestaciones, de manera que una no impida la aplicación de la otra. Es decir, se puede hablar de prestaciones de carácter universal de apoyo a la crianza, y que estas puedan convivir con las ayudas fiscales que ya se están desarrollando y también con otras específicas para familias con hijos que están en una situación de mayor riesgo. Estas prestaciones no hacen más que ampliar nuestro estado del bienestar. Aunque todavía no se ha aprobado y hay que pasarla a los Presupuestos.

–Otra de las cuestiones que se marcan como prioritarias a la hora de salvar los lastres económicos de las familias vulnerables es la intervención del mercado de la vivienda. ¿Es partidaria de este tipo de actuaciones?

–No concretamos qué medidas específicas se deben adoptar en materia de vivienda. Lo que está claro es que este es un problema que agudiza la pobreza en nuestra Región y en nuestro país. Los alquileres son muy elevados, y no todo el mundo puede acceder a una vivienda, e incluso quienes lo consiguen llegan a unas viviendas muy precarias, esto implica unos riesgos para los niños y las niñas que viven en ellas. Entendemos que debe haber un aumento del número de viviendas públicas de nuestro país, que es de solo el 2,5% cuando la Unión Europea es más del 9%. Eso es fundamental. Y también tenemos que tener estudios para saber dónde están las viviendas donde viven los niños y en qué situación se encuentran para que se puedan adoptar medidas eficaces.

–Se aboga también por un Pacto de Estado contra la pobreza infantil. Con un clima político como el actual, ¿lo ve posible?

–Todos echamos en falta esos grandes pactos de Estado en los que todos los grupos parlamentarios se ponían de acuerdo para atajar los grandes problemas de nuestro país y de nuestra Región. Creo que es posible si hay voluntad política, pero se debe trabajar mucho. Todos estarán de acuerdo en que los niveles de pobreza que tenemos son remediables y hay que trabajar para mejorarlos, igual que en otros muchos temas que afectan a la infancia, como la salud mental o la protección de aquellos menores extranjeros que vienen de una situación terrible y llegan a nuestro país.

–Justo este jueves se anunciaba un acuerdo entre Canarias y el Gobierno central para intentar poner en marcha un reparto extraordinario de los menores no acompañados. La Región de Murcia ya ha mostrado su oposición.

–La solidaridad entre los territorios es fundamental para abordar todos los problemas de la infancia. Si nosotros pedimos solidaridad en otros asuntos, creo que en temas de infancia se debe aplicar de manera más urgente. No es ya un tema a nivel nacional o regional, es una cuestión de derechos humanos y de cumplir con las obligaciones que como miembros de la comunidad internacional hemos firmado y a la que nos hemos comprometido.

–Aparte de esta medida puntual, el Ministerio intenta abordar una modificación de la Ley de Extranjería para que haya un reparto obligatorio de estos menores entre las regiones. ¿Son partidarios de este mecanismo?

–Sí, somos partidarios de este mecanismo. Hay comunidades autónomas que han llegado a un total desbordamiento, como es en este caso Canarias. Y se trata de niños. Una vez que están en nuestro territorio, las administraciones públicas son las competentes en proteger y poner en marcha todos sus servicios esenciales para cubrir las necesidades que tengan. Los niños no entienden de luchas políticas. Si una comunidad autónoma se ve desbordada, las demás tenemos que compartir esa protección, porque todos llegan a territorio español.

–Tenemos ya algunos datos sobre el impacto de la prohibición de los teléfonos móviles en las aulas: el ciberacoso ha caído casi un 73%. ¿Es el acceso temprano a internet en los menores un problema en sí mismo?

–Internet es un mundo abierto con muchas posibilidades: unas buenas y otras no tanto. Ayuda a los profesores y a los alumnos a mejorar la educación, porque es una herramienta muy buena para adquirir conocimientos y competencias, pero también se puede utilizar, y de hecho se utiliza, para estas situaciones de abusos. Las familias deben tener un control sobre los contenidos a los que acceden sus hijos, se pueden establecer barreras para que no puedan acceder a determinados contenidos o establecer una limitación del tiempo que le dedican a la red. Aunque la utilización de los mecanismos también se debe hacer con precaución, porque para los menores, internet es también un elemento de socialización.

–También parece que la tecnología genera algunos problemas de relación de los menores con el sexo. Preocupan los roles procedentes del acceso a la pornografía o la aparición de herramientas de Inteligencia Artificial que se han utilizado en ocasiones para crear contenido que sexualiza a otros compañeros de clase. ¿Cómo se puede poner coto a esto?

–Es difícil. Creemos que es fundamental la educación y la sensibilización, que ellos entiendan que debe existir el respeto entre todos, que no se pueden utilizar estos medios, porque además esto trae consigo graves problemas de salud mental que luego son muy difíciles de abordar.

–Desde la pandemia, estos se han disparado. El número de expedientes abiertos en centros educativos por ideas autolíticas o suicidas, por ejemplo, es ahora 7 veces mayor que en 2019.

–Los datos están ahí. Hay un aumento de los casos intervenidos y, además, la edad a la que ocurren también ha disminuido, así como crecen la adicción a las tecnologías y los problemas relacionados con trastornos alimenticios. Esto lo que nos exige es, sobre todo, tener unos servicios esenciales fuertes y una atención primaria dotada con más profesionales para que se pueda hacer una atención individualizada y más efectiva.

–¿En qué tenemos que seguir avanzando en el ámbito educativo regional?

–Tenemos unas tasas muy altas de abandono escolar temprano que no podemos permitir. Estamos hablando de niños y niñas que no terminan su educación o que, una vez que termina su educación obligatoria, no siguen avanzando para poder alcanzar en un futuro un trabajo que les permita vivir con cierta seguridad. Creemos que se deben adoptar medidas al respecto, así como universalizar la educación de 0 a 3 años. Es cierto que se ha ampliado en 2024 con 7.500 plazas, pero se debe tender a la universalidad de estas medidas, porque la educación es una herramienta muy efectiva para atajar la pobreza infantil.

–¿Qué otros deberes le pondría al Gobierno regional?

–Le pondría una única tarea: establecer una estrategia regional de infancia y adolescencia que englobe medidas para atajar todas estas problemáticas de las que hemos estado hablando y que, por supuesto, la dote de un presupuesto adecuado para que se lleven a cabo, así como hacer un seguimiento y un control a través de estudios para medir su eficacia con indicadores, y siempre contando con los niños y niñas de la Región de Murcia.